La mora récord de los préstamos a las familias mantiene la atención sobre el sistema financiero, mientras el Gobierno sostiene que los bancos comenzaron a transitar una etapa de normalización.
Con ese diagnóstico, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) preparan cinco medidas para ampliar el crédito en pesos a hogares, comercios y empresas.
La primera medida apunta a crear un Sistema Federal de Garantías que reúna en un registro único la información sobre los bienes que las empresas presentan para respaldar sus préstamos bancarios.
La iniciativa busca que los bancos consulten datos centralizados sobre los activos comprometidos, aunque la presentación de Vladimir Werning no precisa los plazos ni el alcance operativo previsto para implementar el sistema.
Con ese registro, las entidades podrían evaluar mejor las garantías disponibles y contar con información más ordenada al analizar solicitudes de financiamiento corporativo presentadas por compañías de distintos tamaños.
El Gobierno espera reducir incertidumbres sobre los bienes afectados como respaldo y facilitar su uso en operaciones de crédito para empresas que necesitan financiamiento para sostener sus actividades e inversiones.
La segunda medida busca que los comercios puedan conseguir liquidez utilizando los cupones de tarjetas, que pasarían a reconocerse como instrumentos legales, digitales y transferibles dentro del sistema financiero.
Además, si no se cumple con el pago, los comercios podrán reclamar el dinero por una vía judicial más rápida, según la propuesta incluida en la presentación oficial del vicepresidente del Banco Central.
El cambio apunta al tiempo que transcurre entre una venta con tarjeta y la acreditación del dinero, demora que puede limitar la disponibilidad de fondos para pagar gastos y mantener la operación comercial.
Los cupones también podrían negociarse mediante oferta pública e incorporarse a inversiones de fondos comunes de inversión abiertos, ampliando las alternativas para financiar derechos de cobro pendientes de acreditación.
La tercera medida modifica los préstamos personales de empleados públicos que se pagan mediante descuento de haberes, un mecanismo que el BCRA busca hacer más flexible para ampliar las opciones disponibles.
El organismo eliminará el tope de tasa de interés y permitirá transferir el código de descuento a otra institución que cumpla con las condiciones exigidas para participar de estas operaciones.
El cambio pretende dar más seguridad a las entidades que compran carteras de préstamos ya otorgados y ampliar las alternativas de fondeo para sostener nuevas operaciones de crédito personal.
Al facilitar la circulación de estos créditos vinculados con salarios públicos, el Gobierno espera sumar participantes al segmento y mejorar las opciones de acceso al financiamiento para los trabajadores estatales.
La cuarta medida reorganiza los pagos de los préstamos con descuento salarial que utilizan trabajadores del sector privado, mediante la centralización de los flujos de pago en la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa).
La operatoria pasaría por la Coelsa, mientras cada empleado conservaría la potestad de asignar los fondos correspondientes a sus obligaciones crediticias.
A cambio, los empleadores dejarían de realizar tareas administrativas relacionadas con ese circuito, que quedaría concentrado en la infraestructura electrónica de pagos prevista por la iniciativa oficial.
El objetivo es reducir fricciones operativas y evitar que las empresas actúen como intermediarias, sin quitar al trabajador la decisión sobre el destino de los recursos asignados al pago.
La quinta medida prevé elevar el límite de apalancamiento para los bancos en relación con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que respaldan créditos para pequeñas y medianas empresas mediante avales.
Estas entidades cumplen un papel importante para compañías que no tienen suficiente historial financiero o activos propios para conseguir préstamos en mejores condiciones dentro del sistema bancario.
Con un límite más alto, el Gobierno busca ampliar la capacidad de respaldo disponible y favorecer el financiamiento corporativo para empresas que necesitan crédito para invertir o sostener su actividad.
La presentación identifica esa modificación como una herramienta para extender las garantías, aunque no detalla las condiciones regulatorias específicas ni un cronograma para implementar el cambio.
Werning presentó las cinco iniciativas como parte de un estímulo monetario para aumentar la competencia entre intermediarios, mejorar el perfil de los deudores y reducir costos para los comercios.
Aunque la morosidad se encuentra en sus niveles más elevados de las últimas dos décadas, el documento sostiene que los préstamos bancarios irregulares comenzaron a bajar tras el shock electoral.
El informe destaca el crecimiento de las refinanciaciones familiares y señala que las tasas de fondeo bancario son negativas en términos reales, bajas y estables; también menciona un nuevo marco prudencial para préstamos corporativos en dólares.
Werning señaló que las tasas de los préstamos bajaron para las empresas y comenzaron a descender para los hogares, mientras el BCRA busca ampliar el acceso al crédito y reducir los costos de financiamiento.
En agosto, los créditos hipotecarios ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) registraron una tasa promedio de UVA más 6,9%, mientras el organismo también impulsó subastas de fondeo de largo plazo destinadas a financiar hipotecas para hogares.
El objetivo general es ampliar el acceso al crédito bancario, reducir el costo del endeudamiento y extender los plazos de financiamiento, en un contexto de morosidad elevada entre las familias.