Todavía no se oficializó y ya despertó polémica. Se trata de la medida que adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, que busca desregular el uso de dólares ahorrados, incluso fuera del sistema financiero, para adquirir bienes sin restricciones ni justificativos de fondos, y que llegaría en las próximas semanas.
Según detalló el propio titular del Palacio de Hacienda, la idea es que las personas que poseen esas divisas puedan usarlas para hacer compras en distintos rubros, como electrodomésticos, autos, inmuebles o terrenos, sin tener que dar explicaciones sobre el origen de los fondos.
"La idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones. Necesitamos que empiecen a circular más los dólares. Y que no ocurra hoy tiene mucho que ver con las desregulaciones. Evidentemente, hay que hacer algo. Esto va a hacer que la gente esté mucho más proclive a sacar sus dólares de donde sea y gastarlos", explicó el ministro en el streaming La Casa.
Cabe remarcar que según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al cierre de 2024 los argentinos acumulaban casi u$s300.000 millones 'fuera del sistema', que es justamente a donde apuntaría esta nueva reglamentación, en la que ya se encuentra trabajando el Gobierno Nacional, ajustando la "letra chica" de una normativa que deberá abarcar cambios en tres organismos distintos: Banco Central (BCRA), Ministerio de Economía y ARCA.
Al momento de adelantar su llegada, algo que también hizo, aunque jugando a la incógnita, en la Expo EFI de la semana pasada, fue el propio ministro quien anticipó la polémica que, finalmente, terminaría generando esta medida. "Eso va a pasar siempre, porque del otro lado tenés gente que quiere que al país le vaya mal", aseguró.
Esto, en efecto, ocurrió, y no solo en el clásico análisis que suele surgir en las redes sociales ante un anuncio de tal magnitud, y que ocurre sin importar el color del frente político que esté a cargo del Ejecutivo o del presidente en funciones en la Casa Rosada, sino también por parte de expertos, analistas y economistas, quienes pusieron la lupa en esta suerte de "blanqueo encubierto".
Para muchos, esta medida puede catalogarse como tal, ya que, si finalmente se avanza en los términos que Caputo adelantó, las personas no sufrirían sanciones por obtener y usar esas divisas sin haber pagado impuestos en el proceso, algo que ocurre, por ejemplo, al comprar dólares en una cueva, lo cual hoy está prohibido por ley.
En la actualidad, y a raíz de las regulaciones bancarias y fiscales vigentes, si una persona realiza un gasto de monto 'no habitual', las entidades financieras (bancos y billeteras virtuales), los organismos o profesionales intervinientes, como los contadores, que son "sujetos obligados" bajo la Ley de Lavado de Dinero, deben emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera.
Cabe recordar, a su vez, que el próximo miércoles 7 de mayo finaliza la Etapa 3 del Régimen de Regularización de Activos impulsado por el Gobierno, también denominado "blanqueo de capitales", que permitió la exteriorización (en sus dos etapas anteriores) de aproximadamente u$s32.000 millones, poco más del 10% del total de divisas al que ahora apuntaría Caputo con esta, puede decirse, inminente medida.
El nuevo "blanqueo encubierto" de Caputo: ¿podría chocar con normas contra el lavado?
Todo esto lleva a un gran interrogante vinculado a la prevención del lavado de activos, un aspecto clave. Es que el Gobierno deberá, sin dudas, hilar fino al momento de definir la redacción de la normativa, para evitar publicar una disposición que, aunque tenga como objetivo alentar el consumo interno, incentivar el uso de dólares y remonetizar la economía con estas divisas, se convierta en un estímulo para el lavado de activos.
Respecto a esto último, para el economista y docente universitario Pablo Tigani, "el 'debajo del colchón' no es un propósito, sino una excusa", ya que, apuntó con dureza contra el Gobierno Nacional, "el verdadero incentivo son las 'bolsas negras de residuos'". "Si hace esto, va a crear una guarida para dinero proveniente de actividades ilícitas, destinada a blanquear fondos", sostuvo.
Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, el país logró mantenerse fuera de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Esto ocurrió, en parte, gracias a la aprobación de tres normas clave vinculadas a combatir estos flagelos, entre las que se incluyó la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Sin embargo, el GAFI realiza un monitoreo constante de los países miembro para evaluar el cumplimiento de sus recomendaciones, lo que incluye la revisión de nuevas normativas o medidas que pueda implementar un gobierno, en este caso el de Javier Milei.
Es que las normas que obligan a emitir un ROS ante movimientos sospechosos tienen carácter internacional y están vinculadas, precisamente, a recomendaciones del organismo. Por ende, una normativa que vaya en contramano de estas podría derivar en una ruptura por incumplimiento de las obligaciones del país ante el mismo.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, indicó a iProUP que "Argentina tiene varios compromisos con el GAFI para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo".
Es en base a esto que descartó la posibilidad de que, efectivamente, "se libere todo y que nadie pregunte de dónde vienen los dólares", como describió explícitamente Caputo al contar los pormenores de la medida por venir.
"Es decir, los controles de lavado y los sujetos obligados (bancos, billeteras, compañías de seguros, registros de la propiedad automotor, etc.) van a seguir existiendo", remarcó.
"Lo que se puede hacer es aumentar los límites para el análisis, pedir a los bancos que evalúen el riesgo de lavado de sus clientes mediante matrices de riesgo y reducir la exigencia de declaraciones juradas impositivas y documentación en general", agregó.
Por su parte, el analista de Research & Forecast Econométrica, Sebastián Cao, dijo a iProUP que "la UIF seguiría teniendo facultad para perseguir el delito de lavado de activos por operaciones vinculadas al terrorismo y narcotráfico, mientras se excluiría la evasión fiscal vinculada a operaciones legales no declaradas".
En caso de que así ocurra, aseveró, "sería ARCA la que no tendría intervención". Sin embargo, advirtió que, más allá de lo que indique la 'letra chica', que se conocerá en los próximos días, la polémica persistirá.
"A menos que se acuerde lo mismo con los organismos de recaudación provinciales y de la CABA, todavía quedaría el riesgo de que estos sí pretendan accionar legalmente por el delito de evasión de impuestos locales", expresa.
"Si no hacen un convenio con las agencias tributarias de cada jurisdicción, es posible que estas sí persigan la evasión fiscal de los tributos locales, lo que podría desalentar la utilización de esos dólares", concluyó.
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