La medida propondría más controles sobre las monedas digitales, que no sería muy bienvenida en el ambiente cripto.
La Financial Crimes Enforcement Network de los Estados Unidos, o FinCEN, publicó una breve nota el 31 de diciembre en la que anunciaba su intención de proponer un cambio en la Ley de Secreto Bancario en lo que respecta a la presentación de informes sobre las cuentas financieras extranjeras en monedas digitales, a sabiendas que ahora los activos digitales no están cubiertos por las reglamentaciones sobre cuentas bancarias y financieras extranjeras, o FBAR.
Remarca la nota que la institución quiere cambiar esas reglamentaciones. Esto requeriría que los ciudadanos de los Estados Unidos informen sobre sus cuentas en monedas digitales mantenidas con instituciones extranjeras si tienen un valor superior a u$s 10.000.
Sin poner fecha para los posibles cambios, la nota llega justo tres semanas antes del esperado cambio de liderazgo en el Departamento del Tesoro de los EE.UU., ya que la administración Trump da paso al equipo del presidente entrante Joe Biden. La movida del por ahora actual gobierno es vista por algunos como una medida de despedida contra las monedas digitales por el actual secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Esto ha seguido a otra propuesta del Departamento del Tesoro a principios de diciembre, para controlar las monedas digitales que se transfieren de los exchanges de los EE.UU. a monederos en los que se hace self-hosting, indicó CoinTelegraph.
Esto se da en el marco en que la Comisión Europea ya ha propuesto una legislación que convertirá las mnedas digitales en un instrumento financiero regulado.
Apodado el "Reglamento sobre los mercados de activos criptográficos" (MiCA por sus siglas en inglés), el proyecto de ley proporcionará claridad sobre lo que constituye un "activo criptográfico", así como definiciones para diferentes subcategorías de tokens.
Proporcionará reglas sobre la custodia de activos digitales y los requisitos de capital, al tiempo que estipulará cuál será la relación entre el emisor del token y el titular del token, incluido el establecimiento de un procedimiento para que los inversores presenten quejas contra proyectos.
Los funcionarios también plantearon la idea de una iniciativa de "sandbox" regulatoria para las empresas que desarrollan infraestructura para el comercio y la liquidación de activos digitales.
Si se aprueba, la MiCA convertiría a la UE en el espacio regulado más grande e importante para las monedas digitales en cualquier parte del mundo. El marco será aplicable en los 27 estados miembros, otorgando a las empresas de criptografía reguladas derechos de pasaporte en todo el bloque.
Como adelantó iProUP, en Argentina ya existen proyectos de ley para regular el ecosistema cripto. La idea original de la iniciativa es crear un marco normativo, ya que Argentina es una de las potencias mundiales en este rubro. No sólo a nivel de uso –se estima que hay unos 900.000 criptoahorristas–, sino también de desarrollo:
- Un cuarto de las compañías enlistadas en la Cámara Fintech local se dedica a los criptoactivos
- Hay varias empresas locales de seguridad cripto, un mercado con enorme potencial entre ellas está OpenZeppelin, proveedora de firmas globales (Compound, BitGo y Coinbase) y candidata a unicornio
En este sentido, las dos iniciativas proponen la primera definición legal de criptoactivo. Torres lo califica como "la representación digital de valor, que usa tecnología blockchain como infraestructura fundamental y puede ser utilizado como medio de intercambio, almacén de valor y unidad de cuenta".
Además, fija las siguientes cuestiones:
- No están necesariamente emitidos ni garantizados por un banco central o autoridad pública
- Pueden no tener el estatus legal de moneda o dinero y es de carácter descentralizado
- Son aceptados por personas físicas o jurídicas como medio de cambio o pago o fines de inversión
- Pueden transferirse, almacenarse y comercializarse electrónicamente
La diferencia más importante entre ambos proyectos está dada por la autoridad de aplicación: mientras que el proyecto de la oposición busca que sea AFIP, la CNV o el Banco Central según corresponda, el del oficialismo propone a la Comisión Nacional de Valores.
La idea original de ambos textos es institucionalizar los instrumentos basados en blockchain para permitir que los bancos puedan hacer custodia de criptoactivos, proteger a usuarios para la compraventa y promover la inversión de capital en firmas de esta rama de actividad.