Resonó en boca de todos la noticia de la implementación de la ley Bitcoin, para aceptar esta divisa como moneda de curso legal en El Salvador a comienzos de junio de este año.
Fueron muchas las critícas, así como muchas los halagos de parte de entusiatas y diversas empresas y organismos que piden por la expansión de este activo digital, no solo como reserva de valor, sino también como moneda de uso diario.
Por eso, se rumoreo la posibilidad de que otros paises latinoaméricanos se sumen a la tendencia iniciada por el país salvadoreño.
Uno de ellos fue Paraguay, en el que un diputado local confirmó en junio la presentación de un proyecto de ley para regular a Bitcoin y al resto de las criptomonedas que operan actualmente en territorio paraguayo.
Un documento que contiene el borrador de dicha ley para regularlo fue filtrado este fin de semana en Internet. Sorpresivamente, la iniciativa más que un tono legalizador, tiene un aire regulador, ya que el mismo apunta a fiscalizar las transacciones que se realicen con criptomonedas, es decir, a que todas las operaciones esten sujetas al pago de impuestos.
En concreto, la propuesta tiene por objeto "regular las transacciones comerciales de activos digitales basados en blockchain", según describe la versión preliminar del escrito divulgado.
La iniciativa legislativa, elaborada por los diputados Carlos Rejala y Tito Ibarrola, exhorta a las empresas que operan con monedas digitales a explicar a los usuarios una serie de consideraciones, como por ejemplo la siguiente:
"Los activos digitales no son monedas de curso legal utilizadas por el Estado paraguayo, y por tal razón no tienen respaldo del Banco Central del Paraguay". Los legisladores proponen en el proyecto que cualquier operación que se efectúe con criptoactivos, desde y hacia el país, debe ser tributada con un porcentaje aún por definir.
La presentación final sería publicada en el Boletín Oficial este 14 de julio ante el Congreso por Rejala y el senador Fernando Silva. La propuesta de ley contiene siete capítulos, en los que exhibe un marco regulador antes que de adopción de Bitcoin.
Entre otros, uno de sus artículos remarca la propuesta de que el Banco Central de Paraguay tenga el control sobre las entidades que realicen operaciones con criptomonedas.
Además, la importación de equipos para la minería de Bitcoin, equipos informáticos o máquinas para el desarrollo de exchanges de criptomonedas, se les aplicaría una tasa del IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 5%.
La única excepción para el pago de impuestos serían aquellas transacciones que generen pérdidas, las cuáles, sin embargo, deberán ser demostradas con soportes para la exoneración.
Otro factor de la propuesta de ley que levantó critícas es que todos los traders de BTC y demás criptos deben contar con una licencia para operar, las cuáles serían emitidos por una entidad estatal encargada de llevar un registro y control sobre las personas que comercializan con las divisas en el país.
"Toda persona cuya actividad principal sea la de trader deberá contar con una autorización expedida por una autoridad competente, que lo habilita para realizar asesorías o transacciones mediante contrato de mandato o de administración. Las personas jurídicas, deberán contar con personal autorizado para la realización de trading con activos digitales", destaca el proyecto de ley.
Es decir que quienes deseen obtener una licencia para hacer trading de criptomonedas deberán presentar las solicitudes pertinentes, siendo el órgano oficial designado para las evaluaciones el que establezca los requisitos que los operadores tendrán que presentar.
La medida legislativa también menciona la conformación del llamado Fondo de Reserva de Fluctuación de Valores Digitales. La entidad, que en principio dependería del Ministerio de Hacienda, tendría como objetivo "subsidiar al consumidor que, teniendo activos digitales, éstos desaparecieren del mercado".
En este sentido, el borrador no arroja un monto en específico con el cuál comenzaría a operar el fondo. En principio, la nueva cartera se alimentaría con el 1% de los impuestos pagados a las transacciones con monedas digitales.
Asimismo, la propuesta de los legisladores avisa a todo ciudadano paraguayo, especialmente a sus comerciantes, que ninguno está obligado a aceptar a bitcoin o cualquier otro activo digital como forma de pago.
Otro de los índices de la propuesta abarca sanciones para toda entidad que opere con criptos sin la autorización correspondiente. Aquellas sociedades comerciales o personas físicas que realicen transacciones sin permisos habilitados serán objeto de sanción.
Si el infractor es un trader como persona natural, las sanciones serían simplemente multas. Particularmente en el caso de las sociedades, estas abarcarían:
Luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara que proponía una ley para convertir bitcoin en moneda de curso legal, Silva tuiteó el 7 de junio que si Panamá quería convertirse en un verdadero centro de tecnología y emprendimiento, también debería apoyar las criptomonedas.
"El proyecto de El Salvador me pareció positivo, ambicioso, interesante y con buena aceptación", remarcó Silva, y agregó que busca adecuar ese proyecto a la realidad de Panamá y constituir una "competencia positiva".
Este mes, Silva y su equipo recopilarán comentarios de diferentes partes, incluidos abogados, usuarios de bitcoins, empresas relacionadas con las criptomonedas y funcionarios gubernamentales, resaltó el legislador a un medio especializado. Panamá es la última nación latinoamericana en debatir sobre las criptomonedas, uniéndose a Paraguay y El Salvador, que reconocieron a Bitcoin como moneda de curso legal a principios de este mes.
Silva no reveló más detalles sobre los detalles del proyecto de ley, pero remarcó que definiría su contenido después de conversar con las partes interesadas. La constitución actual de Panamá prohíbe al gobierno exigir solo ciertas monedas como dinero de curso legal, lo que podría facilitar la incorporación de bitcoin como moneda.
Panamá no tiene un banco central y adoptó oficialmente el dólar estadounidense en 1904 después de un acuerdo monetario entre los dos países conocido como Taft-Arias. Balboa, una moneda local, también circula junto con el dólar y estuvo vinculada a moneda norteamericana a un tipo de cambio de uno a uno desde su introducción.
En cuanto a los incentivos fiscales, Silva resaltó que el país ya cuenta con esquemas para atraer empresas de cripto a través de mecanismos como permisos de trabajo y exenciones fiscales. Panamá ya sirve como sede de muchas empresas transnacionales, lo que puede estar relacionado con su reputación como paraíso fiscal.
En su última lista de jurisdicciones no cooperativas publicada en 2021, la Unión Europea incluyó a Panamá como paraíso fiscal junto con las Islas Vírgenes y Seychelles, entre otras jurisdicciones.