La mora crediticia en la Argentina llegó a niveles que no se veían en años y el debate sobre quién es responsable –y quién debería resolverla– escaló rápido. En medio de esa discusión, la Cámara Argentina Fintech salió a marcar la cancha: publicó un comunicado en el que reclama "más y mejor crédito" para el país y, de paso, defiende el rol del sector frente a las críticas por el aumento de los impagos.
El texto no niega el problema de la mora. Pero sí busca correr el eje de la discusión: según la entidad, el sector fintech "concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias", muy por debajo de la porción que explica en el sistema.
El punto de partida del comunicado es estructural. La Cámara sostiene que la Argentina arrastra "un problema estructural de acceso al financiamiento desde hace décadas", con un dato que resume el diagnóstico: el crédito al sector privado representa apenas 13% del PBI, un nivel similar al promedio de las últimas dos décadas y muy inferior al 53% que se registra en América Latina y el Caribe.
Para la entidad, ese dato no es un detalle técnico sino la clave de todo el debate posterior sobre la mora. Si el país necesita "más crédito formal, no menos", como remarca el texto, cualquier respuesta a los atrasos de pago debería evitar restringir el acceso al financiamiento, en lugar de profundizar la exclusión.
El comunicado pone en números el crecimiento explosivo del crédito digital en la Argentina. Antes de la pandemia, menos de medio millón de personas tenían un crédito fintech; hoy son más de 10 millones, de las cuales 3,8 millones no tienen un crédito bancario. Es decir, para casi 4 millones de argentinos, la fintech no compitió con el banco: fue la única puerta de entrada al sistema formal.
La Cámara enmarca ese salto como una ampliación de derechos más que como un riesgo. Sostiene que, para buena parte de esos usuarios, la alternativa real "no era elegir entre un banco y una fintech, sino entre acceder a un crédito formal o recurrir a circuitos informales", donde no existen mecanismos de información, registro ni protección al usuario.
En esa misma línea, el texto destaca que el crédito fintech "ha permitido registrar las obligaciones y el comportamiento de pago de sus clientes, además de construir un historial crediticio", algo que después puede facilitar el acceso a montos mayores, plazos más largos y mejores condiciones en cualquier entidad, incluidos los bancos.
El comunicado se apoya en un informe de la consultora Analytica, elaborado a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) con información de mayo de 2026. El diagnóstico es contundente: casi 3 de cada 10 personas que tienen un crédito en la Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de su cuota.
Medido en dinero, el crédito total a las familias asciende a $82,8 billones. De ese total, $13,5 billones (16,3%) están en situación irregular. La distribución por tipo de entidad es la que la Cámara usa como principal argumento defensivo:
Analizado por personas, el panorama es más parejo entre proveedores: hay 20,8 millones de individuos con al menos un crédito formal en el país, de los cuales 5,8 millones registran atrasos superiores a 90 días.
Los bancos tienen 14,3 millones de deudores (2,45 millones en mora), las fintech 10,1 millones (2,41 millones en mora) y el resto de proveedores 5,2 millones (2,7 millones en mora). Como aclara el propio comunicado, estos universos no son excluyentes: una misma persona puede deber en más de un canal a la vez.
Los datos de la Cámara no aparecen en el vacío. Otros relevamientos privados vienen marcando la misma tendencia, aunque con matices sobre a quién golpea más fuerte la crisis del crédito. Según un informe de Equifax, la brecha generacional es determinante: mientras la Generación Silenciosa cumple con el pago en el 92,2% de los casos, los Centennials cierran la tabla con apenas 68,84% de cumplimiento, el más bajo de todos los segmentos.
El economista Andrés Roncero, especializado en consumo y crédito, dimensionó el fenómeno al ser consultado por iProUP: "La tasa de mora en personas físicas llegó al 16,1%, más del doble del pico de 2019". Para Roncero, lo más grave no es solo el nivel sino la velocidad del deterioro, un diagnóstico que coincide con lo que muestra el informe de la Cámara sobre el avance de los atrasos.
Un informe de la consultora Equilibra, por su parte, había detectado que la mora del crédito al sector privado pasó del 2% en noviembre de 2024 al 9,7% en mayo de 2026, y que 1,3 millones de personas ya acumulan "doble deuda" en bancos y entidades no financieras al mismo tiempo.
La analista Analía Romero describió el fenómeno con una frase que resume buena parte del debate: "la mora que estamos viendo no es irresponsabilidad financiera masiva, es la consecuencia aritmética de ingresos que no alcanzan".
El comunicado de la Cámara dedica un apartado a explicar por qué los costos del crédito no financiero son más altos que los bancarios y por qué eso no equivale a mala praxis del sector. La diferencia central está en el fondeo: los bancos están habilitados por el BCRA a prestar con el dinero de los depósitos de sus clientes, mientras que las fintech y los proveedores no financieros solo pueden usar capital tomado del mercado de capitales o de préstamos bancarios, un mecanismo siempre más costoso.
A eso se suma una carga tributaria que golpea a todos los proveedores por igual: cerca de un tercio del costo del crédito, según la jurisdicción en la que se haya tomado, corresponde a tributos nacionales, provinciales y municipales.
Frente al escenario de mora generalizada, la entidad evita pedir mayor regulación y en cambio propone "avanzar sobre cuatro ejes":
El comunicado cierra con una definición que resume el tono general del texto: "la mora no beneficia a ningún proveedor y ningún modelo de crédito es sostenible si los préstamos no pueden pagarse". Para la Cámara, la respuesta pasa por abordar las causas de fondo –ingresos, información e impuestos– antes que por restringir el acceso al crédito que, insiste, todavía sigue siendo escaso en la Argentina.
El debate de fondo, sin embargo, sigue abierto. Mientras la Cámara pide más crédito formal para reducir la exclusión financiera, en el Congreso se acumulan decenas de proyectos legislativos que buscan crear mecanismos de rescate para los deudores, y el sector bancario rechaza de plano cualquier iniciativa que perciba como regulatoria. En el medio, millones de argentinos siguen sosteniendo, mes a mes, el mismo cálculo: qué pagar primero, qué refinanciar y qué queda, otra vez, para después.