La pelea por cómo regular el crédito y contener la morosidad entra en una semana decisiva en Diputados, donde oposición y oficialismo buscan cerrar acuerdos para imponer sus propuestas.
El próximo martes, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor deberán avanzar con un dictamen, en medio de negociaciones que involucran a bloques opositores y sectores cercanos al Gobierno.
Tras varias rondas de conversaciones, Unión por la Patria unificó su iniciativa y comenzó a buscar respaldo entre los bloques que acompañaron el tratamiento legislativo durante agosto y respaldaron el emplazamiento.
La propuesta declara una emergencia de 180 días, prorrogable por otros 180, y establece límites para las tasas nominales de tarjetas y billeteras, además de topes sobre gastos y comisiones.
También incorpora refinanciaciones de hasta 36 meses según el monto total adeudado por cada usuario y elimina completamente los intereses punitorios, aunque conserva las obligaciones correspondientes al capital y los intereses compensatorios.
Otro punto alcanza las diferencias de tasas entre usuarios de billeteras, determinadas mediante sistemas de scoring, y permite a Defensa del Consumidor exigir información sobre los algoritmos utilizados en cada caso concreto.
La medida busca conocer cómo se determinan esas condiciones y controlar eventuales prácticas irregulares, dentro de un paquete destinado a modificar las reglas actuales del crédito para los usuarios.
Pablo Juliano, autor de otra iniciativa, es uno de los principales articuladores y negocia en representación propia y de diputados de Provincias Unidas, con llegada también a la Coalición Cívica en las conversaciones.
Las conversaciones incluyen a Nicolás Massot de Encuentro Federal y a Yolanda Vega y Bernardo Biella de Argentina Federal, cuyas firmas resultan necesarias para alcanzar un dictamen opositor de mayoría en las comisiones.
Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia no tienen vocales en las dos comisiones, por lo que sus firmas no serán necesarias durante el plenario previsto para el martes próximo.
Sin embargo, esos bloques pueden resultar decisivos posteriormente, porque sus votos serían necesarios si el proyecto consigue avanzar hasta una eventual discusión en el recinto de Diputados.
La negociación se amplió después del emplazamiento aprobado el 26 de agosto, respaldado por 133 votos de Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Encuentro Federal y otros sectores.
La Libertad Avanza mantiene bajo reserva los detalles de su iniciativa, aunque dejó trascender que trabajaría con advertencias dirigidas a usuarios, educación financiera y acciones de concientización sobre endeudamiento responsable y consumo.
El esquema también contemplaría mecanismos de doble autenticación, mientras el oficialismo busca reunir respaldos propios antes del plenario conjunto previsto para el martes próximo y negociar una posición legislativa propia.
"Lo estamos haciendo con aliados", respondieron fuentes oficialistas de la comisión de Finanzas consultadas sobre la iniciativa, sin brindar detalles adicionales acerca de esa propuesta oficial todavía reservada.
Unas 6 millones de personas registran actualmente atrasos superiores a tres meses en sus deudas, una situación relacionada con ingresos deteriorados, servicios cada vez más costosos y tasas de interés desreguladas.
La morosidad comenzó a acelerarse hacia fines de 2024 y actualmente alcanza al 12,8% de los créditos bancarios otorgados, mientras llega al 25% entre billeteras y otras plataformas fintech.
Desde el oficialismo y referentes bancarios sostienen que el crecimiento del crédito es positivo para Argentina, donde todavía existen niveles deficientes de bancarización y margen para ampliar su utilización entre distintos sectores.
La oposición y representantes de deudores no cuestionan el crédito, pero señalan que alrededor de dos tercios de los préstamos terminan destinados a alimentos, servicios y medicamentos, que representan gastos esenciales.
Entre febrero de 2024 y julio de 2026, los créditos otorgados aumentaron 8%, mientras las personas morosas pasaron de 3,3 a 6 millones, un incremento del 80% durante ese período.
El contraste implica que la morosidad creció diez veces más rápido que la cantidad de créditos, uno de los principales argumentos utilizados en el debate sobre las condiciones del sistema crediticio.