Lavado de dinero, fraude, ciberataques, son algunos de los delitos más frecuentes en el ecosistema de las criptomonedas. Si bien todos preocupan a autoridades monetarias e individuos en todo el mundo, organismos de varios países avanzan con acciones para combatir el primero de estos.
En este contexto, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), que pertene al Departamento del Tesoro (FED) de ese país, confirmó que "seguirá de cerca" la industria cripto como una de sus principales prioridades para combatir el lavado de dinero.
La FinCEN anunció oficialmente que las "consideraciones sobre las monedas virtuales", u operaciones que involucran criptomonedas como Bitcoin (BTC), estarán en la mira con el fin de contrarrestar el financiamiento del terrorismo y asegurar políticas adecuadas contra el lavado a nivel nacional
"El establecimiento de estas prioridades pretende ayudar a todas las instituciones cubiertas en sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones bajo las leyes y regulaciones relacionadas", destacó el ente en un documento emitido este jueves 1 de julio.
El organismo emitirá próximamente reglamentos para especificar cómo las instituciones financieras tendrán que incorporar estas prioridades en sus programas de prevención contra el lavado de dinero.
"FinCEN reconoce que no todas las prioridades serán relevantes para todas las instituciones abarcadas, pero cada institución contemplada debe, en la fecha de entrada en vigor de las futuras regulaciones que se promulguen en relación con estas prioridades, revisar e incorporar, según corresponda, cada prioridad basada en el programa de AML más amplio de la institución basado en el riesgo", remarcó el ente regulador.
Al referirse a las criptodivisas como "monedas virtuales convertibles", o CVCs, FinCEN describió que los tokens digitales se convirtieron en la "moneda de preferencia en una amplia variedad de actividades ilícitas en línea".
El organismo listó una serie de usos de CVC de parte de múltiples criminales, al argumentar que es una "forma de pago preferida" para comprar bienes ilícitos como herramientas de ransomware o incluso para avanzar en actividades como "ambiciones de armas nucleares".
"Por ejemplo, los actores cibernéticos vinculados a Corea del Norte probablemente han robado cientos de millones de dólares de CVC desde 2019 a través de operaciones cibernéticas contra proveedores de servicios de CVC, han lavado el valor de las CVC robadas a través de otros proveedores de servicios de CVC y billeteras de CVC, y han utilizado las ganancias para ayudar a financiar armas de destrucción masiva y programas de misiles balísticos", apuntó la FinCEN.
El anuncio ocurrió luego de las recientes declaraciones de Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera que, en una reciente audiencia ante el Senado, adelantó que impulsaría la aplicación de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020, e incluirá algunas "nuevas regulaciones en torno a las criptomonedas".
Contra el gran rechazo de la industria de las criptomonedas y como el precio de Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos varias veces durante los últimos meses, Estados Unidos ha actualizado sus leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo usando criptomonedas.
En diciembre pasado, el Senado de EE.UU. aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional y, como parte de esa legislación, aprobó la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 y la Ley de Transparencia Empresarial.
Las disposiciones de la normativa amplían y actualizan la Ley de Secreto Bancario, o BSA, y el régimen ALD/CFT (contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo) de EE.UU.:
A fines del año pasado, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. también emitió regulaciones propuestas que buscan someter las transacciones de activos digitales o monedas digitales convertibles a requisitos similares de informes ALD/CFT impuestos a otras instituciones financieras por la BSA.
Las nuevas regulaciones, si se adoptan, requerirían que las entidades cubiertas por ALD/CFT, incluidos los pagos que involucren "billeteras no-custodiadas" (no mantenidas por un sistema financiero de terceros), compilen e informen las identidades de las partes que participan en transacciones de criptomonedas si la transacción excede los u$s3.000.