Las familias argentinas deben a bancos y billeteras, en promedio, el equivalente a un sueldo y medio por préstamos al consumo, una carga que sigue entre las más elevadas de la serie histórica.
En agosto, esos compromisos sumaban unos $2,5 millones por hogar, mientras los datos de morosidad muestran una presión especialmente fuerte entre las entidades no bancarias que financian los gastos cotidianos de las familias.
El endeudamiento por consumo equivale a 1,4 ingresos mensuales por hogar, según EcoGo, que elaboró el indicador con información oficial y la masa salarial del sector privado publicada por el INDEC.
La cifra permite dimensionar las obligaciones asumidas por las familias, aunque no significa que todo ese dinero esté atrasado: el cálculo considera los préstamos vigentes y excluye las financiaciones hipotecarias y prendarias, cuya incorporación duplicaría aproximadamente el monto.
La mayor parte de esa deuda corresponde a bancos tradicionales, con un saldo equivalente a un ingreso mensual; el resto se distribuye entre billeteras virtuales, fintech, cadenas comerciales y otras entidades que financian el consumo.
La comparación histórica muestra que el indicador bajó desde los 1,5 salarios registrados en agosto de 2025, pero se duplicó respecto de comienzos de 2024 y permanece cerca de los niveles más elevados de la serie.
El máximo continúa siendo el de enero de 2018, cuando los compromisos con bancos y prestamistas no bancarios llegaron a representar 1,6 salarios familiares promedio.
Desde el sector bancario sostienen que la relación entre deuda e ingresos todavía se encuentra por debajo de la observada en otros países de la región, por lo que no consideran que el nivel actual sea crítico.
La principal señal de alerta aparece al comparar los créditos impagos según el tipo de entidad: la morosidad alcanza el 13,2% en los bancos tradicionales y llega al 30% entre los prestamistas no bancarios.
El deterioro también se refleja en los préstamos considerados irrecuperables, es decir, aquellos que llevan más de un año sin pagarse y que figuran como incobrables en los registros del Banco Central.
En agosto, casi el 15% del dinero prestado por billeteras virtuales, fintech, cadenas comerciales, cooperativas y casas de préstamos a sola firma integraba esa categoría, frente al 4,6% registrado un año antes.
La evolución preocupa porque el financiamiento no bancario gana participación, aunque su volumen todavía está lejos del que otorgan los bancos; en abril, llegó a representar el 27% del crédito total destinado al consumo familiar.
Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, atribuyó la mejora interanual del indicador general a la pérdida de peso del financiamiento bancario, que sigue siendo la principal fuente de crédito para los hogares.
Frente a las dificultades para cumplir con los pagos, las refinanciaciones permiten negociar plazos más largos o intereses menores para normalizar los saldos pendientes, y en situaciones críticas también pueden incluir reducciones del capital adeudado.
Hasta agosto, 392.000 deudores habían conseguido renegociar sus obligaciones, una cantidad equivalente al 3,58% del total de los créditos vigentes, por un monto conjunto cercano a los $3 billones.
El movimiento coincide con una desaceleración gradual de las tasas de interés que pagan los usuarios por sus préstamos, aunque todavía no implica que todas las familias puedan acceder a condiciones más convenientes.
"Las tasas promedio de colocación vienen bajando lentamente, posiblemente por las refinanciaciones", indicó Menescaldi.
Fuentes bancarias explicaron que las entidades prefieren estudiar cada caso por separado y no lanzar programas masivos, porque temen que algunos clientes dejen de pagar deliberadamente para conseguir mejores condiciones después.
Entre las alternativas que ofrecen figuran tasas inferiores a la inflación y, para los casos más complicados, quitas de capital, según las fuentes consultadas.
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, sostuvo este lunes que el pico de morosidad del crédito ya habría quedado atrás y que los atrasos deberían disminuir durante los próximos meses.
El funcionario también descartó medidas de asistencia oficial para aliviar las deudas familiares, al considerar que ese tipo de intervenciones puede generar incentivos para incumplir las obligaciones.
"No vimos ningún beneficio superior a los costos que traían. Esas medidas solo generan riesgo moral y propensión a no pagar", afirmó durante una exposición ante la Comisión Nacional de Valores.