La suba de la mora en créditos al consumo y tarjetas durante los primeros meses de 2026 impulsó respuestas provinciales destinadas a aliviar la situación financiera de numerosas familias argentinas afectadas.
Las iniciativas implementadas en distintos distritos apuntan a facilitar la regularización de obligaciones mediante refinanciaciones, tasas subsidiadas, ampliación de plazos y mecanismos orientados a consolidar compromisos financieros vigentes.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convirtió esta semana en el distrito más reciente en incorporar medidas destinadas a asistir a familias con dificultades para afrontar obligaciones financieras acumuladas.
La Legislatura porteña aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una herramienta diseñada específicamente para refinanciar préstamos personales y saldos impagos de tarjetas bancarias actualmente en situación de mora.
Los créditos otorgados mediante este esquema deberán destinarse exclusivamente a cancelar compromisos vigentes con el Banco Ciudad u otras entidades bancarias supervisadas oficialmente por el BCRA.
La normativa excluye expresamente obligaciones generadas con billeteras virtuales y compañías financieras no bancarias, una limitación significativa considerando el aumento reciente de incumplimientos registrado dentro de ese segmento.
Las líneas previstas contemplan una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 cuotas mensuales, aunque cada entidad podrá mejorar condiciones.
Una vez que la ley entre en vigencia, los interesados dispondrán de un período de 60 días para iniciar los trámites correspondientes y solicitar los préstamos previstos oficialmente.
Para obtener el beneficio será indispensable cumplir simultáneamente con las siguientes condiciones:
En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia mantiene opciones para refinanciar deudas de consumo con mora reciente, permitiendo cancelar compromisos mediante planes de pago que pueden extenderse hasta 72 meses.
Además, incorporó una línea especial con tasa anual del 39% para atrasos de hasta 90 días y del 31% para demoras mayores, orientada especialmente a personas en situación de sobreendeudamiento.
A fines de abril, Santa Fe puso en marcha el Plan de Protección de los Ingresos para trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados afectados por descuentos salariales vinculados con créditos impagos.
Desde el gobierno de Maximiliano Pullaro señalaron: "En la provincia, el 33 % de los empleados estatales registra descuentos por créditos; de ese total, unos 12.000 superan el umbral del 25 % de afectación salarial. A ellos se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos"
Corrientes implementó el programa "Corrientes Sostiene", que destina más de $130.000 millones para refinanciar deudas en tarjetas mediante 6 o 12 cuotas fijas, reduciendo en 29 puntos porcentuales las condiciones habituales para unos 89.000 beneficiarios.
En Misiones, la gestión de Hugo Passalaqua extendió junto al Banco Macro un programa con tasas bonificadas para refinanciar deudas en tarjetas y préstamos de empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados que registren mora.
En Córdoba, Bancor habilitó una propuesta para empleados estatales y privados que cobran salarios en la entidad, permitiendo consolidar deudas en un único pago mensual con tasas de 45% a 70%.
El esquema cordobés contempla plazos de hasta 60 meses, ofreciendo una alternativa para reorganizar compromisos financieros mediante la unificación de obligaciones en una sola cuota mensual.
La discusión sobre nuevas herramientas para asistir a hogares endeudados continúa avanzando en distintos puntos del país, con iniciativas legislativas que buscan ampliar las opciones disponibles para quienes enfrentan dificultades financieras.
En Mendoza, una de las propuestas en evaluación corresponde al senador Mauricio Sat, quien promueve la creación del "Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos" para sectores afectados por el endeudamiento.
El esquema analizado prevé financiamiento con plazos de entre 36 y 60 cuotas, incorpora tasas subsidiadas y limita el acceso a grupos familiares cuyos ingresos no excedan diez salarios mínimos.
También en Chubut surgieron proyectos con objetivos similares, entre ellos el PL014/2026 impulsado por la diputada Norma Arbilla para empleados públicos y usuarios del Banco del Chubut.
La iniciativa contempla préstamos destinados a refinanciar obligaciones pendientes mediante tasas subsidiadas y el respaldo de un fondo de garantía orientado a ampliar el acceso al financiamiento.
Mientras tanto, en provincias como La Rioja se estudian alternativas para acompañar a familias alcanzadas por problemas de mora, en un contexto donde el fenómeno continúa generando preocupación.
El porcentaje de mora se ubicó en 12% en el conjunto del país, aunque desde el sistema financiero indican que la tendencia habría comenzado a moderarse en los últimos meses.
En paralelo, el Congreso analiza proyectos impulsados por el peronismo, Provincias Unidas, Coherencia y el PRO, reflejando diferentes enfoques frente al crecimiento del endeudamiento de los hogares argentinos.