La crisis de Ueno Bank sacudió al sistema financiero de Paraguay y derivó en un escándalo que excedió el ámbito bancario. La entidad, fundada por Federico Miguel Vázquez Villasanti, soñaba con ser el primer unicornio del país pese a no haber recibido rondas de inversión ni contar con una valuación importante.
Llegó a reunir cerca de 2,9 millones de clientes y captar cientos de millones de dólares de organismos públicos, pero quedó bajo un procedimiento de resolución del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de detectarse presuntas irregularidades en préstamos otorgados a empresas vinculadas con su grupo económico.
La investigación apunta a operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026, posibles maniobras para ocultar relaciones empresariales y movimientos de dinero que habrían comprometido los activos del banco. La Fiscalía imputó a 27 personas, mientras que los ahorristas quedaron sujetos al mecanismo de devolución del Fondo de Garantía de Depósitos.
El caso también provocó una crisis política de gran magnitud: el presidente Santiago Peña presentó su renuncia este jueves, en medio de los cuestionamientos por sus antiguos vínculos comerciales con el grupo controlador de la entidad y de la amenaza de un juicio político.
Septiembre de 2021: Grupo Vázquez compra Financiera El Comercio
El origen de Ueno se remonta a septiembre de 2021, cuando el Grupo Vázquez adquirió el control de Financiera El Comercio, una entidad con más de 45 años de trayectoria en el mercado paraguayo.
La operación permitió al conglomerado ingresar con mayor fuerza al negocio financiero. La compañía pasó a llamarse Financiera Ueno y comenzó a desarrollar una estrategia centrada en la inclusión financiera, los servicios digitales y la apertura de cuentas desde el celular.
22 de noviembre de 2023: Ueno obtiene autorización para convertirse en banco
El Banco Central del Paraguay aprobó la transformación de Financiera Ueno en una entidad bancaria mediante la Resolución 22, Acta 67, del 22 de noviembre de 2023.
La autorización representó un salto regulatorio y comercial, ya que le permitió ampliar su oferta de productos y servicios financieros y competir directamente con los bancos tradicionales.
21 de junio de 2024: Ueno avanza con la compra de Visión Banco
El siguiente gran movimiento llegó con la integración de Visión Banco, una entidad tradicional del mercado paraguayo. La operación recibió la aprobación del BCP el 21 de junio de 2024 y se hizo efectiva el 1 de julio.
La adquisición permitió ampliar su estructura operativa y fortalecer su posición en el sistema financiero. Para concretar la integración, el Banco Central habilitó facilidades financieras mediante fideicomisos por un total de 5,1 billones de guaraníes, equivalentes a unos u$s691 millones, destinados a gastos e inversiones y al tratamiento de la cartera vencida de Visión Banco.
Marzo de 2025: Santiago Peña se desvincula de Ueno Holding
Uno de los antecedentes políticos del caso está relacionado con la participación accionaria del presidente paraguayo, Santiago Peña, en Ueno Holding. El mandatario se desprendió de sus acciones en la compañía durante marzo de 2025, según los antecedentes publicados por medios locales.
Su antigua relación comercial con el grupo controlador volvió a quedar bajo discusión cuando comenzaron a conocerse las operaciones crediticias investigadas. También adquirió relevancia la trayectoria de Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno antes de asumir la conducción del Banco Central.
26 de septiembre de 2025: Ueno presta u$s39 millones a tres empresas vinculadas
Uno de los principales antecedentes de la investigación remonta al 26 de septiembre de 2025, cuando Ueno Bank otorgó préstamos por aproximadamente u$s39 millones a tres compañías: Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA.
Los créditos se concedieron a sola firma y sin garantías reales, pese a sus elevados importes. Según los documentos analizados por los supervisores, las empresas mantenían vínculos con el conglomerado que controlaba el banco.
En paralelo, se inició un proceso para modificar sus estructuras accionarias y desvincularlas formalmente del grupo. La investigación posterior detectó que parte de los fondos habría terminado en otras sociedades relacionadas, para cubrir sobregiros y obligaciones financieras.
30 y 31 de octubre de 2025: nuevos créditos por u$s14 millones
Un mes después, Ueno otorgó nuevos préstamos por aproximadamente u$s10 millones a Mowi y Grupo Hendy. Al día siguiente autorizó otros u$s4 millones para Grupo M.
Las operaciones quedaron bajo revisión por las condiciones de financiamiento, la capacidad de pago de las compañías y la ausencia de garantías suficientes.
29 de diciembre de 2025: otros u$s16 millones antes de terminar el año
Antes de cerrar 2025, el banco concedió nuevos préstamos por casi u$s16 millones a las tres compañías investigadas.
Los informes posteriores señalaron que Grupo Hendy había recibido financiamiento millonario pese a registrar ingresos promedio mensuales de apenas 73 millones de guaraníes.
Enero y febrero de 2026: Ueno aprueba sobregiros por u$s60 millones
Durante los primeros dos meses de 2026, Ueno aprobó sobregiros por aproximadamente u$s60 millones a Mowi, Grupo Hendy y Grupo M.
El BCP detectó excesos en los límites regulatorios para operaciones con empresas vinculadas. La normativa paraguaya establece restricciones para este tipo de exposiciones, con un límite legal equivalente al 20% del patrimonio efectivo.
29 de abril de 2026: el Banco Central notifica los excesos regulatorios
Luego de nuevas operaciones crediticias por unos u$s30 millones durante abril, el 29 de ese mes la autoridad monetaria notificó formalmente a Ueno sobre los excesos registrados en enero, febrero y marzo en los límites de crédito a empresas vinculadas.
El banco respondió que las compañías ya no pertenecían al mismo grupo económico y presentó documentación para respaldar esa posición.
Mayo de 2026: el regulador mantiene sus cuestionamientos
La Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas remitió un memorando de entendimiento a Ueno el 4 de mayo. El 26 ratificó sus observaciones y solicitó explicaciones adicionales sobre la situación de las tres empresas.
La discusión dejó de concentrarse únicamente en los montos prestados y pasó a incluir la verdadera naturaleza de las relaciones societarias y económicas entre los beneficiarios de los créditos y el grupo financiero.
Junio de 2026: el BCP confirma las vinculaciones y amplía la revisión
El 8 de junio, un informe técnico concluyó que Mowi, Grupo Hendy y Grupo M continuaban siendo consideradas empresas vinculadas. Los supervisores comenzaron entonces a revisar las operaciones realizadas desde septiembre de 2025.
El 19 de junio, el directorio del BCP dejó asentadas nuevas observaciones sobre los créditos, la solvencia de la entidad, los gastos del fideicomiso de fusión y la clasificación de la cartera morosa.
Julio de 2026: una advertencia interna señala posibles maniobras financieras
El 10 de julio, Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión del BCP, remitió un memorando con objeciones sobre las operaciones de Ueno antes de dejar su cargo.
Entre los puntos señalados figuraba una operación con Vinanzas SA, mediante la cual se habría intentado trasladar una cartera de créditos para resolver los excesos regulatorios. La hipótesis posteriormente investigada por la Fiscalía sostiene que la entidad habría financiado indirectamente a la propia sociedad que adquiría esos préstamos, por aproximadamente u$s74,4 millones.
Septiembre de 2026: el Senado solicita explicaciones al Banco Central
Los senadores paraguayos presentaron un pedido de informes al BCP para conocer los antecedentes de las operaciones crediticias y las actuaciones de los supervisores. La solicitud citó las advertencias de Rivarola sobre los excesos de financiamiento a empresas vinculadas.
Luego de la presión parlamentaria y de nuevos cuestionamientos públicos, el Banco Central dispuso la apertura de un sumario administrativo contra Ueno Bank y sus directivos el 24 de ese mes.
La investigación comenzó a adquirir una dimensión institucional, con cuestionamientos sobre cuándo se detectaron las irregularidades y por qué las advertencias anteriores no habían derivado en medidas más contundentes.
Octubre de 2026: salen a la luz los préstamos y las advertencias internas
Una serie de investigaciones periodísticas reveló que Ueno había desembolsado alrededor de u$s146 millones a tres empresas vinculadas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. También se conoció que el banco había recibido unos u$s850 millones de organismos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS) durante los últimos años.
El 18 de octubre, ABC Color publicó la existencia de al menos diez advertencias, informes y memorandos internos relacionados con los problemas de la entidad. Los documentos daban cuenta de observaciones sobre créditos a empresas vinculadas, condiciones de financiamiento y administración de la cartera morosa.
2 y 3 de noviembre de 2026: el Banco Central inicia la resolución de Ueno
El 2 de noviembre, el directorio del BCP resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión se conoció al día siguiente y respondió al deterioro de la solvencia de la entidad, luego de los ajustes realizados a sus estados financieros por las observaciones regulatorias.
La medida implicó el cierre operativo del banco y la suspensión de sus servicios digitales. Los clientes dejaron de poder utilizar sus cuentas, tarjetas y cajeros, mientras que los fondos quedaron sujetos al procedimiento de resolución.
El impacto alcanzó a cerca de 2,9 millones de clientes y a organismos públicos y previsionales que mantenían fondos en la entidad. Entre ellos se encontraba el IPS, con inversiones estimadas en cientos de millones de dólares.
4 de noviembre de 2026: la Fiscalía imputa a 27 personas
Los fiscales formularon imputaciones contra 27 personas vinculadas a Ueno y distintas empresas relacionadas con el grupo económico. Las figuras penales investigadas incluyen conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Según la hipótesis fiscal, los créditos y sobregiros habrían comprometido los activos del banco mediante operaciones con empresas vinculadas, sin evaluaciones de riesgo suficientes y con destinos de fondos diferentes de los declarados.
La Fiscalía también identificó saldos pendientes por aproximadamente u$s166,9 millones y 343.157 millones de guaraníes (u$s56 M). Solicitó prisión preventiva para uno de los principales investigados y medidas cautelares para los demás imputados. Las responsabilidades todavía deben determinarse durante el proceso judicial.
5 de noviembre de 2026: Santiago Peña renuncia
El último capítulo de la crisis tiene dos frentes. En el financiero, el Banco Central anunció el inicio del esquema de devolución a los ahorristas mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. La cobertura legal alcanza hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad.
En una primera etapa, se prioriza a quienes tengan depósitos de hasta 10 millones de guaraníes (u$s1.600), no registren deudas con el banco y dispongan de una cuenta habilitada en otra entidad financiera.
Pero el impacto más fuerte llegó desde el terreno político. Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay este jueves, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno y mientras la Cámara de Diputados debatía someterlo a juicio político.
El mandatario había asumido el 15 de agosto de 2023 y tenía mandato hasta 2028. Su relación con el caso se remonta a su participación accionaria en Ueno Holding, de la que se desvinculó en marzo de 2025. Sin embargo, sus antiguos vínculos comerciales con el Grupo Vázquez volvieron a quedar bajo cuestionamiento cuando se conocieron los préstamos millonarios concedidos por el banco a empresas relacionadas con ese conglomerado.
También quedaron bajo discusión las inversiones de organismos estatales en Ueno y la actuación de las autoridades encargadas de supervisar el sistema financiero. El vicepresidente Pedro Alliana asumirá la Presidencia para completar el período de gobierno, hasta agosto de 2028.
La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades individuales, mientras que el Banco Central enfrenta el desafío de recuperar los activos y garantizar la devolución de los fondos a los ahorristas.
