El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, participó de una reunión, junto a representantes de la UIF, el BCRA y la AFIP.
En la reunión se presentó el proyecto de reforma a la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, tras once años desde su última modificación.
Tanto Negri, como el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el director del Banco Central, Zenón Biagosch; y Verónica Grondona, Directora de Fiscalidad Internacional de la AFIP, pidieron aprobar la reforma en vista de la preparación del país de cara a la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el año próximo.
Los funcionarios expusieron detalles de la propuesta de modificaciones a la Ley 25.246 ante miembros de las Comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación.
Entre otros puntos, el proyecto busca otorgar mayor autonomía y autarquía funcional a la UIF, establece una base única de beneficiarios finales a cargo de la AFIP y crea un registro de proveedores de servicios de activos virtuales en cabeza de la CNV.
En tal sentido, Negri sostuvo que "tenemos que ser capaces de crear un registro que cumpla los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo".
Y detalló "que espera que también brinde seguridad a los usuarios sobre la solvencia de las empresas, protección de sus ahorros, así como el uso que se hace de los datos personales".
Explicó que el modelo de regulación de los intermediarios cripto fue tomado de experiencias regionales e internacionales de países que ya superaron evaluaciones del GAFI y que, en caso de aprobado por el parlamento, debería entrar en vigencia de forma progresiva".
El director Martín Breinlinger y el subgerente de Protección del Inversor y Educación Financiera de la CNV, Ricardo Lazzari, acompañaron a Negri al encuentro en la Cámara de Diputados.
En Uruguay la cámara Fintech creó en 2018 una Comisión especial para tratar a estos activos digitales y con el objetivo de desarrollar un marco regulatorio específico para el sector.
Recién en 2021 el Banco Central de Uruguay (BCU) publicó un comunicado donde aseguró que durante ese año tuvo a un grupo de trabajo dedicado a estudiar el tema.
Más tarde, mediante su programa de innovación financiera Nova BCU, agregaron un documento que prepara el terreno para una posible regulación.
Allí se definió a un activo virtual como una "representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro".
Sin embargo, la regulación no caería en el activo, sino en los distintos servicios que lo involucran. De este modo, el foco principal estaría puesto en las actividades comerciales que se generan alrededor de los activos virtuales.