El FGS de ANSeS no presta directamente a las familias. Coloca dinero en los bancos mediante plazos fijos ajustados por UVA, y esas entidades son las que después originan las hipotecas.
Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa el miércoles 26 de agosto de 2026, las licitaciones serán por montos de hasta $200.000 millones cada una, a plazos de entre 1 y 5 años, con pisos de tasa de UVA 2,5% para el plazo más corto y UVA 4,5% para el más largo.
Cada banco puede quedarse con hasta el 20% del monto total por licitación, es decir unos $40.000 millones por subasta. Los que más ofrezcan se llevan más fondos, siempre dentro del tope de tasa.
Las entidades que obtengan ese fondeo quedan obligadas a prestarlo con un tope de UVA 7,5%, a un plazo no menor a 15 años y para adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda. El monto máximo es de 150.000 UVA por crédito, equivalentes hoy a unos u$s200.000.
Caputo aclaró que los bancos pueden cobrar un adicional por gastos de funcionamiento, pero la tasa al tomador nunca puede superar UVA 7,5%.
El equipo económico espera que la medida beneficie a entre 17.000 y 18.000 familias.
Para dimensionar ese número conviene el contexto que aporta Federico González Rouco, economista jefe de Empiria: en 2025 se otorgaron unos 44.000 créditos hipotecarios y 2026 se encamina a terminar en la zona de 30.000. Es decir, la medida podría llevar a que los créditos de este año igualen las cifras del anterior.
El punto de partida es muy bajo. El crédito hipotecario representaba apenas 0,8% del PBI al cierre del primer semestre de 2026, por debajo del 1,4% que tocó en 2018 y muy lejos de los 6,1 puntos que alcanzó a inicios de 2002, según cálculos de Gonzalo Carrera, economista de Equilibra.
El descalce de plazos, que es el obstáculo técnico que limita a los bancos a prestar a largo plazo.
El problema es estructural: la mayor parte de los depósitos que reciben las entidades corresponde a instrumentos de corto plazo o liquidez inmediata. Prestar a 20 o 30 años con fondeo a 30 días es una ecuación que ningún banco puede sostener.
González Rouco lo resumió en su informe a clientes: "El objetivo declarado es atacar el descalce de plazos que enfrentan los bancos. Sus depósitos son de corto plazo y los créditos hipotecarios de largo plazo. El FGS aporta un fondeo más largo, de entre 1 y 5 años, que hoy no consiguen en el mercado local, con el fin de ampliar la oferta de préstamos y estimular la competencia entre bancos para bajar tasas".
Depende de qué banco, y la respuesta es más matizada de lo que sugiere el anuncio.
González Rouco distingue dos situaciones. Para las entidades que hoy ya prestan al 7,5% o menos, no espera bajas: "Para estas entidades el programa es, ante todo, una alternativa de mejora del fondeo, que les permite prestar más, no necesariamente más barato".
Para los bancos con líneas por encima de ese umbral, la cosa cambia: "El programa sí habilita una baja de tasas, ya que para acceder al fondeo del FGS deben ubicarse dentro del tope de UVA 7,5%". Aunque estima que probablemente presten únicamente el monto fondeado por el FGS.
Hay además una advertencia sobre el impacto neto que conviene tener presente: "El impacto efectivo va a depender de cuánto usen los bancos esta herramienta para agregar cantidad de crédito y cuánto para reemplazar fondeo por un fondeo más barato en el crédito que ya otorgan".
Y el escenario que reduciría el efecto: "Si lo que ocurre es que los bancos que hoy no prestan pasan a prestar, pero lo hacen quitándoles demanda o participación de mercado a los que ya prestan, el impacto neto será menor".
Según una persona con conocimiento directo del asunto consultada por Bloomberg Línea, que pidió reserva, esta semana el BCRA y el FGS firmarán un convenio para que la autoridad monetaria realice las licitaciones por cuenta y orden del Fondo. Ese convenio debe ser aprobado por el Directorio del BCRA, algo que posiblemente ocurra entre este jueves y el siguiente.
La decisión del equipo económico es no fijar de antemano un calendario ni una periodicidad. Las subastas se irán regulando según la demanda, la liquidez y el funcionamiento del programa, tal como ocurrió con los Bopreales. El informe de Empiria estima que se realizarán no menos de 10 licitaciones.
Hay un detalle operativo que va a condicionar quién participa primero: existe un límite de 90 días para colocar los fondos. González Rouco anticipa que en las primeras subastas la demanda se concentre en bancos que ya tienen su línea hipotecaria en movimiento y pueden colocar rápido. El resto "posiblemente primero ajusten su tasa para ubicarse dentro del tope y recién después activen su participación".
El programa debuta justo cuando vuelve a encenderse una alarma en el sistema financiero.
La consultora 1816 anticipó el viernes, en un informe a clientes basado en datos de la Central de Deudores del BCRA, que la mora habría vuelto a subir en julio de 2026, tras la caída marginal de junio que había interrumpido 19 meses consecutivos de aumentos.
Según sus cálculos, la mora total del sector privado no financiero pasó de 7,63% en junio a 7,73% en julio. La de familias subió de 12,77% a 12,94% y la de empresas de 3,50% a 3,61%.
Ese dato tiene consecuencias políticas inmediatas. La oposición formalizó la convocatoria a una sesión en Diputados para el miércoles 9 de septiembre de 2026 para debatir morosidad y emergencia en discapacidad, después de reunir 133 votos —por encima de los 129 necesarios— para incluir esos temas en una próxima sesión.
Ya se presentaron unos 30 proyectos sobre el tema y la CGT convocó a una marcha frente al Ministerio de Economía el 20 de agosto.