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Fin de las políticas no intervencionistas: el gran debate sobre la regulación de Internet

Fin de las políticas no intervencionistas: el gran debate sobre la regulación de Internet
Pablo Bello y Andrés Sastre, respectivamente CEO y Director Regional de ASIET, hablan sobre los cambios que hay que realizar para regular la internet
07.02.2019 13.06hs Innovación

“Si no regulamos Internet, el riesgo es eliminar los fundamentos de la democracia”. Emmanuel Macron. Presidente de la República de Francia.

Internet ha ocupado un papel central en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, desde la política y la economía, hasta el amor y la amistad. Estamos viviendo una era de transformaciones tecnológicas aceleradas, procesos de cambio en los paradigmas culturales y sociales, y profundas transformaciones productivas que marcan el devenir de una nueva era.

Ello tiene implicaciones tanto en la forma en la que las personas nos relacionamos e interactuamos entre nosotros, como en la configuración de nuestra subjetividad. La velocidad vertiginosa de la evolución tecnológica y la capacidad creativa e innovadora del ecosistema digital hacen difícil la adecuada comprensión de los fenómenos de transformación que vivimos. En ese contexto, sin embargo, es fundamental hacernos las preguntas necesarias y abordar las reflexiones centrales que nos permitan orientar la transformación tecnológica de la digitalización para que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el progreso de la humanidad.

Las revoluciones tecnológicas nunca son neutrales. Introducen efectos disruptivos que afectan los modelos productivos y ponen en tensión la arquitectura del orden social y económico. Producen “ganadores” y “perdedores”, con el evidente riesgo potencial de profundizar las desigualdades. La dinámica schumpeteriana es propia de todo proceso de disrupción tecnológica.

La novedad, en el contexto de la denominada “cuarta revolución industrial”, es que las respuestas políticas para mitigar las amenazas y potenciar las oportunidades derivadas de Internet, por la característica global y transfronteriza de la red, no se encuentran naturalmente en el diseño institucional del Estado-nación. Si la globalización ya había puesto en evidencia las limitaciones de los mecanismos institucionales en el ámbito de la soberanía nacional para construir ordenamientos capaces de conducir a las sociedades hacia el bienestar colectivo, con la ubicuidad de Internet y los nuevos paradigmas productivos esto se intensifica.

No se trata de hacer aquí una tesis sobre el auge de los populismos en el mundo occidental, pero tiene sentido pensar que si la democracia nacional pierde significado como consecuencia del debilitamiento de la eficacia de los instrumentos de intervención, proceso iniciado por la globalización (fundamentalmente financiera) y reforzado por el surgimiento de Internet, ello estimula la teatralidad de la política y la exuberancia de los discursos para llenar los vacíos de contenido real.

Subyace a esta discusión una evidente carrera de intereses geopolíticos derivados de la centralidad que tienen (y tendrán) las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la economía global, así como fenómenos más complejos de transferencia de riqueza a través de la explotación de los datos personales, el deterioro de la base tributaria o la forma de abordar el problema de las denominadas “noticias falsas”, y su evidente impacto pernicioso sobre las democracias.

Es por ello por lo que resulta tan relevante tratar de entender colectivamente los múltiples desafíos derivados de la digitalización y procurar encontrar respuestas que permitan conducir los procesos de transformación tecnológica hacia la maximización del beneficio colectivo. El Foro de Gobernanza de Internet (IGF, por sus siglas en inglés) estaba llamado a constituirse en ese espacio.

Sin embargo, las últimas ediciones del IGF no pasaron de ser encuentros de catarsis colectiva y de debates inconducentes, sin capacidad de ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos que enfrentamos. En ese contexto, el discurso del presidente francés. Emmanuel Macron, en noviembre de 2018, en la ceremonia inaugural del IGF en París, fue un refrescante llamado a recuperar con sentido de urgencia el debate sobre los desafíos de Internet, que sin duda tiene elementos técnicos, pero que son fundamentalmente políticos.

El discurso del presidente francés aportó una visión con marcado acento europeísta sobre la evolución de la economía y los desafíos del mundo digital, tratando de establecer una tercera vía en Internet, alejada tanto del autoritarismo como de la autorregulación de las grandes corporaciones tecnológicas. Apartada tanto del modelo chino, como del modelo californiano.

El “laissez faire, laissez paisser” que hasta la fecha había caracterizado a Internet debido, entre otras cosas, a su naturaleza transfronteriza y que por tanto dificulta la capacidad de los Estados de controlar lo que sucede en el mundo digital habría llegado a su fin, según Macron. En el eje de la discusión se encuentran el tratamiento de los datos y de la información en la red con sus implicaciones tanto personales en materia de privacidad, como financieras y de seguridad nacional, puestas en entredicho por escándalos como Wikileaks en su momento, o más recientemente el caso de Cambridge Analytica, entre otros.

En el plano económico, se plantea abordar con celeridad mecanismos para evitar el deterioro de la base recaudatoria derivada de la deslocalización de la “residencia fiscal”, preocupación compartida por muchos gobiernos y especialmente el francés, lo que afectará sobre todo a los denominados GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple).

Avanzar hacia una regulación razonable de la economía de datos requiere reconocer que la tributación no es equitativa en la red y que es necesario abordar cuestiones como las obligaciones impositivas asimétricas, los mecanismos sancionadores, las reglas de competencia, entre otros, que deben establecerse por las características de los servicios y no por el sujeto que los provee, tal como se venía realizando tradicionalmente.

Por ello, es preciso seguir avanzando en la iniciativa BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero con calendarios de implementación que sean creíbles, o en su defecto se impondrán soluciones nacionales que son evidentemente subóptimas, aseguraron a la ASIET.

Dos modelos, ninguno válido

En el discurso de Macron subyace el rechazo a los dos modelos de gobernanza de Internet que se han impuesto hasta día de hoy. Por un lado, la vía de la autorregulación y autogestión defendida por Silicon Valley, donde fundamentalmente actores privados globales, con posiciones de dominio en el ecosistema digital, toman las decisiones prácticamente sin vigilancia ni responsabilidad de los Estados.

Por otro, un modelo de Internet compartimentado, fragmentado y controlado férreamente por los Estados, ciertamente de manera poco transparente, patrocinado por países como China. Ambos modelos, a juicio de Macron, no son democráticos. De forma coordinada con la cancillería de Alemania (país sede del próximo IGF), Macron propuso una “tercera vía”, democrática-europeísta, que mantenga la apertura de Internet y la libertad, pero que respete el papel de los Estados y el de los gobiernos democráticamente elegidos para regular y proteger a los ciudadanos.

Es un llamado a que la política tome un rol activo en la configuración del modelo de gobernanza, ni privatización extrema ni totalitarismo estatal. En la propuesta de Macron se acentúa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya protección y continua afirmación debiera marcar la base ética de actuación para todos los stakeholders del ecosistema digital.

Lo que Macron trae a discusión es el rol del Estado y su papel de regulador de Internet, algo que, como es previsible, no es del gusto de quienes están cómodos con el statu quo de la gobernanza de Internet, que en realidad es la ausencia de mecanismos democráticos de gobierno sobre la red. Las grandes corporaciones de Silicon Valley, así como algunos sectores de la comunidad técnica, rápidamente expresaron su rechazo a abrir esta discusión, presumiblemente por razones distintas: los primeros, por interés comercial; los segundos, seguramente influidos por una aproximación utópica del Internet primigenio.

En cualquier caso, ambos grupos coincidieron en calificar las palabras de Macron como “un ataque a las raíces de la red”, lo que ciertamente parece desmedido.

Lo más interesante del planteamiento franco-alemán es que da contenido a un debate necesario. Como señaló el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la misma ceremonia inaugural, “los debates sobre la gobernanza de Internet no pueden ser solamente eso, debates, tiene que haber políticas. No podemos dejar el futuro de la era digital a la mano invisible de las fuerzas del mercado”. Internet es sin duda fundamental para la humanidad y tiene sentido que sea la sociedad a través de sus mecanismos de representación política la que defina su propósito y regule su operación.

Ciertamente se trata de un asunto complejo, en el que es preciso construir amplios consensos con una aproximación multistakeholder, que preserve aspectos centrales de la red, como su integridad y su operación distribuida, pero que al mismo tiempo garantice que sea un instrumento para fortalecer y extender los derechos humanos (en particular el de libertad de expresión) y la Democracia.

Indudablemente hay zonas grises que requieren mucha discusión y hay valores que pueden interpretarse en sentido contradictorio (libertad, privacidad y seguridad, por ejemplo). Pero la invitación europea trata de hacer frente a una realidad objetiva: el Internet de los orígenes poco tiene que ver con el Internet de hoy, debido a la participación que tiene en todas las esferas de la vida de las personas.

Hemos evidenciado situaciones en extremo complejas, como el uso de Internet como plataforma contra la democracia liberal, esparcir el odio contra ciertos colectivos y atacar los cimientos de confianza sobre los que tejimos las bases de nuestra sociedad. Es legítimo y razonable que las sociedades organizadas a través de los mecanismos de la democracia se planteen cómo afrontar estos problemas.

Multilateralismo digital

La naturaleza transfronteriza de Internet y el hecho de que él mismo haya sido desarrollado en su mayoría por el sector privado hace necesario un nuevo multilateralismo en la creación de reglas para el ordenamiento en la red y en el diseño de una Internet segura, donde no solo los Estados tengan cabida sino que al papel principal de los mismos se sume el sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil; lo que fue la razón de existir de los Foros de Gobernanza de Internet.

Por ello, el importante papel de estos foros también fue reivindicado en el discurso de Macron, sugiriendo que la secretaría del IGF se encuentre al más alto nivel de la estructura de la ONU.

El lema del IGF 2018 en París fue el “Internet de la Confianza” (The Internet of trust) y no fue casual, pues en el diseño de este nuevo modelo que se propuso, generar la confianza y la seguridad necesaria en la web resulta imprescindible. Para ello, todos los actores deben ser responsables por su actuación, máxime aquellos que están teniendo un lucro económico evidente por lo que sucede bajo su paraguas.

En ese contexto, resulta necesario regular o establecer mecanismos de control y competencia sobre el papel de las grandes plataformas de Internet, sobre las que debieran aplicarse principios razonables de neutralidad de forma de evitar conductas de discriminación arbitraria con efecto anticompetitivo.

Las noticias falsas, y su pernicioso efecto sobre las democracias, es un asunto delicado de abordar, en el que se requiere un diseño institucional que resguarde la libertad de expresión. La solución no es la privatización de la censura o un Estado policial, pero es evidente que alguna respuesta se requiere ante ese fenómeno. Son los mecanismos institucionales de la democracia y la política los que deben de encontrar esos equilibrios a través de regulaciones adecuadas.

Más allá de proponer una solución u otra, lo relevante es la reivindicación de la soberanía para establecer soluciones normativas que permitan abordar estas tensiones, combinando espacios deliberativos nacionales con instrumentos de carácter internacional.

La reconstrucción y protección de la confianza digital pasa también por aclarar cuestiones de competencia y responsabilidad de cada uno de los actores clave del ecosistema y avanzar hacia mecanismos objetivos que aborden las diferentes preocupaciones y los legítimos intereses, especialmente los vinculados a la economía de datos. La evidencia demuestra con claridad en este caso que la autorregulación y el pseudoconsentimiento son insuficientes, y que se requieren otro tipo de arreglos en el ámbito de la regulación nacional e internacional.

Es cierto que la ausencia regulatoria en los comienzos fue, entre otras cosas, lo que permitió la innovación y el surgimiento de un gran número de actores exitosos, así como el crecimiento exponencial de los servicios en Internet con importantes aspectos positivos. Sin embargo, el actual Estado de concentración en la red frena la innovación y la competencia, perjudicando los desarrollos locales y anulando la virtud original de libre creación y la innovación.

Queda avanzar, por tanto, en mecanismos que favorezcan la competencia en Internet, asegurando la posibilidad de aparición de nuevos actores, cuestión compleja dada la relevancia de las economías de red y ausencia de interoperabilidad entre las principales plataformas, así como las asimetrías regulatorias y fiscales que persisten.

Más allá de la mera discusión conceptual, diversos asuntos exigen respuestas políticas efectivas y concretas, como señaló el secretario general de la ONU. Hay poderosos intereses en sostener el statu quo que propondrán hacer maquillajes gatopardianos al modelo de gobernanza. Los asuntos en discusión exceden por mucho a la autodenominada “comunidad de Internet” y deben estar presentes en las agendas políticas y económicas de todos los países.

El IGF tiene que acometer una profunda reforma para no quedar relegado a la inutilidad, como un espacio en el que se discute, pero que no propone soluciones reales a los desafíos que enfrentamos. La creación de un Panel de Alto Nivel sobre Cooperación Digital impulsado por Antonio Guterres parece nacer como respuesta a la creciente irrelevancia del IGF, pero carece de la necesaria legitimidad y representatividad.

Lo que hizo Macron en París –y antes Angela Merkel y Dilma Rousseff en el contexto de las revelaciones de Edward Snowden– es abrir el debate real sobre el papel de los gobiernos democráticos, los límites de la soberanía nacional y la forma de conducir la revolución digital para mejorar la calidad de vida de las personas. Esperemos que esta vez la invitación a abordar esta discusión no se diluya en el ciberespacio.

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