Todo comenzó hace unas semanas con la noticia filtrada por Franco Amati, referente de la comunidad local, señalaba que el Banco Central de Argentina estaba solicitando a los bancos que completen una planilla para identificar a los clientes que operen en el país y el exterior con divisas digitales.
El tweet estuvo acompañado por la captura de una planilla de Excel enviada por una cámara bancaria a sus miembros, en el que se pide nombre y CUIT, entre otros datos. Y desencadenó el temor de los ahorristas, muchos de los cuales apuraron a vender sus activos.
La medida fue confirmada por la autoridad monetaria, que argumentó que "es una práctica habitual pedir información a los bancos sobre distintos temas de interés antes de avanzar en la elaboración de regulaciones".
Dentro de la comunidad cripto local reina la incertidumbre. Pero mucho más entre los usuarios, quienes desconfían de que una intervención del Banco Central tenga fines meramente estadísticos.
Las casas de cambio de criptomonedas entran dentro del régimen de Proveedores de Servicios de Pago del Banco Central, por lo que reportan información a la autoridad monetaria y cumplen ciertos requisitos –aunque más laxos– que una entidad con licencia del organismo.
Al igual que otras fintech, como Ualá o Mercado Pago, estas compañías deben asegurar que el dinero de los usuarios esté en cuentas a la vista y demostrar que, si prestan dinero, lo hacen con fondos propios y no de depositantes. Es decir, no hacen "intermediación financiera".
En consecuencia, según la fuente, la norma termina perjudicando a los usuarios principiantes que recurren a empresas registradas en el país para comprar y vender estos activos, mientras que los bitcoiners avanzados suelen utilizar herramientas que escapan al control de las autoridades.
Estas últimas son las plataformas P2P (persona a persona), como Paxful, Airtm o Binance, que no reportan datos al BCRA pues no comercializan criptoactivos: son marketplaces que conectan compradores y vendedores a cambio de una comisión. Sin embargo, la mayoría de las operaciones se resuelve con transferencias bancarias.
Más allá del plano local, el directivo remarca que "no hay que perder de vista el 'relato regulatorio' internacional para evitar el lavado y financiamiento del terrorismo, acelerado por el ingreso de inversores institucionales, que seguramente llevará a mayores controles".
En el sector muchos interpretan que la última medida del BCRA es una "misión exploratoria" como antesala del debate del proyecto de ley firmado por Liliana Schwindt y Marcos Cleri, del Frente de Todos, que podría tratarse en las próximas semanas.
El texto propone a la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación y obliga a las empresas de criptoactivos a ser "sujetos obligados" de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Es decir, sus clientes deben justificar el origen de fondos y reportar al organismo las transacciones sospechosas de lavado o financiamiento al terrorismo. Algo que, actualmente, hacen de manera voluntaria los exchanges.
El requerimiento del BCRA llegó a través de una nota enviada a las cuatro entidades que agrupan a los bancos, ABA (extranjeros), Adeba (nacionales), Abappra (públicos y privados) y ABE (especializados). También llegó a la Cámara Argentina de Fintech, a la que pertenecen muchas de las principales empresas que operan con criptomonedas en el país.
La nota que llegó a esas instituciones pide todos los datos "tendientes a permitir la identificación de aquellos clientes de los que se tenga conocimiento que administran, gestionan, controlan y/o procesan movimientos de activos y/o pagos a través de plataformas de gestión electrónica por cuenta y orden de personas humanas y jurídicas residentes en el país o en el exterior, empleando criptoactivos".
Para no dejar ninguna actividad fuera del control, el BCRA agregó que se debe incluir también "a quienes brindan servicios de resguardo de los criptoactivos" o a quienes "hayan constituido granjas de minado de criptoactivos y/o hayan implementado plataformas de inversión y/o financiamiento basadas en ellos".
El pedido incluye a aquellos que hayan hecho operaciones desde el 1 de abril de 2020 y debe ser presentado ante el BCRA hasta el 30 de abril. De cada operador deberá informarse el nombre o razón social, el CUIT, sus datos de contacto (domicilio, teléfono, email) y también los "tipos de productos y/o servicios que los clientes tienen contratados con la institución informante".
En este contexto, el abogado Víctor Castillejo presentó un habeas data ante el Juzgado Nacional en contra del BCRA para frenar la recolección de datos de la entidad sobre las operaciones relacionadas los activos cripto. Y espera tener novedades para los próximos en quince días.
"Encima lo anunciaron el viernes, fin de semana de Pascuas con poco tiempo. Trabajé todo el fin de semaña para poder presentarlo hoy", afirma a iProUP.
Según el letrado, no solo se propone un tiempo muy corto para informar los datos (este miércoles), sino que se trata de una acción "ilegítima" que vulnera la privacidad de los usuarios.
"Los datos personales tienen un valor determinado y merecen ser protegidos. Mucho más cuando hablamos de los datos financieros de las personas. La intención del habeas data es plantear resistencia a esa base de datos que está tratando de crear el BCRA. La idea es que se elimine o se disocien esos datos y que expliquen por qué están acumulando esos datos, para qué sirven, a dónde los van a mandar y por qué razón. Esos son todos derechos que tenemos los ciudadanos y debemos saberlos", remarcó el abogado.
"Nosotros presentamos el expediente. Ahora estamos esperando que el juzgado nos habilite a presentar adhesiones. Esperamos que el Banco Central dé explicaciones de por qué entiende que tiene potestad para pedir este tipo de información", afirma.
"Se mete de lleno con el derecho a la intimidad y privacidad de las personas, y el derecho a la protección de datos personales. Y también el derecho a que terceros se abstengan de inmiscuirse en el ámbito privado, a no ser que exista una ley mediante la cual puedan restringir ese derecho, y que un Juez lo permita. Consideramos que esta base de datos es Ilegítima", detalla.
En la presentación el abogado expone que el requerimiento viola el derecho colectivo y constitucional de la clase que busca representar y solicita que se lo tome como parte y representante de clase de quienes puedan verse afectados. De esta forma, y si se le hace lugar, miembros de la comunidad cripto podrán adherirse a la denuncia.
De acuerdo a un informe presentado por Proyecto DIDI (Identidad Digital para la Inclusión), impulsado por el laboratorio de innovación del Grupo BID (BID Lab) y la ONG Bitcoin Argentina, el impulso al desarrollo de iniciativas en torno a la identidad digital, la tecnología blockchain y los criptoactivos, podría beneficiarse de revisiones normativas que generen condiciones más propicias, tal como sucede en otros países del mundo.
La investigación, titulada "Regulación de blockchain e identidad digital en América Latina", fue publicada como parte de la serie "El futuro de la identidad digital" y fue apoyada por BID Lab y LACChain, la Alianza Global para el desarrollo de blockchain en América Latina y el Caribe.
El informe, que supone el primer trabajo publicado en la materia, explica los marcos regulatorios en la región y analiza estrategias para mejorar las condiciones legales para la implementación de proyectos de esta índole.
"Proyecto DIDI ha desarrollado e implementado el primer modelo de identidad digital auto-soberana de América Latina basado en blockchain con el objetivo de disminuir la asimetría informativa que afecta a personas que se desenvuelven en entornos de informalidad dificultando su acceso a bienes y servicios de calidad", explicó afirmó Javier Madariaga, director de Proyecto DIDI.
"Dada la posibilidad de expandir y trasladar este proyecto a otros países de la región, trabajamos en la elaboración de este informe que busca dar cuenta del estado de situación legal y elaborar una serie de líneas de trabajo posibles para el impulso de este tipo de programas", remarcó.
Madariaga agregó que "en este sentido, reconocemos la necesidad de revisar y mejorar los marcos normativos en la región de manera que sea posible aprovechar las oportunidades que los avances tecnológicos ofrecen para prosperar en el empoderamiento de las personas en condiciones de vulnerabilidad".
"Queremos que este documento sirva de insumo para que los hacedores de política puedan tomar decisiones a partir de información fehaciente en resoluciones que contribuyan a una sociedad con mayor inclusión", añadió.