World Liberty Financial, el proyecto cripto asociado al presidente Donald Trump y su familia, quedó bajo presión después de denuncias vinculadas con presuntas irregularidades financieras y fallas relacionadas con protección de inversores minoristas.
La senadora demócrata Elizabeth Warren solicitó formalmente que la SEC avance con una investigación integral sobre las operaciones del proyecto tras conocerse reportes relacionados con manejo de tokens y posibles incumplimientos regulatorios.
La información trascendió públicamente el jueves 14 de mayo, cuando Warren pidió al titular del organismo regulador, Paul Atkins, verificar eventuales engaños contra compradores minoristas o infracciones vinculadas con leyes de valores.
La senadora también sostuvo que la aplicación de normas regulatorias debe mantenerse completamente imparcial, independientemente del peso político o las conexiones institucionales que posean los involucrados dentro del proyecto.
Las dudas alrededor de World Liberty Financial crecieron después de una operación detectada durante abril, cuando la compañía consiguió un crédito por u$s75 millones utilizando 5.000 millones de tokens WLFI como garantía financiera.
Según información difundida por el mercado, esos activos digitales tenían una valuación teórica cercana a u$s440 millones y fueron utilizados dentro de una estructura financiera que despertó cuestionamientos regulatorios y operativos posteriores.
La transacción incluyó aproximadamente u$s65,4 millones correspondientes a la stablecoin USD1, emitida por el propio proyecto, además de otros u$s10,3 millones en USDC utilizados como parte complementaria.
Reportes adicionales indicaron que Corey Caplan, director tecnológico de World Liberty Financial, también ocupa cargos ejecutivos dentro de Dolomite, situación que incrementó dudas relacionadas con eventuales conflictos internos de interés entre ambas compañías.
Después de conocerse públicamente estos movimientos, el token WLFI registró una caída cercana al 10%, mientras crecían cuestionamientos relacionados con liquidez y posibles efectos negativos sobre usuarios vinculados con Dolomite y World Liberty Financial.
Elizabeth Warren sostuvo que el tamaño de la transacción terminó afectando directamente la liquidez operativa de Dolomite, impidiendo que distintos usuarios pudieran retirar fondos propios de manera rápida y dentro de plazos habituales.
El escenario regulatorio del proyecto también se volvió más complejo después de que el inversor Justin Sun presentara durante abril de 2025 una demanda federal en California contra World Liberty Financial y sus responsables.
Dentro de esa presentación judicial, Sun aseguró que la empresa le bloqueó operaciones vinculadas con tokens valuados en aproximadamente u$s1.000 millones luego de negarse a realizar nuevas inversiones dentro del proyecto de dólar digital.
La demanda además sostiene que la compañía modificó unilateralmente reglas internas de gobernanza para impedir determinadas operaciones de trading sin consultar previamente a poseedores de tokens mediante mecanismos habituales de votación comunitaria.
Frente a esas acusaciones públicas, Zach Witkoff, director ejecutivo de World Liberty Financial, rechazó completamente los planteos realizados por Justin Sun y aseguró que las denuncias carecen actualmente de fundamentos sólidos verificables.
Eric Trump, quien participa como cofundador del proyecto, también descartó públicamente los reclamos judiciales mediante publicaciones realizadas en redes sociales tras la difusión de nuevas acusaciones relacionadas con el funcionamiento interno de la plataforma.
Mientras tanto, el caso ganó todavía más relevancia política después de que el Comité Bancario del Senado aprobara recientemente la Ley Clarity, orientada específicamente a establecer normas regulatorias para activos digitales y criptomonedas.
Durante ese debate legislativo, Elizabeth Warren intentó incorporar restricciones destinadas a impedir que funcionarios gubernamentales o familiares obtuvieran beneficios económicos directos provenientes de negocios relacionados con activos cripto mientras permanecieran ejerciendo funciones públicas.
En paralelo, la SEC todavía debe responder consultas vinculadas con el calendario previsto para desbloquear tokens, ya que los inversores iniciales enfrentarían restricciones de venta durante al menos dos años bajo las condiciones vigentes.