La Unidad de Información Financiera trabaja para agregar proveedores de servicios digitales a su lista de entidades sujetas a obligación de informar a la autoridad competente local.
Esta nueva normativa constituiría un pedido expreso en el acuerdo que el Gobierno cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que comenzó a ser debatido en el Senado este jueves.
De esta manera, las plataformas de intercambio locales deberan comenzar a cimplir reglas antilavado de dinero y reportar a las autoridades locales, según lo solicito el organismo multilateral de crédito.
A horas de la tarde, aún la UIF no emitió ningún comunicado al respecto, pero se espera un "ajuste" de la normativa que derivará en mayores controles sobre estos activos.
Durante los últimos días, se difundió un borrador del acuerdo que se trataba el tema de que estarían a punto de suscribir el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y una de las cláusulas hizo "bastante ruido" dentro de la comunidad cripto local.
Más precisamente, en el capítulo "Políticas de Crecimiento y Resiliencia", el FMI advierte y desalienta el uso de estos activos para prevenir el lavado de dinero.
La sugerencia del FMI encendió las alertas dentro del ecosistema argentino, sobre todo, si se tiene en cuenta que el país está en el top-ten de adopción y cuenta con un gran comunidad emprendedora –y con proyectos de clase mundial– enfocada en estos instrumentos.
Ignacio Carballo, Director Ecosistema Fintech & Digital Banking (UCA), le explica a iProUP: "No veo mal, ni nada malo si se trabaja en las primeras dos consecuencias, es decir, lavado de activos e informalidad".
"Lo único que me parece muy discutible es la 'desintermediación', ya que es un fenómeno imparable en el mundo. No creo que se trate de forzarla, sino que habría más bien que cuidar y proteger la ya imparable 'descentralización'", resalta.
El experto explica que con la descentralización se incrementan los intercambios persona a persona (P2P) y aumentan riesgos, ya que todo se hace fuera de la "protección" de las autoridades. "Lo veo como un fenómeno imparable. Nadie podría estar de acuerdo en buscar desalentar el uso de las criptomonedas. Por eso me llamó la atención el enunciado tan tajante en redes", resalta.
Rodolfo Andragnes, Presidente de la ONG Bitcoin Argentina, destaca a iProUP que desanimar el uso de las criptomonedas no tiene mayor fundamento: "Es como pretender desalentar el uso de dólares para evitar el lavado de activos. No tiene sentido: no hay que desalentar a las criptomonedas para ese objetivo, sino tener control en los espacios que se compran y venden".
Según Andragnes, "alejar a la gente del Bitcoin es un error, el mismo que cometen cuando alejan al usuario del dólar. Se apunta a querer fortalecer peso, solo por coerción, no porque la gente lo quiera tener".
"Es un sistema monetario que prevalecerá porque los demás están manipulados. Cuando dicen que es para fortalecer el actual camino de pagos digitales es mentira: tanto las fintech como Bitcoin son medios de pago", subraya.
El argentino Santiago Siri, referente cripto local y uno de los responsables de la visita del creador de Ethereum, Vitalik Buterin, a la Argentina, afirma a iProUP que, de confirmarse esa cláusula, el FMI estaría confirmando su debilidad y el país estaría mostrando la ignorancia de sus autoridades.
"Se nota que les molesta lo ocurrido en El Salvador. Saben que en las próximas décadas el dólar irá perdiendo su hegemonía como instrumento de reserva global", considera. Además de esta demostración de debilidad, remarca que Alberto Fernández tiene que saber que las cripto son cada vez más importantes en el PBI del país".
Nayib Bukele, presidente de El Salvador y uno de los principales impulsores de la introducción de Bitcoin como moneda de curso legal
En este sentido, el emprendedor y creador del sistema de renta básica universal UBI basado en Ethereum se refiere a que el sector creció de manera considerable tanto en inversiones, emprendimientos, desarrolladores y usuarios en los últimos cinco años.
"Creo que es una clara demostración sobre la ignorancia del Gobierno respecto a la relevancia de las criptomonedas para que el país tenga un salto tecnológico y financiero de progreso", dispara.
Diego Nunes, abogado de Nunes y Asociados, señala a iProUP que "lo que opine el FMI no tiene una implicancia jurídica, porque no tiene la facultad de dictar leyes, pese a su poder de presión. La decisión depende de cada Gobierno". Y agrega que las criptomonedas tienen características particulares, que implican riesgos, pero también oportunidades contra el lavado de dinero.
"Cualquier operación realizada en criptomonedas tiene trazabilidad perfecta respecto a las billeteras intervinientes, se puede recrear la ruta completa de los activos. Puede ser un instrumento eficiente en la lucha contra el lavado de dinero en lugar de un facilitador", remarca.
Mariano Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, señala a iProUP que es cierto que fraudes y estafas fueron moneda corriente a lo largo de toda la historia, más allá de las divisas digitales.
"No nos parece acertado generalizar y asociar a las cripto con este tipo de prácticas. La blockchain y las criptomonedas son herramientas que demostraron su potencial para desarrollar soluciones superadoras en el mundo financiero", aclara. El directivo cuenta que desde la Cámara trabajan para generar marcos cada vez más completos, pero también cada vez más seguros para los usuarios.
"Siempre ofrecemos a los reguladores nuestro expertise para crear juntos un ecosistema eficiente e innovador", concluye.
Según pudo confirmar iProUP, el proyecto de Ley Cripto presentado por los diputados Liliana Schwindt y Marcos Cleri (Frente de Todos) tendrá una nueva versión que ingresará en la Cámara baja.
El texto, que fue validado por varios referentes de la escena cripto local, no apunta a prohibir las criptomonedas, sino a proponer un marco legal para proteger a usuarios e inversiones, en el que la Comisión Nacional de Valores sea la autoridad de aplicación, dejando a la AFIP y el Banco Central funciones de monitoreo.
La inclusión de esta cláusula en el acuerdo no es la primera señal del FMI contra las monedas digitales, ya que considera que estos activos son un mecanismo para fugar dinero de los países "inestables".
En enero, exigió a El Salvador dejar de reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal y advirtió que su adopción presentaba grandes riesgos para la estabilidad e integridad del sistema financiero.
En octubre, pidió la regulación del mercado y resaltó que "debe ser una prioridad en la agenda política global". Enfatizó que las criptomonedas representan "riesgos de integridad operativa y financiera de los proveedores y de protección de los inversores en criptomonedas y DeFi".
En enero, instó a las autoridades salvadoreñas "a limitar el alcance de la Ley Bitcoin eliminando su calidad de moneda de curso legal", luego de que la norma se aprobara en septiembre por impulso del presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele. Señaló que se pone en riesgo "la estabilidad financiera, integridad financiera y protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales".
No fue lo único que encendió las alertas del FMI: algunos directores también manifestaron su "preocupación sobre los riesgos asociados a la emisión de bonos respaldados por Bitcoin". Tales apreciaciones fueron realizadas por el organismo tras concluir la revisión periódica de las finanzas de El Salvador, conocida como Artículo IV.
El Fondo también mostró su temores sobre las stablecoins, es decir, las monedas digitales que cotizan a la par de activos como el dólar. La postura es un calco de la adoptada por el Tesoro de los EE.UU.
Para el FMI, las criptomonedas son un factor de desestabilización financiero
En efecto, el organismo las calificó como un área clave de preocupación y llamó a los países a avanzar en regulaciones, en línea con el análisis de la Casa Blanca, que solicitó cooperación internacional para generar un marco legal uniforme.
Si bien el FMI no quiere prohibir estos activos, pretende que los gobiernos lancen fuertes regulaciones para evitar que su uso se siga expandiendo fuera de la órbita estatal. Una misión casi imposible en Argentina, con una inflación que mina mes a mes el valor del peso y un mercado de divisas cercado.