El Gobierno presentó un proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal que permitirá que quienes tienen criptomonedas en una billetera fría puedan llevarlas a una exchange regulada sin que le hagan preguntas por el origen, siempre que se trate de una persona humana adherida al Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias.
Además, si bien este blanqueo no es formal, posibilitará nuevas inversiones en criptomonedas dentro de exchanges reguladas y declararlas.
El nuevo anteproyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal precisa el funcionamiento del régimen para los "dólares del colchón", permitiendo que quienes adhieran al Régimen de Ganancias Simplificado puedan volcar ese dinero en negro al circuito legal para diversas operaciones, como inversiones financieras o inmuebles.
"Todo esto está condicionado, según el último texto aprobado por el Gobierno, a que los fondos a blanquear se bancaricen o inviertan en el mercado de valores o exchange cripto aprobada por la Comisión Nacional de Valores", advierte a iProUP el consultor impositivo Mariano Neira.
El especialista Marcos Zócaro señala a iProUP que "se puede generar un efecto indirecto sobre la inversión en criptoactivos, en tanto la reforma facilita el ingreso de dinero en efectivo al circuito formal y su posterior canalización hacia alternativas reguladas".
"Se trata de una mayor facilidad para formalizar y aplicar fondos dentro del sistema financiero y del mercado de capitales. En ese marco, parte de esos recursos puede dirigirse tanto a activos virtuales como a inversiones bursátiles tradicionales", agrega.
Germán Nihuol, de Criptocontador, añade que con este nuevo proyecto "pueden multiplicarse las inversiones en cripto, ya que hay un crecimiento en Argentina en la actualidad de productos vinculados a la blockchain, no solo criptomonedas, sino también tokenizacion, o sea actividades reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
"También hay adopción generalizada de stablecoins (usadas como reserva de valor o cobertura cambiaría) lo que también incide en mayor inversión en criptos", añade.
También se admite declarar renta de bienes que no están declarados sin tener que hacer una declaración patrimonial, aunque después haya que documentarlos en el Impuesto sobre los Bienes Personales.
Esto plantea ente los holders si puede servir para regularizar criptomonedas ocultas. "Sin dudas, la Ley de Inocencia Fiscal va a contribuír a qué el contribuyente empiece a declarar sus criptos, ya sea la venta, rendimientos o tenencias", confirma Nihoul.
Neira aclara que "esta posibilidad de llevar las cripto en una billetera fría a exchange regulada estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, según el último texto de la Ley de Inocencia Fiscal".
Según el experto, la norma "vino a establecer un esquema de fiscalización diferenciado. Para estos sujetos, si adhieren al régimen, no importa en principio patrimonio ni consumo: solo que los ingresos y gastos que deduzcas de la actividad sean los correctos".
"Esa presunción de exactitud se mantiene si no hay un ajuste de impuesto por 'discrepancias significativas' y esto no se rectifica. Pero, si la declaración jurada, es exacta, genera liberación de pago, fiscalización y produce tapón hacia atrás", sostiene.
Por lo tanto, remarca, "hasta el 31/12/2027 se podrá incorporar rentas de bienes y transaccionar con activos no declarados sin que generen inconveniente fiscal, siempre que los ingresos del periodo base de adhesión no tengan esos ajustes".
La nueva ley admite las compras de inmuebles en efectivo si se entrega el dinero frente al escribano. Aquí, el interrogante que surge es si esto puede ser una vía para blanquear criptomonedas no declaradas. Pero los especialistas plantean dudas.
"Esto no lo creo ya que la Ley de Inocencia Fiscal no implica un "blanqueo automático", ni elimina riesgos fiscales ni penales asociados. Sin embargo, hay varios puntos clave a considerar", considera Nihoul:
Los escribanos continúan alcanzados por normas de prevención de lavado de activos y deben reportar operaciones sospechosas a la UIF cuando el perfil económico del comprador no resulte consistente.
Aunque la operación inmobiliaria se haga en efectivo, muchas transacciones cripto dejan rastros en exchanges, billeteras y blockchains públicas. Además, los PSAV registrados en Argentina ya informan operaciones a ARCA y la tendencia internacional apunta a mayor intercambio automático de información mediante normas como CARF.
Comprar un inmueble implica exteriorizar patrimonio. Si luego ARCA detecta inconsistencias entre ingresos declarados y bienes adquiridos, pueden surgir ajustes impositivos, multas o investigaciones sobre incremento patrimonial no justificado.
La flexibilización operativa para pagos en efectivo no equivale a un régimen de blanqueo fiscal. Para que exista una verdadera regularización patrimonial normalmente se requiere un régimen específico de exteriorización con liberación de contingencias fiscales y penales.
Respecto a la inversión en inmuebles, Fernando López Chiesa, del estudio LLA & Asoc., destaca los siguientes puntos clave:
Esta modalidad permite regularizar la tenencia de dólares para la compra de una propiedad siempre que se cumplan las formalidades notariales que acrediten la entrega física de los fondos durante la transacción, cierra López Chiesa.