Por lo menos en la Argentina, uno de los sectores que ha sido impactado por la pandemia ha sido el de las telecomunicaciones, específicamente en el rubro de internet.
Con el distanciamiento social y la modalidad de teletrabajo han aumentado las conexiones a internet y banda ancha, así como el tráfico que corre sobre las redes, en un escenario donde los precios están controlados, se ha decretado al sector como servicio universal, muchos de los commodities se pagan en dolares, la inflación acumulada, y una devaluación de más del 30% en el valor del dólar oficial.
Eso ha impactado tanto en la capacidad financiera de las empresas del sector, como en la posibilidad de realizar nuevas inversiones para acompañar este salto en la demanda. Y las más impactadas son las PyMEs y pequeñas cooperativas, que son las mas vulnerables ante esta situación, no tienen subsidios, no tienen acceso al capital, ni la posibilidad de financiar sus operaciones a pérdida.
Desde CABASE remarcan que un control de precios por parte del Estado que no contempla la situación y estructura de costos de los diferentes tipos de operadores pone en riesgo de subsistencia de muchas pymes y cooperativas que prestan servicios de conectividad a internet en la mayoría de las localidades del interior del país, ya que la fijación arbitraria de precios y porcentajes de aumento sin un análisis pormenorizado y criterioso de la estructura de costos, como la que se ha hecho en forma inconsulta y a las apuradas, obliga a los ISPs a vender a pérdida, porque no es un dato menor que es una industria en la que la gran mayoría de los costos son en dólares (equipamiento, redes y conectividad mayorista).
Aunque desde la cámara entienden la necesidad de ciertas medidas para que la población pueda acceder con más facilidad a los servicios que se brindan, y que haya más inclusión digital, no lo puede ser costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores, o la destrucción de una industria que ha llegado a cubrir con servicios al 64% de los hogares de argentina, a pura inversión privada, una cifra mayor a la que tienen hoy muchos servicios públicos que aun siendo considerados como tales desde hace décadas, no han logrado alcanzar a grandes segmentos de la población.
"Ninguna política pública puede ser efectiva y sostenible si se basa en la ignorancia más absoluta de la estructura de costos que tienen los proveedores de internet, muchos de ellos generados por impuestos de los diferentes estamentos del Estado", señalan desde CABASE, y agregan que "El mega mayorista, principal insumo de los proveedores de internet, además de cotizar en dólares, tiene un precio en el AMBA y los principales centros urbanos, y uno sensiblemente mayor si el proveedor está en el interior del país. Y si ese ISP está en el interior del interior, la brecha es aún mayor. La ecuación se hace más compleja, y el precio más discrecional, dependiendo de cuántas redes de fibra óptica u operadores mayoristas en competencia estén en una determinada zona y que tal lejos esté el nodo mayorista de la infraestructura del proveedor local".
Es por eso que desde la cámara le proponen al Enacom establecer una regulación asimétrica que contemple la realidad de la estructura de costos y las inversiones que requiere un ISP chico en relación a una multinacional con millones de clientes, o tiene infraestructura de cablemodem, o de fibra óptica
"Una regulación asimétrica es un buen primer paso para tener una regulación inteligente con un esquema específico para prestadores medianos, PyMEs y cooperativas, diferenciado del de los grandes operadores, pero la decisión de hoy de fijar un aumento del 8% tomada de manera inconsulta y a espaldas de las PyMEs y cooperativas, pone a estos actores del ecosistema en riesgo de desaparecer por estar obligados a comercializar sus servicios muy por debajo de sus costos de operación, concluyen desde CABASE.
El 27% de los hogares de la Argentina, según datos de la industria, no pueden pagar o resignan otros gastos familiares para afrontar el costo del servicio de internet fija, una de las prestaciones para las cuales el Gobierno nacional viene discutiendo con el sector la implementación de una tarifa social.
Según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), "en el 27% de los hogares del país, el costo del servicio fijo de banda ancha representa una carga significativa".
Estos hogares, según el informe con datos al primer semestre de este año de las ciudades de La Rioja, Posadas, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Viedma y Formosa concentran más de un tercio de los hogares que "no traspasan el umbral de asequibilidad".
El umbral de asequibilidad se ubica en el 2% de los ingresos per cápita de los hogares, de acuerdo a lo dispuesto por la comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
El acceso a internet desde el hogar tomó relevancia este año al convertirse en el principal lugar desde dónde se conectan las personas, ya que trabajadores y estudiantes de todos los niveles dejaron de conectarse desde los espacios públicos (incluyendo oficinas y colegio) para hacerlo desde el hogar.
En medio de la pandemia global de coronavirus COVID-19 un rumor no deseado surgió con fuerza en el transcurso de las últimas semanas en redes sociales y plataformas de mensajería: a partir del 1 de enero de 2021 existiría un nuevo aumento en las tarifas de los servicios de internet, telefonía y cable.
Gustavo López, vicepresidente de Enacom adelanta que en el transcurso de esta semana el ente dará a conocer unos planos que se dispondrán para la prestación de este tipo de servicios, apuntando a los sectores más vulnerables.
Este proyecto se basa en un decreto que impulsa "la prestación básica y obligatoria, es decir la tarifa social de internet, televisión, telefonía celular y fija para los millones de argentinos afectados por la política económica de Mauricio Macri y que la pandemia recrudeció".
Para esos sectores, el directivo adelantó que "habrá una tarifa especial para que no queden desconectados, ya que se declaró servicio público porque para poder estudiar y enseñar, acceder a la cultura, al trabajo e incluso a los planes sociales hoy se necesita conectividad".
Por último, ratifica que más adelante se comunicarán los planes sociales de los servicios que regirán a partir del próximo 1 de enero.
Los planes de este servicio básico universal se presume que estarán dirigidos especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso familiar de Emergencia (IFE) y los jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos.