El Instituto de Finanzas Internacionales publicó el 2 de septiembre de 2026 un análisis que compara la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con los marcos legales de los principales bancos centrales de América Latina.
Su conclusión general es que, de aprobarse el proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados, la Argentina pasaría de ser una excepción regional a acercarse a uno de los marcos regulatorios más estrictos del continente.
El organismo sostiene que los cambios que impulsa la gestión de Javier Milei buscan "fortalecer las bases legales de la estrategia de desinflación del país".
Pero acompaña esa lectura con una advertencia que define todo el análisis: "Ante la ausencia de las extensas trayectorias institucionales y de las salvaguardas constitucionales existentes en otros países de América Latina, la contribución del proyecto a la credibilidad dependerá de una implementación consistente, una disciplina fiscal sostenida y un respaldo político duradero."
Y remató con la frase que resume el diagnóstico: "La prueba definitiva será política, no legal."
La comparación que hace el IIF muestra que casi todos los bancos centrales de la región priorizan la estabilidad de precios, pero con objetivos adicionales de distinto alcance.
Para el IIF, una misión primaria más acotada como la argentina "podría contribuir a clarificar las responsabilidades del BCRA y fortalecer su credibilidad".
En este punto, la reforma argentina se alinea con la tendencia regional pero con un matiz relevante.
Los principales países de América Latina ya restringen o directamente prohíben el financiamiento directo al Tesoro, aunque cada uno con sus excepciones.
El proyecto argentino prohíbe los préstamos directos al sector público y las compras de títulos públicos en el mercado primario, pero conserva la facultad de intervenir en el mercado secundario.
Es ese último punto el que lleva al IIF a calificar el diseño institucional general como "más mixto". Y a subrayar una condición: "La amplitud de estas facultades también hace importantes sus salvaguardas: las transacciones deben realizarse a precios de mercado y permanecer claramente vinculadas a las regulaciones monetarias, cambiarias, financieras y crediticias."
Es en el tratamiento de las utilidades del Banco Central donde el proyecto argentino se despega del resto del continente.
La propuesta impide transferir al Tesoro las ganancias originadas en la depreciación del peso o en revaluaciones del oro. Para el IIF, esa disposición coloca a la Argentina entre los regímenes más conservadores de la región en materia de distribución de utilidades.
La comparación explica por qué:
Ninguno prohíbe explícitamente la transferencia de ganancias por depreciación como lo hace el proyecto argentino.
El texto contempla, sin embargo, una excepción transitoria: determinadas ganancias no realizadas podrían usarse para cancelar adelantos transitorios pendientes y letras intransferibles del Tesoro, hasta extinguir esos pasivos.
En términos prácticos, esa restricción cierra la puerta a un mecanismo que las gestiones anteriores usaron con frecuencia: contabilizar como ganancia el efecto de una devaluación sobre los activos en dólares del BCRA y girar ese resultado al Tesoro.
En parte sí, y en parte no. Esa es la advertencia más específica del informe.
El proyecto precisa las causales de remoción de los directores y exige una mayoría de dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara del Congreso para destituirlos. Para el IIF, eso representa "un fortalecimiento significativo de la protección de los directores frente a una eventual destitución arbitraria".
El problema que señala el organismo está en otro lado: la independencia institucional podría seguir siendo incompleta mientras los miembros temporales del directorio designados en comisión puedan permanecer en sus cargos sin confirmación del Senado y sin un límite temporal efectivo establecido por ley.
Es una vía lateral que, en los hechos, permitiría al Ejecutivo mantener directores sin aval legislativo por tiempo indefinido.
El análisis del IIF describe una reforma que avanza hacia un Banco Central con mayores restricciones fiscales y mayor protección institucional, pero sin convertirlo en una autoridad monetaria sin herramientas de intervención.
El punto central, según el organismo, es el equilibrio entre ambos objetivos. La propuesta limita fuertemente el financiamiento directo del Tesoro y la transferencia de determinadas ganancias contables, pero conserva amplias facultades para operar en el mercado secundario y administrar liquidez.
Tres variables determinarán cuánto de esa reforma se traduce en independencia efectiva: la definición precisa del mandato, las salvaguardas sobre las operaciones de mercado y las reglas de designación y remoción de los directores.
El IIF fue explícito sobre el límite de lo que una ley puede lograr: "La aprobación sería una señal contundente, pero una inflación baja y sostenible seguirá requiriendo disciplina fiscal, una implementación creíble y un compromiso sostenido a través de distintas administraciones."
Dicho de otra forma, la reforma puede aprobarse y aun así no producir el resultado buscado si las próximas gestiones no la sostienen.