La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina presentó ante el BCRA un paquete de medidas cuyo eje central es técnico pero con impacto directo sobre cualquier persona que hoy no puede pagar la cuota de su préstamo.
El pedido principal es que el Central habilite mecanismos regulatorios para flexibilizar la clasificación de los deudores y el registro contable de los saldos en mora.
La propuesta funciona así: cuando un cliente cae en determinadas categorías de irregularidad, la entidad debe constituir mayores previsiones contables y enfrenta restricciones para refinanciar ese saldo. Eso reduce el margen de la entidad para ofrecer planes de pago más accesibles. Flexibilizar esos criterios ampliaría ese margen sin exigirle al banco asumir riesgo regulatorio adicional.
Abappra (que nuclea a entidades como Banco Ciudad y Banco Provincia) sostuvo que esos mecanismos "ya han sido empleados por la autoridad monetaria en otros contextos de estrés sistémico y que resultaron virtuosos".
La segunda propuesta apunta a homogeneizar criterios entre los distintos proveedores de crédito en materia de evaluación de capacidad de pago, información y transparencia. El objetivo declarado es detectar antes a los clientes que empiezan a mostrar dificultades y ofrecerles alternativas antes de que el atraso se profundice.
Hay una buena noticia y varias malas en el último informe del BCRA correspondiente a junio de 2026:
Es decir: el promedio general mejoró marginalmente, pero el segmento donde vive la crisis (el crédito al consumo de las familias) sigue igual o peor.
Desde IDESA (centro de estudios independiente) afirman a iProUP que la mora en deudas por préstamos y tarjetas de las familias se multiplicó por cinco desde 2024, y que ese salto responde a tres causas que operan en simultáneo:
El desglose del costo que aportan explica por qué la brecha es tan grande: el interés que paga una familia ronda el 67% TNA para préstamos, mientras el banco toma depósitos a entre 20% y 23%. "Sobre la tasa de referencia se acumulan el riesgo de incobrabilidad, los encajes, impuestos de los tres niveles de gobierno, seguros y el margen de intermediación".
Y agregan la consecuencia observable: "Eso puede ayudar a explicar por qué hubo entidades que, aun prestando relativamente poco, tuvieron una asignación de crédito muy poco eficiente."
Desde IDESA plantean a iProUP que la respuesta regulatoria, por sí sola, no resuelve el problema de fondo.
"Al margen de la cuestión monetaria, es fundamental que se recuperen los ingresos de las familias, para que no suceda que incluso montos bajos de deuda lleguen a comprometer las finanzas de los hogares", sostienen.
El segundo punto que señalan es el que ninguna de las propuestas presentadas hasta ahora aborda: el peso impositivo sobre el crédito.
"Un tema muy importante a abordar desde las políticas públicas es el papel de los impuestos en el costo del crédito. Entre IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales, se puede llegar a aumentar 50% el costo de un préstamo. Con lo cual los tres niveles de gobierno tienen algo de responsabilidad en bajar ese costo."
Ese dato reordena todo el debate. Si la mitad del sobrecosto de un préstamo es impositivo, ninguna flexibilización contable ni ningún plan de refinanciación bancaria puede compensar esa carga. La refinanciación mejora las condiciones de la deuda vieja; el impuesto sigue encareciendo la nueva.
Abappra fue explícita en delimitar los alcances de su iniciativa, y esa aclaración es tan informativa como el pedido en sí.
"La propuesta no busca desconocer los riesgos ni promover soluciones generalizadas, sino favorecer un abordaje preventivo que permita distinguir situaciones transitorias, mejorar la información disponible y generar herramientas que contribuyan a sostener una relación crediticia saludable", señaló la entidad.
Traducido: no es una condonación, no es un alivio universal y no aplica a quien tiene un problema de solvencia estructural. Apunta a casos de dificultad transitoria.
La asociación se puso a disposición de las autoridades para constituir mesas técnicas de trabajo. La iniciativa está en esa instancia, sin definiciones todavía sobre qué mecanismos concretos adoptaría el BCRA.
En paralelo, en el Congreso se acumulan distintos proyectos para amortiguar la mora bancaria, en un debate que hasta ahora no derivó en ninguna medida sancionada.