La Economía del Conocimiento en Argentina creció un 11,7% en exportaciones, alcanzando los u$s10.085 millones en 2025, consolidándose como el tercer complejo exportador del país.
Las exportaciones de servicios basados en conocimiento representaron el 63,7% del total de ventas externas de servicios, consolidando al sector como el tercer complejo exportador.
La Ley de Economía del Conocimiento sigue siendo el eje central del ecosistema. El régimen reduce la alícuota de Ganancias al 15% frente al 35% general, otorga un bono de crédito fiscal del 70% sobre contribuciones patronales aplicable contra IVA y garantiza estabilidad fiscal hasta 2029.
Sin embargo, expertos de la industria plantean la necesidad de actualizar la norma para acompañar el ritmo de la innovación, especialmente ante el auge de la inteligencia artificial.
Ana Elisa de Iparraguirre, cofundadora de OwnIt Legal, estudio jurídico boutique y legaltech con base en Argentina que asesora a empresas en América Latina, Europa y Estados Unidos, adelanta a iProUP que la normativa vigente fue concebida con una impronta de "software factory" y si bien contempla la IA, lo hace de forma dispersa.
Iparraguirre ejemplifica esta dificultad con el caso de una startup que desarrolla una herramienta de IA para analizar contratos: "¿Qué actividad promovida debemos considerar que realiza? ¿Software, servicio profesional, automatización, investigación y desarrollo?".
Para la experta, resulta conveniente reconocer a la IA como una categoría autónoma dentro del régimen, aunque lo ideal sería recurrir a una fórmula abierta y neutral desde el punto de vista tecnológico, que evite definiciones rígidas que envejezcan rápido.
"A medida que avanza la discusión de un marco para la IA en Argentina y en el mundo, asegurar que se use de forma responsable y dentro de la ley va a ser tan importante como saber programarla", sostiene.
En tanto, Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de Argencon, indica que, más allá de la ley, lo que se requiere es una estrategia "fuerte de adopción social de la IA", lo que implica tres niveles:
Actualmente, existen más de 1.000 compañísa inscriptas en el régimen, de las cuales más del 85% pertenecen al sector de software y servicios informáticos.
Teófilo Beato, cofundador y Chief Public Affairs de Andén, firma que diseña e implementa Zonas Económicas Digitales, indica a este medio que la normativa es una herramienta clave para impulsar y posicionar al país como exportador de servicios basados en conocimiento, pero requiere adaptarse a la velocidad con la que evoluciona la tecnología.
En su postura, más que actualizar la ley en función de una tecnología puntual, el desafío está en "asegurar que los marcos regulatorios y operativos puedan adaptarse con rapidez, incorporando herramientas digitales que simplifiquen procesos y permitan a las empresas enfocarse en crecer, exportar y generar empleo".
Entre los puntos prioritarios para modificar, Iparraguirre destaca dos: "El primero es permitir el autodesarrollo, algo que hoy queda expresamente afuera del régimen. Si una firma desarrolla una IA propia para mejorar sus procesos, la ley la trata como usuario final y eso no le sirve para acceder al beneficio. Esto genera que muchas terminen armando estructuras en el exterior que simulan prestarse servicios entre sí".
"El segundo es reconocer los costos reales de la IA, que van mucho más allá del gasto en recursos humanos. "Infraestructura en la nube, procesamiento de datos, APIs y GPUs son inversiones clave que hoy no encuentran un lugar claro dentro del beneficio", completa.
La cofundadora de OwnIt Legal también señala trabas que enfrentan las empresas al momento de inscribirse en el régimen. Una de ellas es la exigencia de que el 70% de los ingresos provengan de actividades promovidas, requisito que resulta difícil de cumplir para startups en etapa inicial y compañías tradicionales que buscan reconvertirse.
"Se puede plantear un beneficio sobre la unidad de negocio tecnológica y no sobre toda la empresa", sugiere. Además, cuestiona la pérdida del beneficio cuando la compañía reduce su personal, algo que choca con la eficiencia que genera la IA: "Si el propio gobierno propone reconocer sociedades sin empleados operadas por IA, está claro que este requisito resulta contradictorio".
Otro obstáculo es la burocracia: "El gasto en contadores y abogados resulta demasiado para las empresas chicas. Es de esperar que, en el marco del proceso de desregulación y simplificación que lleva adelante el Gobierno, se incluyan estos trámites de inscripción", argumenta la letrada.
Beato coincide en que muchas veces el problema está en la complejidad operativa asociada a la implementación: "Las empresas atraviesan distintos procesos administrativos como presentar documentación, realizar seguimientos y cumplir con requerimientos que suelen involucrar múltiples actores y sistemas".
"La autoridad de aplicación hace un enorme esfuerzo. Pero con recursos limitados y un volumen creciente de organizaciones, el ritmo del sector privado muchas veces no se condice con las posibilidades del sector público", añade y destaca la oportunidad de simplificar la experiencia vía infraestructura digital que:
Entre las que más crecieron en el último tiempo aparece la propia Andén, la cual firmó un Memorándum de Entendimiento con Mendoza para avanzar en la modernización de regímenes orientados a atraer inversión de alto valor agregado.
El acuerdo se orienta a fortalecer la competitividad de Mendoza mediante la incorporación de infraestructura digital y la integración de procesos vinculados a la Zona Franca de la provincia, a simplificar la operatoria, a reducir fricciones administrativas y a generar mejores condiciones para la radicación allí de empresas del rubro.
En una primera etapa, el proyecto contempla el desarrollo de una plataforma que integre procesos societarios, cumplimiento normativo, gestión operativa y trazabilidad con el fin de dotar al régimen de mayor eficiencia, previsibilidad y capacidad para competir por inversiones de alto valor agregado.
En el país y en gran parte de la región, muchos de estos regímenes fueron concebidos para una economía industrial y hoy operan con procesos que no acompañan la dinámica del software, el talento global y las nuevas industrias tecnológicas.
Desde Andén creen que modernizar la forma en que se implementan los marcos vigentes es la mejor forma de regulación. Sobre esa base, desarrolla infraestructura que permite una aplicación más ágil, trazable y eficiente de herramientas como la Ley de Economía del Conocimiento y el régimen de Zonas Francas.
"El reto no es crear nuevos marcos desde cero, sino adaptar los que ya existen a las necesidades de una economía global y digital. Ahí es donde vemos una oportunidad enorme, sin costo fiscal ni cambios normativos", detalla Beato.
El ejecutivo realza iniciativas recientes como el RIGI y sus derivados, el programa de ciudadanías por inversión anunciado meses atrás y, en particular, el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, como pasos valiosos hacia la integración de Argentina al mundo.
"Son hechos concretos que muestran un camino de apertura y modernización, fundamentales para que el país pueda consolidarse como un actor relevante en la economía del conocimiento", sintetiza.
En tanto, Simón Puebla, cofundador de Andén, asegura que "muchas startups en etapas tempranas se estructuran afuera ya que no encuentran condiciones simples para crecer. Queremos construir infraestructura pública digital para que más empresas operen, inviertan y escalen desde sus lugares de origen".
Más allá de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, otras provincias avanzan en el desarrollo del sector. Tucumán y Salta en el NOA, junto con Entre Ríos, Corrientes y Misiones en el NEA, muestran progresos destacados.
Mora Alfonsín enfatiza que el enfoque está en las ciudades intermedias, que articulan universidades, municipios, ONG y empresas privadas para convertirse en polos de conocimiento. "Ejemplos como Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Escobar, Rosario, Paraná y Rafaela demuestran que la descentralización no es un modelo forzado, sino la consecuencia de potenciar economías regionales con tecnología", argumenta.
Uno de los puntos más fuertes del régimen es la generación de empleo. El rubro ya cuenta con alrededor de 300.000 empleos formales, con la creación de 9.000 nuevos puestos el año pasado, según datos de Argencon. Además, la remuneración promedio del rubro se ubicó por encima del resto, reflejo de la alta demanda de talento y del nivel de especialización requerido.
Este dinamismo se explica por la combinación de factores estructurales: la densidad de desarrolladores, el posicionamiento de Argentina en el top 10 global según GitHub y la creciente demanda internacional de servicios digitales, software, biotecnología y ciberseguridad.
El verdadero desafío es pasar de ser un país con talento a ser un país que atraiga inversión, cree empresas escalables y desarrolle infraestructura. "Eso no se obtiene solo con una buena ley; es necesario generar confianza, seguridad jurídica y estabilidad. El recuerdo del cepo cambiario y las restricciones del Banco Central están latentes", manifiesta Iparraguirre.
En cuanto a los perfiles más buscados en lo que respecta a las últimas tendencias del mercado, que engloba la propia ley, menciona a los desarrolladores, ingenieros capaces de evaluar resultados de modelos y especialistas en datos.
El cofundador de Andén cree que Argentina es altamente valorada por la calidad de su talento y por la trayectoria en exportación de servicios basados en conocimiento. Sin embargo, advierte que el desafío central es "generar condiciones para que más empresas puedan desarrollarse y operar con esquemas ágiles y competitivos".