La pregunta sobre quién debe vigilar Internet mantiene hace muchos años en vilo a empresas, reguladores y activistas. Las redes sociales gastan miles de millones en moderar los contenidos publicados en sus plataformas, pero siguen siendo criticadas por no hacer suficiente esfuerzo por eliminar la toxicidad o por dar un golpe a la libertad de expresión.
No son las únicas que se enfrentan al problema. Los bancos y las empresas emisoras de tarjetas de crédito también se encuentran desempeñando un papel cada vez mayor en lo que se dice y hace en los terrenos públicos, para malestar propio y de sus clientes.
Ahora, la frontera de la censura se extiende aun más, hasta el ámbito de la pornografía. Ahora la censura llega incluso al ámbito de la pornografía. Desde el 15 de octubre los sitios web pornográficos de todo el mundo tendrán que verificar la edad y la identidad de toda persona que aparezca en una imagen o un vídeo, así como la identidad de quien suba dicho contenido.
Esto implica además que deben poner en marcha procesos rápidos de reclamos y revisar todos los contenidos antes de publicarlos. Estos requisitos no fueron impuestos por los reguladores, sino por Mastercard, el gigante de las tarjetas de crédito.
Los sitios web siempre pueden optar por no trabajar con Mastercard pero, dado que la empresa gestiona alrededor del 30% de todos los pagos con tarjeta realizados fuera de China, hacer otra cosa sería más costoso.
Visa, que gestiona otro 60% de los pagos, también adopta una postura más firme con los sitios para adultos y la tendencia va más allá del porno. En los rincones más oscuros de la web, y en los sectores en los que la legislación es ambigua o está desfasada, las empresas financieras se ven convertidas en reguladores de facto.
Desde el cambio de siglo, "los pagos se han convertido en un instrumento de la política nacional e internacional", explicó Aaron Klein, del Instituto Brookings.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos introdujo nuevas normas contra el blanqueo de dinero y sanciones más selectivas. Este tremendo sistema obliga a las compañías financieras a bloquear los pagos a los individuos incluidos en una lista que hoy tiene 1.604 páginas.
Otros que pidieron ayuda a los bancos fueron los gobiernos. En 2006 se creó en los Estados Unidos una Ley contra el Juego Ilícito en Internet tras el furor por los sitios para jugar poker en línea.
Esta ley atribuyó la responsabilidad de bloquear las transacciones no a los proveedores de servicios de Internet que permitían el acceso a los sitios de póker, sino a las compañías que permitían los pagos.
Cuando la mayoría de los estados estadounidenses legalizaron de algún modo el sector del cannabis, su crecimiento fue cortado de raíz con unas leyes federales que disuaden a los bancos de tratar con los magnates de la marihuana.
Ceder la obligación de hacer cumplir la ley a las empresas libera al contribuyente de una parte del costo. Mientras tanto, los departamentos de cumplimiento normativo de las empresas han crecido muchísimo.
Es por eso que grandes bancos como HSBC o JPMorgan Chase, tienen entre 3.000 y 5.000 especialistas para luchar contra la delincuencia financiera, y más de 20.000 en las áreas de riesgo y cumplimiento. Según Accenture, en 2017 ya eran 100.000 los moderadores de contenido contratados por tecnológicas.
Cuando los bancos rechazan tratar con un cliente en un ámbito como el de la pornografía o el juego debido al "riesgo reputacional", a veces eso quiere decir que "un regulador bancario les ha susurrado: 'No nos gusta que estén en este negocio'", remarcó Greg Baer, del Bank Policy Institute, un organización estadounidense del sector.
También los activistas han ejercido presión y han logrado que las empresas abandonen a clientes impopulares. Sin embargo, en algunos sectores, el hecho de que varios bancos tengan problemas con estos temas es otro problema en sí mismo.
En agosto OnlyFans informó que ya no permitirían material explícito debido a la presión de socios entre los que se contaban BNY Mellon, Metro Bank y JPMorgan. Al final fueron para atrás con la prohibición, después de que activistas a favor del porno hayan hecho más ruido que los detractores.
El casi duopolio de Visa y Mastercard en los pagos con tarjeta hace que sus decisiones sean más poderosas, y convierte a esas empresas en el principal objetivo de los manifestantes. En 2019, SumOfUs, un grupo de presión de izquierdas, presentó una propuesta en la reunión anual de Mastercard con el objetivo de detener los pagos a grupos de extrema derecha, propuesta que fue rechazada.
Treinta y cuatro mujeres han demandado a Visa y a los propietarios del sitio pornográfico Pornhub ya que alegan que albergaba imágenes no consentidas de ellas. Los sitios de porno ilegal "se preocupan mucho más por sus finanzas que por la ley", añadió Laila Mickelwait, miembro de Justice Defense Fund, ONG que ayuda a litigar a las víctimas de abusos sexuales.
Mickelwait aseguró que cuando las empresas financieras cambian sus políticas, éstas se aplican a nivel mundial. El año pasado, Visa y Mastercard bloquearon Pornhub por albergar material potencialmente ilegal.
Las empresas de pago, en particular, se enfrentan a un dilema filosófico. "Por un lado, intentan ser muy abiertas, aceptan, están dispuestas a facilitar los pagos a quien sea. No toman ningún tipo de postura política o moral", resaltó Lisa Ellis de MoffettNathanson, una firma de investigación. "Pero, por otro lado, también sienten que tienen una gran responsabilidad a la hora de asegurarse de que no están ayudando a cometer ni permiten ningún tipo de delito".
Visa y Mastercard sostienen que, en tanto que empresas globales, su principio rector es la legalidad local. Esto ocasionó algunos inconvenientes: un ejecutivo contó que sus clientes le informaron que en un país escandinavo de que la zoofilia era legal en aquel momento. No todo es blanco o negro.
En 2017, tras una manifestación de extrema derecha en Virginia, Mastercard cerró el uso de sus tarjetas en sitios web que habían hecho "amenazas específicas o incitado a la violencia", aunque siguió tratando con otros sitios calificados como grupos de odio.
"Nuestro criterio es ceñirnos a que la actividad de un comerciante sea legal, incluso cuando no estemos de acuerdo con lo que diga o haga", declaró entonces la compañía.
En las zonas grises tienen motivos para pecar de precavidos. Aparecer en una denuncia de tráfico sexual o ser acusado de ayudar a los nazis no es algo que tenga buen aspecto. Trabajar con un sitio web para adultos situado en el límite de la legalidad y según Ellis "no tiene muchas ventajas y sí muchas desventajas". Y, en las zonas legalmente delicadas, puede resultar más barato imponer una prohibición general que analizar uno a uno todos los casos difíciles.
En los ámbitos políticos en los que la ley aún no se ha puesto al día, las compañías financieras pueden acabar redactando ellas mismas la normativa. Hace dos años, Mastercard introdujo normas para las empresas que ofrecen pruebas gratuitas y exigió que se avisara a los clientes antes del inicio de los cobros.
Sin embargo, otras políticas implican auténticos compromisos entre valores como la libertad de expresión y la seguridad.
El requisito de Mastercard de que los sitios para adultos revisen el contenido antes de publicarlo debería ayudar a eliminar el material ilegal, pero es probable que suponga también menos material legal.
La compañía señala que bloqueará los sitios que utilicen la inteligencia artificial para "desnudar" imágenes de personas vestidas, algo que en la mayoría de los países no es contrario a la ley. Un ejecutivo de otra empresa se pregunta si esas decisiones no deberían ser tomadas, en realidad, por los gobiernos. "En los casos grises, ¿quién preferimos que tome las decisiones?", se pregunta.
Y aparecen nuevos dilemas como el problema de las estafas por correo electrónico dirigidas a personas mayores vulnerables. Las compañías financieras se ven presionadas a detener la transferencia de fondos a los estafadores, pero también respetar la autonomía de los clientes mayores. En marzo, un grupo de bancos australianos pidió una legislación más clara sobre la materia.
Mientras la legislación vaya a la zaga, las instituciones financieras se encontrarán en una posición difícil: enfrentarse a las acusaciones de ser una "policía moral" o de permitir que se cometan actos ilícitos. Como dijo Richard Haythornthwaite, entonces presidente de Mastercard, a quienes protestaban en la reunión anual de la compañía en 2019: "Si es legal, tenemos que respetar la transacción. Si es algo que va contracorriente de la sociedad, es la sociedad la que debe levantarse y cambiar la ley", según una nota del sitio La Vanguardia.