OpenAI fue demandanda por la aseguradora japonesa Nippon Life, que le reclama u$s10 millones por el supuesto asesoramiento legal que ChatGPT brindó a una exclienta, lo que derivó en litigios que ya habían sido cerrados por acuerdo.
La compañía acusa al desarrollador de ChatGPT de haber intervenido de manera ilícita en contratos vigentes y de ejercer la abogacía sin autorización estatal.
Según el escrito, la inteligencia artificial habría inducido a una usuaria a incumplir un acuerdo de conciliación firmado en 2024, lo que generó nuevos procesos judiciales.
La disputa comenzó en 2022, cuando una asegurada reclamó a Nippon Life la suspensión de pagos de su póliza de incapacidad.
Tras varios meses de litigio, ambas partes alcanzaron un acuerdo en enero de 2024, que incluía una compensación económica y el cierre definitivo de cualquier acción judicial.
Sin embargo, la clienta no quedó conforme y, un año más tarde, consultó a ChatGPT sobre la validez del pacto.
De acuerdo con la demanda, la usuaria recibió respuestas de ChatGPT que reforzaron su idea de reabrir el caso. Incluso despidió a su equipo legal luego de que la IA respondiera afirmativamente a sus dudas sobre una supuesta manipulación emocional.
En enero de 2025, presentó una moción redactada con ayuda de la IA para anular el acuerdo y demandó nuevamente a Nippon, además de iniciar acciones contra otras entidades vinculadas, como Davies Life & Health y Allsup.
Por su parte, Nippon sostiene que la clienta se apoyó en "argumentos legales erróneos o inventados", conocidos como alucinaciones de la IA, que incluyeron precedentes judiciales inexistentes y citas fuera de contexto.
La aseguradora solicita u$s300.000 en daños compensatorios por los gastos legales derivados de los intentos de reapertura del caso, además de u$s10 millones en daños punitivos y el pago de costas y honorarios.
OpenAI actualizó sus políticas en octubre de 2025, prohibiendo expresamente que ChatGPT ofrezca asesoramiento personalizado en ámbitos médicos, legales y financieros.
Sin embargo, los hechos denunciados ocurrieron antes de esa restricción, lo que abre un debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente al uso de sus herramientas.