La respuesta a cuántos créditos se refinanciaron realmente depende de qué se cuente, y esa diferencia es el centro de la disputa.
Los bancos estimaron que ya refinanciaron más de 500.000 créditos morosos, a partir de los datos publicados por la Central de Deudores del Banco Central.
Javier Bolzico, titular de ADEBA (la cámara que nuclea a bancos argentinos privados y públicos), lo planteó como argumento político: "La forma virtuosa de abordar el tema es mediante refinanciaciones voluntarias, acordadas entre el deudor y los bancos; ya se refinanciaron más de 500.000 créditos bancarios, prueba de que el sistema funciona sin intervención del Estado".
La consultora EcoGo contabiliza distinto: 386.000 personas en julio de 2026, equivalentes al 6,5% del total de deudores morosos si se incluye al sector financiero y a las fintech.
La discrepancia no es un error de nadie. Es que un crédito no equivale a una persona. Un mismo deudor puede tener refinanciado su préstamo personal y su tarjeta de crédito, y eso cuenta como dos operaciones pero un solo individuo.
El caso del Banco Nación lo ilustra: 109.507 operaciones refinanciadas durante 2026 correspondientes a 95.626 usuarios. Son catorce mil operaciones más que personas.
Esteban Vidal, analista especializado en datos del sistema financiero, señala por qué la distinción no es menor: "Cuando una cámara comunica operaciones y una consultora comunica personas, el mismo fenómeno puede parecer el doble de grande. En un debate donde se está discutiendo si hace falta una ley, la unidad de medida deja de ser un detalle técnico y pasa a ser un argumento."
El desglose que surge de los datos del BCRA permite dimensionar el universo completo.
Hay 3,08 millones de personas morosas con deudas de $13,38 billones en el sector bancario y 4,25 millones de individuos con irregularidad en sus pagos por $5,09 billones en plataformas financieras.
Como una misma persona puede tener deudas con bancos y con fintech simultáneamente, el número total sin superposición arroja 5,9 millones de individuos.
El contraste entre ambos segmentos es revelador: las fintech tienen más deudores pero menos monto. El promedio de deuda bancaria por persona ronda los $4,3 millones, mientras el de las plataformas financieras se ubica cerca de $1,2 millones.
Eso confirma lo que los estudios de consumo vienen señalando: el crédito de billeteras y fintech llega a más gente y por montos más chicos, pero con tasas considerablemente más altas.
Las cifras son mucho más ambiciosas, aunque con una metodología que conviene leer con atención.
Las plataformas financieras estiman que los clientes contactados suman 2 millones de personas. Pero ese número incluye dos grupos distintos, los que efectivamente acordaron un plan de refinanciación y aquellos que aún no cerraron un acuerdo pero respondieron al contacto y se mostraron predispuestos.
En ese segundo caso no hay datos del BCRA que respalden la cifra.
La Cámara Argentina Fintech aportó un dato más preciso en su presentación ante el Congreso: de las 2,4 millones de personas con algún grado de irregularidad que tienen créditos otorgados por fintech y billeteras, el 90% ya cuenta con un esquema de refinanciamiento o asistencia.
Ese universo equivale al 16% del total de la mora del sistema financiero, aunque en la cartera propia del sector la irregularidad trepa al 30%.
Este es el hallazgo que debería ordenar todo el debate y que casi ninguna cobertura destacó.
Un informe de la consultora Econviews relevó cerca de 1,75 millones de casos en los que un deudor moroso (de un banco, billetera virtual o fintech) volvió a estar en situación normal entre agosto de 2024 y junio de 2026.
La recuperación, sin embargo, resultó muchas veces transitoria. Entre los casos que se regularizaron y sobre los que se pudo hacer un seguimiento constante durante al menos un año, el 48,5% volvió a caer en mora dentro de esos 12 meses. Prácticamente uno de cada dos.
Ese número le pone un límite concreto al argumento de que la refinanciación voluntaria alcanza. Si la mitad de los regularizados recae en menos de un año, la refinanciación resuelve el registro contable pero no la capacidad de pago.
Y conecta con lo que muestran las evidencias sobre el origen de esta crisis: los estudios del Observatorio de la Deuda Social de la UCA detectaron que el crédito se usó mayoritariamente para cubrir gastos corrientes, no consumo durable. Refinanciar una deuda que se tomó para comprar comida no resuelve que el mes siguiente haya que comprar comida otra vez.
Paula Renzi, economista especializada en crédito al consumo, plantea qué implica ese 48,5%: "La recaída a doce meses es el indicador más honesto de si una política funciona. Que casi la mitad vuelva a caer significa que estamos midiendo bien el síntoma y mal la enfermedad. El deudor no necesitaba plazo, necesitaba ingreso. Cuando la refinanciación baja la cuota pero el ingreso real sigue igual, lo que comprás son meses, no una solución."
El sector financiero está haciendo lobby activo para frenar los proyectos legislativos, y ese es el trasfondo de la difusión de estas cifras.
La oposición negocia unificar los proyectos de desendeudamiento mientras el oficialismo evalúa presentar uno propio. Se presentaron cerca de cincuenta iniciativas sobre el tema.
El cronograma de comisiones ya está fijado tras el emplazamiento aprobado por unanimidad en Diputados: reuniones informativas del plenario y dictamen previsto para fines de septiembre de 2026.
Entre las medidas que impulsan los proyectos figuran:
El Gobierno mantiene su posición: la morosidad es un problema entre privados y no habrá intervención estatal. Javier Milei sostuvo en una reunión de Gabinete que no existe una crisis de morosidad.