Argentina tiene un problema fiscal que no es nuevo, pero que en la era digital se volvió insostenible: Ingresos Brutos. El impuesto que nació para gravar transacciones analógicas en un país fragmentado en 24 jurisdicciones hoy actúa como un freno de mano para la economía digital.
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), junto al Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), publicó un informe que pone números a algo que muchos empresarios del ecosistema digital venían denunciando en voz baja: el sistema impositivo vigente castiga a quienes operan de manera formal y premia la informalidad.
El e-commerce crece, pero con una mochila enorme
Las cifras del sector son llamativas. Argentina es el tercer mercado de e-commerce de América Latina, con una facturación que supera los $34 billones y un crecimiento interanual del 55%. En un contexto macroeconómico tan volátil, ese dinamismo es casi un milagro. Pero tiene un talón de Aquiles: la estructura tributaria provincial que lo rodea.
El problema central es que las ventas digitales están sometidas a retenciones automáticas de Ingresos Brutos, mientras que las operaciones en efectivo —por su naturaleza menos trazable— quedan fuera de esos regímenes. El resultado es absurdo pero real: formalizarse cuesta caro, y la informalidad tiene ventajas competitivas concretas. Un vendedor que opera en efectivo, sin plataforma, sin factura electrónica y sin registro, paga menos que uno que vende por Mercado Libre, usa una pasarela de pagos y emite comprobantes.
Eso no es neutralidad fiscal. Es un incentivo perverso a escala nacional.
Cinco formas en que Ingresos Brutos daña al ecosistema digital
El informe de CACE e IDESA identificó cinco efectos nocivos concretos del esquema actual sobre el ecosistema digital argentino. Vale la pena detallarlos porque van mucho más allá del debate tributario clásico:
1. Barrera a la formalización
Las retenciones anticipadas desincentivan a los vendedores informales a incorporarse al sistema. Registrarse implica quedar automáticamente expuesto a descuentos sobre cada transacción, lo que reduce el margen de manera inmediata. Para un microemprendedor que vende por redes sociales o en ferias, la ecuación no cierra.
2. Menor eficiencia recaudatoria
Al favorecer operaciones en efectivo, el Estado se priva de la trazabilidad que ofrece el canal digital. Paradójicamente, el canal más fácil de fiscalizar —y por lo tanto el más útil para el fisco— termina siendo el más gravado. El resultado: más evasión, no menos.
3. Descapitalización empresaria
La retención automática inmoviliza capital de trabajo. Las empresas adelantan impuestos que no siempre pueden recuperar de manera ágil, acumulando saldos a favor que quedan congelados en el sistema. Para una pyme digital que necesita reinvertir mes a mes, eso es oxígeno que se le corta.
4. Brecha entre grandes y chicos
Las empresas de mayor tamaño tienen equipos contables y legales que les permiten optimizar su carga fiscal, recuperar saldos y navegar la complejidad de 24 regímenes distintos. Las pymes no. Ingresos Brutos, en su diseño actual, es un impuesto regresivo dentro del propio sector empresarial.
5. Distorsión de precios a nivel nacional
Como las plataformas de e-commerce operan con precios uniformes en todo el país, los consumidores de provincias con menor carga impositiva terminan subsidiando a los de jurisdicciones con mayor presión fiscal.
Un comprador en una provincia de baja alícuota paga un precio que incluye el costo tributario de otra provincia. Eso no es federalismo fiscal: es un desorden.
El peso real del impuesto y la propuesta
Para entender por qué este debate es tan difícil de resolver, basta con mirar un dato: Ingresos Brutos representa más del 80% de la recaudación provincial y equivale al 4% del PBI. Las provincias no pueden simplemente eliminarlo. Su dependencia es estructural.
Pero esa dependencia tiene un costo que hasta ahora se externalizaba silenciosamente hacia el sector privado, los consumidores y la economía informal. El informe argumenta que esa ecuación es insostenible: un impuesto tan complejo —con 24 regímenes distintos— resulta más costoso de cumplir que de evadir.
La CACE no se limitó al diagnóstico. Presentó una hoja de ruta concreta con dos ejes principales.
El primero es estructural: unificar los impuestos al consumo, de manera que el IVA absorba tanto a Ingresos Brutos como a las tasas municipales. El objetivo no es bajar la presión fiscal total, sino simplificar radicalmente el sistema, reducir los costos de cumplimiento y eliminar la evasión que hoy prospera en la complejidad. Un solo impuesto, administrado por la AFIP, con un régimen de coparticipación renovado hacia las provincias.
El segundo eje es operativo: transformar los regímenes de retención anticipada en mecanismos de información, no de pago adelantado. Esto eliminaría el problema de descapitalización sin afectar la capacidad fiscalizadora del Estado. Las empresas seguirían reportando sus operaciones (algo que ya hacen), pero sin la obligación de adelantar fondos que hoy generan saldos de difícil recuperación.
Una reforma que también le conviene al Estado
Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, lo resumió con precisión: "La simplificación del sistema no solo beneficiará a empresas y consumidores, sino que también permitirá ampliar la base imponible y mejorar la fiscalización a través de canales más eficientes y trazables".
El argumento es potente porque invierte la lógica habitual del debate tributario. No se trata de pedirle al Estado que recaude menos, sino de pedirle que recaude mejor. Un sistema más simple, con menos fricciones para la formalización, captura a actores que hoy están fuera del radar fiscal. La base se amplía, la evasión cae, y el costo administrativo (tanto para el Estado como para las empresas) se reduce.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había señalado a Ingresos Brutos como uno de los problemas del sistema tributario argentino. Que ahora el sector privado llegue con un informe técnico y propuestas concretas sobre la mesa cambia la naturaleza del debate: ya no es solo una queja, es una agenda de reforma.
La reforma que propone la CACE requiere de algo que en Argentina siempre escasea: coordinación entre Nación y provincias. Ninguna provincia va a resignar voluntariamente el 80% de su recaudación sin una garantía creíble de que el sistema alternativo le asegure ingresos equivalentes. Eso implica renegociar la coparticipación, modificar el Convenio Multilateral y construir consenso político en 24 distritos con intereses distintos.
No es imposible. Pero tampoco es sencillo. Lo que sí parece claro es que el costo de no hacer nada —seguir penalizando la formalización, descapitalizando pymes y distorsionando precios— ya no es gratis. El e-commerce argentino creció a pesar del sistema tributario. La pregunta es cuánto más podría crecer si el sistema dejara de frenarlo.
