Las criptomonedas se convirtieron en una de las inversiones más buscadas por ahorristas de todo el mundo, que buscan resguardarse de los avatares de una economía en crisis por el coronavirus.
Este comportamiento no sólo alcanzó a los particulares, sino también a gigantes globales que vieron en el Bitcoin una forma de cubrirse ante la devaluación del billete estadounidense producto de la mayor emisión de EE.UU. destinada a incentivos que palíen el parate de la actividad. Así, varias compañías y hasta unicornios pasaron parte de su tesorería a Bitcoin (BTC):
El broche de oro lo dio Coinbase, que aprovechó el boom para salir a la Bolsa y recaudar más de u$s6.500 millones en su primer día como empresa "pública" para migrar parte de su contabilidad a bitcoin: casi 4.500 monedas.
El avance cripto no hizo más que encender las alarmas de importantes gobiernos del planeta. De hecho, Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, encabeza un proyecto de regulación luego de que Texas y Miami comenzaran a permitir el uso de divisas virtuales.
Esto tiene como corolario el pedido de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), quien exige una regulación global debido a que se trata de un activo "altamente especulativo".
Una de las entidades bajo el paraguas del BCE, el Deutsche Bank, alertó que las criptodivisas "han superado un umbral que ya no se puede ignorar", y también llamó a darle vida a una legislación antes de que estos instrumentos compitan de manera más profunda con las monedas soberanas.
En este marco, un pequeño país latinoamericano ya mostró el camino e impulsa a que otros lo sigan. A pocos sorprendió que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara a principios de junio la entrada en vigencia de la primera ley cripto de la región, que establece a Bitcoin como moneda de curso legal.
Así, puede ser usada en lugar del Colón salvadoreño –que vale unos 0,12 dólares– para el pago cotidiano de compras, impuestos y cancelación de deudas. Y convierte al país centroamericano en la primera nación del mundo en "oficializarla".
La ley contó con el apoyo de 64 de los 82 legisladores y establece que el bitcoin puede ser usado para "cualquier transacción que personas y empresas, públicas o privadas, requieran realizar". Más aún, también, pueden recurrir a ella los órganos de la administración pública y demás entes del Estado.
Un dato interesante es que los intercambios y ahorros en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias, al igual que el atesoramiento de la moneda oficial. Diego Balbi, de la Comunidad Networking CriptoWorld, asegura a iProUP que "su adopción promueve un beneficio puntual de los criptoactivos: la democratización de las finanzas".
"Aproximadamente, 70% de la población de El Salvador no tiene acceso a los servicios financieros tradicionales. Por ello, el ecosistema cripto abrirá una puerta a esa inclusión financiera", señala.
Según Balbi, el Estado se compromete a realizar una "campaña educativa indispensable para que la población cuente con el conocimiento necesario para adaptarse a esta nueva realidad". Al mismo tiempo, resalta que la formación y materialización de oportunidades de acceso a la tecnología serán el origen del éxito o fracaso de esta legalización y adopción como moneda de curso legal.
"Más allá de la finalidad o toma de posición política de los gobernantes, es elogiable el intento de acompañar la realidad con las normas necesarias que la respalden", remarca Balbi.
En la misma línea, Diego Nunes, abogado de Nunes y Asociados, califica la iniciativa de El Salvador como súper interesante y confiesa que "es un proyecto en el que todos tenemos puesto el ojo".
"Si demuestra ser un caso de éxito, será un gran incentivo para la adopción no solo de Bitcoin, sino para que cada país reconozca en las criptomonedas y la tecnología blockchain soluciones prácticas a problemas no resueltos por la banca tradicional", señala el letrado en diálogo con iProUP.
Desde El Salvador, Marlon Ulises Pacheco Calidonio, abogado y asesor bancario y bursátil, comenta a iProUP que "a diferencia del oro, el bitcoin no genera gastos de almacenamiento, y eso lo vuelve altamente atractivo".
"El Gobierno ya planea montar una granja minera aprovechándose de la cadena de volcanes activos del país para aminorar el gasto energético", dice el letrado. La firma estatal La Geo aprovechará la lava para generar energía geotérmica (100% limpia, renovable y de cero emisiones), además de que la zona tiene amplia disponibilidad de este insumo y no se requiere de una fuerte inversión para su extracción.
"Hay que aclarar que Bitcoin es un activo valioso por su escasez, sólo existirán 21 millones de unidades, mientras que las monedas fiat (dólar, euro,...) pueden imprimirse de modo ilimitado, erosionando así el tipo de cambio y el bolsillo de la gente", afirma Pacheco Calidonio, dando cuenta de la inflación que aqueja a gran parte de Latinoamérica.
Si bien Panamá amagó con seguir los pasos de El Salvador, el próximo país latinoamericano en legalizar el Bitcoin podría ser Paraguay. Esta semana, el legislador Carlos Rejala presentó ante el Congreso un proyecto de ley para adoptar a la criptomoneda de manera oficial.
Rejala va más allá de su uso cotidiano: apunta a que pueda convertirse en una zona atractiva para inversores cripto y así colocarse entre los que están a la vanguardia de la tecnología digital.
La idea no es descabellada: por bajos costos de energía, una economía sin altibajos y un clima de negocios favorable, Paraguay concentra varias granjas de minería cripto y es, junto con la Argentina, uno de los países más seductores de la región para desarrollar la actividad.
Aunque Rejala, durante la presentación del proyecto mencionó que Paraguay busca diferenciarse de El Salvador porque no pretenden ser una moneda de cambio, sino que están hablando de activos intangibles, en donde el commodity se convierta en el producto final.
Nunes menciona que este proyecto definitivamente es positivo pero, de producirse, "tiene que ser un caso de éxito rotundo en varios países antes que Argentina lo considere. Habilitar una segunda moneda de curso legal afecta y mucho la política de emisión".
Además, remarca que el país, históricamente, "siempre estuvo en contra de tener más de una moneda de curso legal. Hubo proyectos para que el dólar lo fuese y no prosperaron".
Sin embargo, el proyecto de ley de criptoactivos sigue esperando en el Congreso. Y si bien no pretende darle carácter de curso legal al bitcoin, si ofrecerá un marco normativo para la industria.
Otro de los países que está trabajando en una posible ley Bitcoin es México. Una primera iniciativa fue publicada en marzo del año 2018 y se llamó Ley Fintech. Esta ley regula: los activos virtuales, es decir las monedas digitales, la asesoría financiera, el fondeo colectivo (crowdfunding) y los pagos electrónicos.
Y define a los activos virtuales como "un activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de acto jurídico y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos".
Aunque desde el Gobierno México la postura oficial es mostrar cierta desconfianza. Arturo Herrera, secretario de Hacienda mexicano, advierte que la utilización de criptomonedas no está permitida en el sistema financiero del país, ya sea Bitcoin, Ether o XRP.
Nicolás Verderosa, CEO de Kephi Gallery,comenta a iProUP que la regulación de las criptomonedas puede ser algo muy positivo siempre y cuando sea amplia.
"La mayoría tienen objetivos recaudatorios o cuestiones prohibitivas como en China. En líneas generales, creo que el mundo cripto reacciona de manera contrario a lo que los estados presumen que va a pasar, y cuando mayor es la prohibición mayor es la demanda. Creo que la regulación méxicana es una de las más amplias de las región".
De hecho, Ricardo Salienas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, manifestó que Grupo Salinas adquirirá esta criptomoneda y hasta podría tener solo Bitcoin en su cartera de inversión durante los próximos 30 años. El holding opera firmas de la talla de Banco Azteca y el canal TV Azteca, además de sociedades de Bolsa y otros negocios.
Tal como anticipó iProUP, en el Parlamento hay un proyecto de ley presentado por los diputados Liliana Schwindt y Marcos Cleri (Frente de Todos) para regular la actividad, permitir un mayor desarrollo del sector y que podría promulgarse este año.
"Nuestro departamento legal leyó el texto y está bastante en sintonía con la actividad que venimos desarrollando. Es una buena iniciativa", afirman a iProUP desde uno de los exchanges más reconocidos del mercado local.
También hay un anteproyecto firmado por el diputado Ignacio Torres (Juntos por el Cambio) que cuenta con el aval y asesoramiento de varias firmas de criptomonedas locales y que inició conversaciones con algunos bancos "chicos" interesados en ingresar en este nicho.
Según relevamientos de iProUP, ya hay varias entidades que están contratando expertos en activos digitales para, en un futuro, salir a ofrecer productos cripto.
Ambos proyectos de ley proponen la primera definición legal de criptoactivo como la representación digital de valor, que puede estar basado en la blockchain y utilizarse como medio de intercambio, almacén de valor y unidad de cuenta. Básicamente, las tres funciones del dinero.
Además, fija las siguientes cuestiones:
Además, en el ecosistema cripto interpretan que la ley se debatirá próximamente, luego de que el Banco Central pidiera a las cámaras bancarias ABA, ABPPRA y ABE que las entidades socias reporten los datos de clientes que podrían estar operando con estos instrumentos. Además, la autoridad monetaria y la Comisión Nacional de Valores lanzaron un comunicado conjunto advirtiendo sobre la volatilidad y riesgos de utilizarlos.
"Bajo el precepto de lo que no está prohibido está permitido, no se necesita una ley. Pero el problema con ello es que no hay certeza jurídica futura", advierte a iProUP Rodolfo Andragnes, cofundador y actual presidente de la ONG Bitcoin Argentina.
Según el experto, "cierta certeza puede promover o reducir el incentivo al desarrollo de la industria", pero "por estar mal redactadas y no haber sido consensuadas con expertos idóneos, dejan abierta la puerta a la libre interpretación de parte del tenedor de bitcoin o del organismo de control".
De esta forma, la Argentina apunta a contar con una ley cripto que maximice las potencialidades del país, como el alto grado de aceptación de estas divisas, talento para desarrollar soluciones blockchain y un fuerte ecosistema de empresas.