La caída de Ueno, el banco digital más importante de Paraguay, tiene en vilo a toda la región. Problemas de insolvencia tras préstamos millonarios en dólares a tres empresas del Grupo Vázquez derivaron en un "corralito", intervención por parte del Banco Central y renuncia del presidente Santiago Peña, vinculado al holding investigado.
La onda expansiva llegó a suelo albiceleste en un momento en que el modelo de banco digital promete explotar: Cocos y Revolut ya tienen la licencia; Mercado Pago está a punto de lograrla y Personal Pay aguarda un guiño del BCRA.
En la industria, advierten que es muy poco probable que una crisis similar estalle en Argentina, más allá de que el riesgo cero no exista. Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI asegura como diferencia clave que "la supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras, límites a la asistencia a vinculados, requisitos de capital y liquidez alineados a Basilea y el seguro de depósitos de SEDESA".
Este último, es una garantía "anti corralito" por u$s50 millones que aplica a bancos tradicionales y digitales, pero no las cuentas CVU de las fintech, argumento que esgrimió la banca para evitar que Mercado Pago y otras fintech ofrecieran cuentas sueldo. Así, el unicornio tendrá la protección una vez que sea banco.
Iván Bolé, abogado especializado en regulación financiera, remarca que "desde la crisis de 2001, el BCRA fue sumamente estricto en su normativa y evitó descalces en monedas en los bancos al procurar que los créditos en dólares sean otorgados únicamente a clientes con flujo de comercio exterior".
Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios fintech, asegura que la historia negativa argentina es una suerte de protección, que derivó en "un sistema con poco apalancamiento crediticio, y la memoria institucional de un país que ya vivió crisis bancarias y supervisa con desconfianza".
Por eso, los expertos creen que puede seguir acentuando el peso regulatorio tras el caso paraguayo. De hecho, el BCRA fue sumando oblgaciones a las fintech para asimilarlas a los bancos, como cuestiones sobre fraude (comunicación A8471), controles de clientes y proveedores (A8432) y fondos comunes (A8497).
"Me preocupa que el BCRA diga: 'Con lo que pasó en Paraguay, tenemos que acentuar la regulación con las fintech'. Y una normativa no negociada puede ser mala", lamenta un directivo del sector.
Balatti aclara que "las fintech no hacen intermediación financiera: al no prestar los fondos de sus clientes, que quedan depositados a la vista en bancos, su riesgo es operativo, tecnológico y de fraude, no de solvencia".
Agrega que el BCRA ya las "incorporó al Grupo A del régimen sancionatorio, equiparándolas con bancos en tipicidad y escala de castigos, y les exige declarar estructura societaria, beneficiarios finales y modalidad operativa".
Paralelamente, el caso Ueno puede reflotar un viejo proyecto que había adelantado iProUP: una segmentación de las fintech en categorías –según su capacidad patrimonial, infraestructura tecnológica y cantidad de usuarios–, que las habilitaría a prestar diferentes servicios.
Juan Curuchet, superintendente de entidades financieras del BCRA, señala que el proyecto perdió urgencia cuando Mercado Pago solicitó licencia bancaria. Algunas fintech se esperanzan con que la segmentación vuelva a ponerse en agenda para tener mayores beneficios y supervisión acorde. Según Kupferberg, puede estructurarse de la siguiente forma:
El escándalo de Ueno formó un cóctel con otras dos cuestiones que acapararon la atención de quienes siguen la coyuntura financiera. En primer lugar, Binance sufrió un ataque por u$s6.300 millones, el mayor robo cripto de la historia. Hasta hoy, repuso los fondos al 98%.
Más allá de la celeridad y transparencia, pone en juego otra cuestión de los reguladores: el poder de fuego de la inteligencia artficial. Kupferberg remarca que "el ciberataque es la nueva corrida bancaria", por lo que "la regulación del futuro va a mirar tanto a los sistemas y la gente como a los balances".
"Contra el uso malicioso de la IA no hay normas. El Estado llega tarde a todo, pero bancos y fintech podrían desarrollar esfuerzos concretos en IA 'defensiva' para prevenir y contener ataques", añade Bolé.
El segundo tema en agenda tuvo como protagonista al Gobierno, que envió el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, si bien luego lo retiró ante la polémica por gravar con el 15% a los CEDEAR. Se espera que regrese al Congreso con modificaciones.
Según Balatti, el texto mostró una separación de competencias que será clave para lo que viene: "El Banco Central supervisa el dinero y los pagos; mientras que la CNV custodia la inversión y los valores".
Bolé se detiene en el aspecto cripto: "La CNV abrirá la regulación de los PSAV: van a poder tokenizar en la blockchain o sistema distruibido y sin Caja de Valores. Van a superregularlas: tratarán a las billeteras como un minibanco y a las exchanges cripto como una emisora".
Por último, Balatti pone el foco en la educación sobre la normativa: "El saldo en billetera no es un depósito cubierto por SEDESA y una cripto en un exchange no tiene garantía estatal. Ninguna regulación reemplaza que el usuario sepa dónde está su dinero y qué protección tiene".