El sector fintech, al que pertenece Mercado Libre, viene hace unos meses reclamándole al Banco Central que derogue una circular del 30 de diciembre del 2021. Al no haber respuestas de parte del organismo, se iniciaron acciones judiciales en el fuero contencioso administrativo federal.

¿Cuál es esta circular?: la A 7429, que indica "Establecer, con vigencia a partir del 1.1.22, que los saldos en pesos de las cuentas de depósito de los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPOCP) en las que se encuentren depositados los fondos de sus clientes, estén sujetos a la tasa de encaje de efectivo mínimo del 100 %."

La consecuencia de esta circular es que no sólo las fintech, sino también los bancos que ofrezcan alguna billetera digital, es que los imposibilita de generar intereses por inversiones de las cuentas "a la vista", al tener que encajar el 100 % del dinero existente.

Mercado Libre asegura que la resolución del Banco Central le hace perder u$s 70 millones al año

El Banco Central había argumentado que esto era para "preservar los fondos de los usuarios de billeteras digitales de contingencias y garantizar que estén siempre a disposición de los ahorristas. Estas cuentas son de carácter transaccional y la medida dispuesta fortalece ese rol y favorece la expansión de los medios de pago digitales, otorgando mayor transparencia y seguridad."

Pero en la realidad, la medida afecta los servicios de las billeteras digitales, que no pueden generar ingresos extras para mantener tasas bajas o la gratuitidad de algunos de sus productos, generando pérdidas a las mismas. Según la consultora global Nau Securities, por ejemplo Mercado Pago pierde de facturar unos 70 millones de dólares al año, y Ualá unos 35 millones.

Es así que Mercado Libre le pide al juez Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 10, que impugne esa circular, o al menos el punto que afecta a las billeteras digitales. Sostienen que es un "claro acto discriminatorio y de arbitrariedad", según comentan fuentes que siguen de cerca la causa. "No hay un fundamento claro de por qué se dicta esta resolución".

Lo concreto es que la causa judicial ya está en marcha, y un cambio de opinión del Central o a una decisión de la Justicia, podría demorar años en concretarse, indicó Clarín.

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