Argentina incorporará un mecanismo para otorgar la ciudadanía a extranjeros que realicen inversiones o contribuciones económicas, una iniciativa que contempla distintas modalidades de participación y requisitos familiares.
El proyecto fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week, que se desarrolla en París.
Aunque todavía no recibe postulaciones, el Gobierno prevé habilitar el procedimiento durante el cuarto trimestre de 2026, con evaluaciones destinadas a determinar quiénes podrán acceder.
La iniciativa contempla la participación de solicitantes individuales y sus familiares directos, con importes diferenciados según la composición del grupo y las características de cada beneficiario.
Para los adultos, existen dos caminos: una transferencia definitiva de u$s350.000 al Tesoro Nacional o la adquisición de un título público especialmente diseñado para el programa, cuyo valor será de u$s800.000.
El esquema familiar incorpora condiciones particulares para los hijos mayores de edad, ya que quienes tengan entre 18 y 25 años deberán ser solteros, no tener descendencia y demostrar su parentesco.
En esos casos, los cónyuges y sus hijos mayores de edad podrán acceder mediante una contribución de u$s100.000, mientras que para incorporar a cada hijo menor de 18 años se exigirán u$s25.000.
Con estos valores, un matrimonio con dos hijos menores necesitará reunir u$s500.000 para presentar una solicitud familiar, considerando el aporte principal y las contribuciones correspondientes a los integrantes adicionales.
Los recursos ingresarán obligatoriamente por canales financieros formales y deberán cumplir las disposiciones vigentes contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las operaciones que carezcan de transparencia.
Una vez incorporados al circuito estatal, los fondos serán destinados a mejorar la situación fiscal y financiera argentina, uno de los objetivos económicos que acompañan la creación de este mecanismo.
La participación, sin embargo, no dependerá únicamente de reunir el dinero, porque cada expediente atravesará una investigación sobre la identidad, el patrimonio y la trayectoria de sus integrantes.
Entre los elementos que deberán verificarse aparecen la legalidad y trazabilidad del capital, los antecedentes penales, la reputación, los movimientos financieros, los riesgos jurisdiccionales y el historial migratorio.
La coordinación de las evaluaciones estará en manos de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que contará con la colaboración de distintas dependencias estatales especializadas.
Participarán la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior, cada uno dentro de sus competencias.
Una vez finalizadas las verificaciones, la Agencia elaborará una recomendación que será remitida a la Dirección Nacional de Migraciones, autoridad que tendrá la última palabra sobre cada expediente.
El diseño también incorpora estándares internacionales de debida diligencia, transparencia financiera y administración de riesgos, tomando como referencia los lineamientos de la OCDE y el GAFI.
Para desarrollar el mecanismo, el Gobierno recibió asesoramiento de firmas internacionales especializadas en migración por inversión, con el propósito de incorporar prácticas utilizadas en este tipo de iniciativas.
La presentación en París se inscribe en la estrategia oficial de ampliar los vínculos internacionales, atraer capitales y proyectar el valor de la ciudadanía argentina como parte de una política de apertura económica.