La reforma laboral que aprobó Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra debe volver al Senado porque la Cámara Baja introdujo una modificación en el texto ya sancionado por la Cámara Alta. Eso abre una nueva etapa antes de que el proyecto pueda convertirse definitivamente en ley.
El primer paso ocurre este mismo viernes 20 de febrero. A las 10 se reúnen en plenario la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para emitir dictamen sobre el cambio introducido por Diputados.
La convocatoria la firmaron la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche.
Si el dictamen sale en esa reunión, el oficialismo tiene previsto convocar a una sesión en el Senado para el viernes 27 de febrero. De conseguir los votos necesarios ese día (la Cámara Alta ya lo había aprobado el 12 de febrero por 42 a 30), el proyecto se convertiría finalmente en ley.
El timing no es casual: el Gobierno quiere cerrar esto antes del domingo 1 de marzo, cuando Javier Milei inaugura el período de sesiones ordinarias.
La modificación que generó este ida y vuelta fue la eliminación del artículo 44. Ese artículo establecía que un trabajador imposibilitado de trabajar por una enfermedad o accidente no laboral tenía derecho a percibir el 50% de su remuneración, con plazos de entre 3 y 6 meses según si tenía personas a cargo.
Los puntos clave de la reforma laboral
El proyecto introduce cambios profundos en las relaciones laborales. En materia de jornada, empleador y trabajador podrán acordar por escrito un régimen voluntario de compensación de horas extras, con registro fehaciente de las horas trabajadas. El banco de horas reemplaza el pago de horas extras por francos compensatorios, con un mínimo de 12 horas de descanso entre turnos y 35 horas semanales.
En cuanto a las vacaciones, se modifica el esquema actual: podrán fraccionarse en tramos de no menos de 7 días cada uno. Al menos cada 3 años (y en caso de vacaciones rotativas) los trabajadores deberán tener su receso en verano. El empleador deberá notificarlas con 30 días de anticipación (en lugar de los 45 actuales) y, de común acuerdo, podrán tomarse fuera del período habitual de octubre a abril.
Las indemnizaciones por despido no se eliminan, pero se recorta su alcance: quedan fuera del cómputo el aguinaldo, las vacaciones y los premios no mensuales. Las compensaciones se atan a la inflación con un plus del 3% anual, reemplazando el esquema anterior donde la actualización la fijaba el juez interviniente. Además, cobrar la indemnización implica cerrar cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido.
Para financiar esas indemnizaciones, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), integrado con el 3% del salario de cada trabajador. Las grandes empresas aportarán entre el 1% y el 1,5%, mientras que las pymes lo harán entre el 2,5% y el 3%. Si el fondo no alcanza, el empleador deberá cubrir la diferencia.
En materia salarial, se desplazan las negociaciones colectivas del salario básico en favor de pagos por mérito y productividad. Los sueldos podrán abonarse en pesos, moneda extranjera o en especie, donde pueden entrar las criptomonedas.
La reforma amplía el listado de servicios esenciales: telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, aeronáutica comercial, tráfico portuario, aduanas, migraciones y educación en todos sus niveles (salvo el universitario) deberán garantizar al menos el 75% de su funcionamiento normal ante una huelga.
Para reducir el trabajo informal, se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para empleadores que contraten desempleados o monotributistas. Además, se habilita una ventana de seis meses para regularizar trabajadores no registrados.
Otro cambio es la eliminación de la "ultraactividad": los convenios colectivos dejarán de renovarse automáticamente una vez vencidos, algo que hasta ahora ocurría hasta que se negociara uno nuevo.
Por último, se regula por primera vez a los trabajadores de plataformas como Rappi o Pedidos Ya. Se les reconoce el derecho a rechazar pedidos sin justificación, acceder a capacitación en seguridad vial a cargo de las empresas y recibir el 100% de las propinas. Además, las plataformas deberán proveer un seguro de accidentes que cubra fallecimiento, incapacidad y gastos médicos.
