Latinoamérica es una de las regiones en las que bitcoin encontró un terreno fácil para expandirse a través de exchanges, startups y la capacitación de desarrolladores. A pesar de ese empuje, la criminalidad relacionada con el uso de la criptomoneda más popular, también aumentó.
En 2020, debido a las cuarentenas generalizadas por COVID-19, el cibercrimen se disparó en todo el mundo. Los países de Latinoamérica no han escapado a esta realidad, según afirmó Pamela Clegg, directora de investigaciones y adiestramiento de CipherTrace, una de las mayores firmas de inteligencia blockchain en la actualidad.
La ejecutiva destacó que los delitos son cometidos, en su mayoría, en tres países: Colombia, México y Argentina. La mayoría de los casos abarcan extorsiones, sextorsiones, estafas y ransomware, indicó Clegg a este periódico.
"En Colombia y Argentina vemos muchos casos de estafas y extorsiones. En México los carteles usan las criptomonedas para lavar dinero. Con la transparencia que tenemos y la regulación que hay en México, supimos cuál cartel fue y cuánto (dinero) estaban lavando", afirmró la directora.
Sobre Venezuela, otro de los países de la región en donde bitcoin tomó protagonismo, Clegg mencionó que CipherTrace lo que ha detectado es comercio entre personas (P2P) y no tanto delitos. Además, también informó que los cajeros automáticos de bitcoin en la frontera entre Colombia y Venezuela han aumentado, lo que les ha servido a algunos venezolanos para hacer sus operaciones y luego regresar a su país.
En cuanto al Petro, la supuesta criptomoneda promocionada por el gobierno de Venezuela, la investigadora comentó que no la rastrean, pero que sí la tienen en observación porque sirve para "evitar las sanciones" de los Estados Unidos.
Por otro lado, la directora de investigaciones se refirió el tema de Monero y su privacidad. En septiembre del año pasado CipherTrace informó que había creado un método para rastrear las transacciones en Monero, algo que generó escepticismo en la comunidad de las criptomonedas.
Consultada sobre estos avances, Clegg señaló que la criptomoneda orientada a la privacidad utiliza una "cortina" que no permite detallar lo que ocurre con las transacciones en la blockchain. No obstante, se dieron pasos para identificar transacciones, al menos en el campo de las probabilidades.
"Lo que hicimos fue dar un primer paso para poder ver a Monero. Ya podemos ver los decoys, es decir, las direcciones que se usan para esconder una dirección de envío. Lo que estamos viendo son las firmas de anillo, y podemos ver con probabilidad cuál es la verdadera. No hay atribución, es una estadística", explicó Clegg.
Pero además aclaró que está consciente de la privacidad de los usuarios y que CipherTrace no etiqueta direcciones con nombres y apellidos. Lo que este tipo de compañías realiza es identificar si una dirección en específico le pertenece a un exchange, si está relacionada con un ransomware o la dark web, por ejemplo.
En el campo de las regulaciones, la directora consideró que son necesarias, pero también opinó que debe tomarse en cuenta el concepto original de las criptomonedas, es decir, de estar desconectadas del "sistema".
"Las personas que dicen que no quieren regulación son las mismas personas que, cuando les hurtan sus bitcoins, dicen ‘por qué ese exchange no sabe de quién es la cuenta que recibió mis bitcoins robados’, para eso es que sirve la regulación", expresó la ejecutiva.
Para Clegg, los lineamientos a considerar para fiscalizar las criptomonedas deben incluir la previsión y la regulación. Según afirmó, son los propios reguladores los que están llamando a los exchanges, a las empresas que ofrecen servicios, para que ellos sean parte de la solución.
Fuente: CriptoNoticias.