El Gobierno eximió del Impuesto al Cheque a las fintech, las exchanges de criptomonedas y las empresas de tarjetas de crédito y débito.
La medida fue formalizada este jueves a través del Decreto 475/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Las nuevas exenciones entran en vigencia de forma inmediata y alcanzan a todos los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de este jueves 18 de junio.
En los considerandos, el Ejecutivo explicó que resultaba necesario "adecuar la normativa aplicable a ciertos actores en atención a los adelantos tecnológicos" y, al mismo tiempo, igualar el tratamiento fiscal entre quienes realizan actividades similares dentro del sistema financiero pero que hasta ahora tenían cargas impositivas diferentes.
El cambio más esperado por la industria es la incorporación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), es decir las empresas cripto, al listado de actividades beneficiadas.
Las cuentas bancarias que utilicen de forma exclusiva para sus operaciones quedarán exceptuadas del gravamen, siempre que estén inscriptas en el registro de la Comisión Nacional de Valores y en el de la ARCA.
Hasta ahora, las exchanges y plataformas cripto que operan legalmente en la Argentina enfrentaban una carga impositiva adicional sobre movimientos que no implicaban generación de valor, sino circulación de fondos. La eliminación de ese costo busca mejorar la competitividad de las plataformas locales frente a competidores internacionales.
El decreto también amplía los beneficios para las empresas dedicadas al cobro electrónico de servicios, impuestos y otras obligaciones por cuenta de terceros. La modificación incluye las cuentas utilizadas para depósitos de efectivo en cuentas bancarias o de pago y las empleadas por agentes oficiales que operan dentro de esas redes.
Para miles de comercios que funcionan como puntos de cobranza o recepción de pagos, la medida puede traducirse en menores costos administrativos y financieros, algo que favorece especialmente la expansión de servicios en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.
En el caso de las empresas que administran sistemas de tarjetas de crédito, compra y débito, quedan exentos los débitos originados en préstamos bancarios destinados a financiar su actividad y los movimientos generados por la emisión y cancelación de obligaciones negociables con el mismo fin.
La señal para el sector es clara: el Gobierno busca eliminar distorsiones tributarias que afectaban a fintech, plataformas de pagos y operadores de activos virtuales, actividades que ganaron peso en la economía argentina durante los últimos años pero que mantenían diferencias regulatorias respecto de otros participantes del sistema financiero.
La reducción del costo impositivo estructural debería trasladarse a las comisiones finales que pagan tanto los comercios como los usuarios individuales por el uso de medios de cobro electrónicos.
La ampliación de exenciones no modifica la estructura general del Impuesto al Cheque, pero profundiza una tendencia orientada a favorecer la digitalización financiera y a reducir las cargas sobre sectores considerados estratégicos para la modernización del sistema de pagos argentino.