La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el blanqueo laboral a través del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permitirá a las empresas regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con condonaciones de deuda de hasta el 90% y planes de pago de hasta 72 cuotas.
El plazo para adherirse vence el 28 de noviembre de 2026 y alcanza a vínculos iniciados hasta el 5 de marzo de este año.
La Resolución General 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial, formalizó la implementación del PER, creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
El esquema está dirigido exclusivamente al sector privado y permite regularizar tanto relaciones laborales totalmente no registradas como aquellas deficientemente registradas, por ejemplo, con fechas de ingreso posteriores a las reales o remuneraciones inferiores a las efectivamente pagadas.
También podrán incluirse casos detectados en inspecciones laborales, incluso si la deuda se encuentra en discusión administrativa o judicial.
El régimen contempla una condonación parcial de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social, con porcentajes diferenciados según el tamaño de la empresa:
Micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro: 90% de quita
Medianas empresas (Tramo 1 y 2): 80% de quita
Grandes empleadores: 70% de quita
Además, se condona el 100% de las deudas vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, la Ley de Riesgos del Trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.
La deuda no condonada podrá cancelarse al contado, con una reducción adicional de 50%, o mediante planes de facilidades de pago con tasas de financiación del 1% mensual.
Los planes ofrecen hasta 72 cuotas para micro y pequeñas empresas, 48 para medianas y 36 para grandes, con anticipos mínimos del 3%, 4% y 5%, respectivamente.
Los trabajadores regularizados obtendrán reconocimiento jubilatorio de hasta 60 meses de servicios para el cómputo de su futura jubilación, además de acceder a cobertura plena en seguridad social.
Para las empresas, el régimen implica la extinción de la acción penal tributaria y cambiaria, así como la eliminación de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Desde las cámaras empresarias se destacó que la medida aporta previsibilidad jurídica y reduce la litigiosidad, un factor que suele desalentar la contratación de nuevos puestos.
El blanqueo laboral reglamentado por ARCA busca reducir la informalidad y ofrecer un alivio fiscal a las empresas, con beneficios que incluyen quitas de deuda, planes de pago flexibles y reconocimiento de aportes para los trabajadores.