Profesionales y Pymes siguen minuto a minuto un suceso clave en el Congreso. Las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), un instrumento ágil creado en 2017 para facilitar la formalización de los pequeños emprendedores, podrían llegar a su fin.
Desde la llegada de Alberto Fernández a la Rosada y de Ricardo Nissen a la Inspección General de Justicia (IGJ), el kirchnerismo comenzó a embestir a las SAS. Y su desaparición quedó lista para ser moneda de cambio con las provincias en la Cámara de Diputados.
Hace unos días, obtuvo dictamen de Comisión en la Cámara baja un proyecto que suspende su constitución por 180 días y fija una cantidad de requisitos para su creación y funcionamiento, después de haber obtenido media sanción hace ocho meses en el Senado.
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Ventajas de las SAS, que el kirchnerismo podría desarticular
Si bien el Frente de Todos no cuenta con los votos para aprobar este proyecto en el recinto de Diputados, el bloque que dirige Máximo Kirchner tiene ahora este tema en carpeta para negociar con las provincias cuando surja un proyecto de interés para el interior.
Es que distritos como Córdoba o Mendoza tienen una actividad registral de SAS muy importante y no quieren renunciar a su soberanía en esta materia, a los que las obligaría la ley.
En este sentido, el diputado Pablo Tonelli, del PRO, asegura a iProUP que si bien "el kirchnerismo todavía no tiene los votos necesarios, está buscando voluntades".
La pulseada por la normativa
Las SAS son una creación normativa de hace sólo cuatro años, ya que fueron instituidas en 2017 por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (LACE) con voto casi unánime en el Congreso.
Sin embargo, cuando Nissen desembarcó como titular de la IGJ comenzó a emitir resoluciones para cambiar la naturaleza de estas sociedades, que hasta el momento son totalmente digitales, se crean en 24 horas y resultan muy baratas.
Las resoluciones del funcionario terminaron en Tribunales tras un amparo presentado por la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA). Allí, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al funcionario, pero la Cámara Comercial falló a favor de la agrupación. La cuestión de competencia todavía está en la Corte Suprema de Justicia.
Ante este panorama controvertido, el senador kirchnerista Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley que en principio sólo tenía dos artículos y simplemente suspendía la constitución digital. Pero luego se complicó aún más. En tal sentido, el texto establece que para crear una SAS, el emprendedor deberá inscribirse antes en un Registro Especial a cargo de la Secretaría Pyme de la Nación.
"Este punto es rechazado por las provincias, cuyos empresarios deberían tramitar en una dependencia de Buenos Aires una sociedad que se inscribirá en Córdoba o en Salta", remarca a iProUP Alejandro Ramírez, de ASEA.
Además, para el kirchnerismo, no cualquiera es emprendedor, y en esto discrepa también Ramírez. "Para ellos, un panadero no es un emprendedor. Así, va a haber que pedir permiso para ser emprendedor en la Argentina", lamenta.
La defensa oficial
"Nosotros no queremos terminar con las SAS, sí mejorarlas", asegura Nissen a iProUP, pero aclara: "No queremos que las use alguien para alquilar el sillón del living cuando se va de vacaciones".
Según Nissen, "un emprendedor es una persona con inquietudes, que trasciende lo que está, alguien que mejora procesos, que inventa". El funcionario ejemplifica que no deberían organizarse como SAS "una peluquería o un kiosco".
"Si con $5.000 arman una sociedad no tienen una empresa, tienen unos papeles", remarca Nissen, quien califica de esta forma a las 637 nuevas SAS que informó el Registro Público de Córdoba para el primer trimestre de este año.
Además, el funcionario critica que esta modalidad "es muy barata, tiene un capital social muy bajo y los socios no responden sino como en una sociedad anónima. Así pueden perjudicar a terceros".
"Encontré SAS con casi nada de capital que después gasta u$s1 millón en un departamento en Avenida Libertador o una casa en Punta del Este. Las llamo sociedades pret a porté, listas para usar", ironiza Nissen.
De acuerdo con el funcionario, la IGJ ya recibió "este mes 150 oficios de distintos fueros, el laboral, el penal, el civil y comercial, en su mayoría para saber el domicilio cierto de SAS que pusieron como dirección, por ejemplo, una plaza. Es cosa de todos los días".
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Los emprendedores podrían volver a los trámites en papel si avanza la iniciativa oficial
Además, Nissen asegura que "son muy pocos los emprendedores que se quejaron. En su mayoría, son estudios jurídicos que tienen interés en su clientela de supuestos emprendedores, aunque muy pocos realmente lo son".
"Yo llamo a las SAS las sociedades offshore macristas: tienen tantos requisitos en sus contratos de constitución como un estatuto societario de Islas Vírgenes o Barbados", dispara el titular de IGJ.
Ante voces de muchos senadores y diputados que mostraron números que indican que la mayoría de los delitos en los que participaron sociedades fueron de SA o SRL, Nissen asegura que "eso es cosa del pasado. Ahora el narcotráfico, el lavado de dinero y la fuga de divisas pasa por las SAS".
Voces a favor de las SAS
Los diputados Karina Banfi (UCR) y Pablo Tonelli (PRO), quienes firmaron el dictamen de rechazo en Comisión del proyecto de Parrilli, afirman a iProUP que el proyecto apunta a la desaparición de estas sociedades.
"Las SAS dejarían de ser algo fácil, ágil, sencillo y con pocos papeles y se convertirán en un régimen societario más, bajo toda la burocracia de la IGJ y sujeto a los humores cambiantes de Nissen", lamenta Tonelli.
Por su parte, Banfi afirma que "es un despropósito. Dicen que es temporal, pero siempre que se votó en el Congreso algo por una emergencia, después se instaló como ley, como pasó con el Impuesto al Cheque".
"En la medida que el kirchnerismo siga gobernando, esta normativa sobre las SAS va a ser permanente", remarca la diputada, quien defiende el alto "nivel de transparencia que tienen las SAS por su propia estructura de acciones simplificada, que permite cumplir unos requisitos laxos al principio que se van regularizando con el tiempo".
Banfi lamenta que se pasará de estar todo digitalizado a volver al papel. "Esto conlleva discrecionalidad del funcionario de la IGJ que define cómo avanza o no el trámite de constitución de la sociedad", subraya la legisladora, quien señala que cuando es digital, una pantalla te dice que sigas a la otra.
"Así se ayuda a los intermediarios que habían perdido el negocio de facilitar y cobrar un peaje por facilitar algunos papeles por otra ventanilla", dispara Banfi. La diputada añade que "el principal propósito de esta ley es hacerle el juego a Nissen que no cree en las SAS" y defiende que la estructura permite la "formalizar la actividad de la empresa y contratar empleados blanqueados".
Respecto de la discusión sobre los presuntos delitos, Banfi insiste que llega a 0,03% las sociedades de este tipo denunciadas, porque "los delincuentes ya tienen aceitados los mecanismos con las SA y SRL. El lavado de dinero no se soluciona limitando un proceso que es ágil y transparente".
Las claves del proyecto
Los principales cambios que introduce el proyecto con dictamen de Comisión de la Cámara de Diputados a las SAS son los siguientes:
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Definición de emprendedor Pyme: establece que todas las SAS deberán ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un Registro Especial a cargo de la Secretaría Pyme, el cual se creará dentro de los 30 días corridos de aprobada la ley
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SAS ya constituidas: deberán acreditar la inscripción de sus socios emprendedores en el Registro
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Sanción de nulidad: a la constitución de SAS que no cumpla con su inscripción en el Registro antes indicado, careciendo de cualquier efecto saneatorio su registración
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Suspensión de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE): se prohíbe por 180 días corridos la constitución y todo otro trámite, que en CABA y otras provincias funcionaba a través de Trámites a Distancia (TAD)
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Fin de la digitalización: durante ese plazo, todo trámite deberá realizarse en soporte papel, con los recaudos propios de cada Registro Público. Dichas inscripciones se practicarán en el libro especial Sociedad por Acciones Simplificadas de cada distrito
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Traspaso de Registro: dispone, en el ámbito de CABA y provincias, el traslado inmediato del registro digital (administrado por el GDE y la Secretaría de Modernización) al libro que disponga la autoridad de control de cada jurisdicción
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La IGJ y los registros provinciales tendrán control de legalidad de las SAS al igual que lo tienen respecto de las Sociedades Anónimas
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Presentación de Estados Contables: las SAS que se encuentren inscriptas a la fecha de vigencia de la ley deberán presentar al Registro Público de su domicilio sus Estados Contables, a los que se les debe adjuntar la Memoria, que no está prevista para las SAS. Esta obligación corre respecto a los ejercicios económicos cerrados desde la fecha de su constitución
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La falta de cumplimiento de la obligación hará aplicable a los miembros de los órganos de administración y/o fiscalización, por cada estado contable omitido, la sanción de multa, con un monto máximo de $100.000
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Ley General de Sociedades: las SAS se regirán por sus disposiciones siempre que no se contradigan con esta norma. Así, se restringe la libertad de los socios para autorregularse y también se impide que esté integrada por un solo accionista
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Estatuto modelo: será dispuesto por cada órgano de control y sólo podrá registrarse una SAS en 24 horas cuando siga este modelo
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Limitaciones: quedan descartadas las sociedades sujetas a control estatal permanente ni vinculada en más de un 30% a este tipo de sociedades
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Calidad de Pyme: si fuera una sociedad sujeta a control estatal o perdiera la cualidad de Pyme, la SAS deberá transformarse en algún otro tipo societario en un plazo no mayor a seis meses. Durante ese período, los socios responderán frente a terceros en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria
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Ricardo Nissen cree que las SAS son vehículos para crear sociedades offshore
De este modo terminaría la pulseada entre Nissen y la Jefatura de Gabinete. El titular de la IGJ ya intentó llevarse el trámite de las SAS el año pasado, pero la Subsecretaría de Gobierno Abierto y Digitalización lo frenó para seguir manteniendo la inscripción de SAS bajo su órbita mediante el TAD, que es 100% digital. Ahora el Congreso zanjaría la discusión.
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