El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó este jueves una serie de modificaciones a la normativa que regula a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), más conocidos como billeteras virtuales, con el objetivo declarado de proteger a los usuarios y reducir los riesgos del sistema.
Las medidas no son cosméticas y apuntan a tres ejes centrales: exigir mayor información y transparencia en el registro de operadores, establecer reglas claras para la apertura de cuentas a través de terceros y dotar al organismo de herramientas más sólidas para supervisar y, cuando sea necesario, dar de baja a los jugadores del mercado.
El BCRA también señaló que los cambios buscan alinearse con estándares internacionales y con prácticas regulatorias ya implementadas en otros países de la región.
Los Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago (PSPCP) son empresas fintech reguladas por el BCRA que permiten a usuarios y comercios gestionar dinero, realizar transferencias y pagar servicios sin necesidad de operar con un banco tradicional. Ofrecen cuentas en pesos de libre disponibilidad y, en los últimos años, se convirtieron en protagonistas del sistema financiero argentino.
Plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X o Personal Pay entran en esta categoría. Millones de argentinos las usan cotidianamente para pagar servicios, transferir dinero o comprar en comercios. Precisamente por esa masividad, cualquier vulnerabilidad en el sistema puede derivar en riesgos para millones de personas.
Las cinco medidas concretas del BCRA para regular las billeteras virtuales son:
1. Una nueva figura: el PSPCP como Servicio
Quizás el cambio más estructural de la norma es el reconocimiento formal de los proveedores que ofrecen cuentas de pago a través de terceros. Hasta ahora, esta modalidad no tenía una definición regulatoria explícita.
Con la nueva normativa, el BCRA incorpora este esquema al marco legal, define con claridad las responsabilidades de cada parte y establece que los clientes del tercero son, a todos los efectos, clientes del PSP que provee las cuentas.
Este punto es clave porque impide que la intermediación de un tercero diluya la responsabilidad sobre los fondos del usuario. Además, la norma exige que la provisión indirecta de cuentas mantenga exactamente los mismos estándares que la oferta directa, lo que cierra una potencial brecha regulatoria.
2. Más información obligatoria para el BCRA
Las billeteras virtuales deberán declarar al organismo datos que antes no estaban obligadas a informar. En concreto, tendrán que identificar al banco patrocinante, indicar si operarán bajo el esquema de PSPCP como Servicio y, en ese caso, presentar la nómina completa de entes habilitados con los que trabajen.
Esta mayor transparencia le permitirá al BCRA tener un mapa más preciso del ecosistema de pagos y actuar con mayor velocidad ante irregularidades o situaciones de riesgo.
3. El plazo para comenzar a operar se duplica
Los PSP que se inscriban en el registro del BCRA dispondrán de 12 meses para empezar a operar, el doble del plazo que regía hasta ahora.
La justificación es técnica: las complejidades de integración con otros actores del sistema de pagos crecieron considerablemente en los últimos años, y el plazo anterior resultaba insuficiente para muchos proyectos. El cambio reconoce esa realidad y da más margen a los nuevos jugadores para cumplir con todos los requisitos antes de salir al mercado.
4. Nuevas causales para dar de baja una billetera
El BCRA suma cuatro nuevos escenarios en los que podrá tramitar de oficio la baja de un PSP, es decir, por iniciativa propia del organismo y sin necesidad de que sea la empresa la que lo solicite. Hasta ahora, las causales de cese eran más acotadas.
Esta ampliación refuerza la capacidad del regulador para actuar con rapidez si detecta problemas, lo que representa una protección adicional para los usuarios que tienen fondos depositados en estas plataformas.
5. Los PSP ya activos tienen 90 días para adaptarse
Las empresas que ya están inscriptas y operando no quedan exentas. La normativa establece un plazo de 90 días corridos para que los operadores existentes ajusten sus procesos y documentación a los nuevos requisitos. No es un período excesivamente corto, pero tampoco deja margen para demoras: las billeteras que no cumplan en tiempo y forma quedarán expuestas a sanciones.
La paradoja de toda esta tensión regulatoria es que el ecosistema fintech argentino viene mostrando indicadores de expansión notable. Según el último Informe sobre Pagos Minoristas del Banco Central, las extracciones de efectivo por cajeros automáticos cayeron un 43,5% interanual, mientras que las transferencias inmediatas crecieron más de un 24% y los pagos con QR escalaron un 44%.
El 75% de las transferencias inmediatas tuvo como origen o destino una cuenta virtual (CVU), lo que refleja cómo los proveedores no bancarios ganaron centralidad frente a los bancos tradicionales.
Actualmente, 84 billeteras digitales interoperables y 60 aceptadores de pagos con transferencia están registrados ante el Banco Central, y esa infraestructura sostiene la interacción entre más de 322 millones de cuentas digitales activas.
El volumen de saldos que manejan las billeteras tampoco es menor: concentran $8 billones entre saldos a la vista e invertidos en fondos comunes, representando el 6,3% del total de depósitos del sistema, con un crecimiento nominal del 60% respecto al año anterior.
Los argentinos ya no eligen entre bancos y billeteras, sino que usan ambos. Según un informe del Banco Central, hay 37,5 millones de personas físicas con al menos una cuenta: 26,9 millones poseen una bancaria y una virtual, mientras que solo 8,6 millones tienen cuentas exclusivamente bancarias y 2 millones solo digitales. El 71,7% de los argentinos con servicios financieros utiliza ambas opciones al mismo tiempo, cuando en 2022 apenas lo hacía el 50%.
A la hora de elegir su plataforma principal, los usuarios de fintech privilegian los rendimientos del dinero depositado (51%) y las promociones (24%), mientras que quienes priorizan los bancos destacan la seguridad y la posibilidad de concentrar todas sus operaciones en la entidad donde cobran su sueldo.
Para los usuarios, el impacto más inmediato es una mayor certeza de que el organismo tiene más herramientas para intervenir si algo sale mal. Para las fintech, implica una carga regulatoria adicional, pero también un marco más claro que puede facilitar el crecimiento ordenado del sector.