Puntos importantes
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó cargos por fraude contra Backward Hat Capital y sus cofundadores, acusados de operar un presunto esquema Ponzi que habría captado u$s560 millones.
La firma prometía rendimientos mínimos del 6% mensual mediante activos digitales y algoritmos de inteligencia artificial, pero el regulador sostiene que el dinero financió pagos a inversores anteriores y gastos personales.
¿Cómo funcionaba el presunto esquema Ponzi de Backward Hat Capital?
Con sede en Indianápolis, Backward Hat Capital captó fondos entre julio de 2022 y octubre de 2026 mediante una propuesta que combinaba activos digitales, operaciones cambiarias y herramientas de inteligencia artificial.
Los promotores aseguraban que convertirían el dinero fiduciario de los clientes en activos digitales para ejecutar operaciones de divisas mediante algoritmos y estrategias de arbitraje de alta frecuencia.
A cambio, ofrecían rendimientos mínimos del 6% mensual, una promesa que, según la SEC, permitió atraer aportes de más de 2.000 participantes durante cuatro años de actividad.
Sin embargo, la demanda civil presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Indiana sostiene que las operaciones algorítmicas nunca se ejecutaron en la escala anunciada y que el modelo dependía de incorporar nuevos fondos para cumplir compromisos previos.
Más de u$s250 millones del capital recaudado se habrían utilizado para pagar supuestos rendimientos a los primeros participantes, en lugar de provenir de ganancias obtenidas mediante las inversiones prometidas.
Ese circuito habría mantenido la apariencia de rentabilidad mediante aportes recientes, mientras la demanda civil estima el esquema en u$s560 millones y la acusación penal calcula una captación superior a u$s600 millones.
¿Quiénes son los fundadores acusados y cómo se habría desviado el dinero?
La SEC identifica a los cofundadores Phillip Patrick Williams y Devin Allen Johnson como responsables de transferir directamente más de u$s220 millones a cuentas personales y entidades vinculadas con ambos, según los registros judiciales.
La distribución señalada por los investigadores fue desigual: más de u$s130 millones habrían terminado en manos de Williams y más de u$s40 millones se habrían asignado a Johnson.
De acuerdo con la denuncia, parte de esos recursos se destinó a adquirir bienes de lujo y cubrir gastos privados, incluidas deudas de juego, mientras los participantes esperaban los rendimientos prometidos.
El expediente también menciona a Traders Point Capital, una firma relacionada con Johnson que habría recibido parte de los fondos cuestionados durante el funcionamiento del presunto esquema financiero.
La acusación alcanza además al contador Joseph Anderson, señalado por elaborar informes financieros adulterados que respaldaban la existencia de activos y ganancias comunicadas a los inversores para sostener la apariencia de solvencia.
¿Qué medidas tomaron la SEC, la CFTC y el Departamento de Justicia?
La SEC obtuvo una orden de restricción temporal y la congelación inmediata de activos vinculados con los acusados, y solicitó medidas cautelares permanentes para impedir nuevas operaciones presuntamente fraudulentas.
El organismo reclama la restitución íntegra de las ganancias ilícitas, con intereses previos al fallo, y sanciones civiles, al atribuir violaciones a las leyes de Valores de 1933 y de Bolsa de Valores de 1934.
La demanda incluye presuntas infracciones a la Ley de Asesores de Inversiones de 1940, mientras la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una causa civil paralela por las promesas cambiarias.
En esa actuación, un tribunal de Indiana designó un interventor judicial para administrar los bienes remanentes y preservar los activos mientras avanzan los procedimientos judiciales contra los responsables.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los cargos penales contra Williams y Johnson el 18 de noviembre de 2026, después de que agentes federales arrestaran a ambos cofundadores.
Williams fue detenido en Kokomo, Indiana, mientras Johnson fue capturado en Gilbert, Arizona, antes de la presentación de la demanda civil impulsada por el regulador bursátil estadounidense.
El FBI habilitó un canal oficial para recopilar testimonios y documentación de inversores afectados en distintas jurisdicciones, mientras los procesos continúan en tribunales federales de Indiana y Nueva York.
Las próximas audiencias preliminares deberán determinar el alcance de la recuperación de activos bajo supervisión del síndico designado y cómo avanzarán los cargos penales contra los directivos detenidos.