El Gobierno puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta que busca fomentar inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas con beneficios impositivos.
El objetivo principal de esta medida es impulsar la actividad económica, mejorar la competitividad y generar empleo.
La medida se oficializó a través del Decreto 242/2026 publicado en el Boletín Oficial donde se le ofrecerá incentivos para quienes inviertan en:
Entre los principales beneficios, el régimen permite amortizar más rápido las inversiones en el Impuesto a las Ganancias y recuperar antes el IVA, lo que mejora el flujo de caja de las empresas.
El RIMI había sido creado por la Ley 27.802, pero hasta ahora no podía aplicarse por falta de reglamentación. Con este decreto, el Gobierno avanzó en su implementación, aunque todavía faltan definiciones clave para que las empresas puedan adherirse.
Según detalló el tributarista Sebastián Domínguez, el régimen "es un avance", pero aún no está operativo. Es decir, por ahora las empresas no pueden inscribirse formalmente.
El esquema está dirigido a empresas que cuenten con certificado MiPyME, incluidas las medianas tramo 1 y 2. También podrán acceder algunas entidades sin fines de lucro que cumplan con los requisitos.
En cuanto a las inversiones alcanzadas, se incluyen bienes de capital nuevos, tecnología, equipamiento y también inversiones vinculadas al agro, como sistemas de riego o mallas antigranizo. Además, contempla proyectos de eficiencia energética.
Para las obras, el régimen aplica a aquellas que estén directamente relacionadas con la actividad productiva y que no superen el 30% de avance al momento de la entrada en vigencia de la ley.
Por otro lado, quedan afuera las inversiones financieras o de cartera. Además, la devolución del IVA tendrá un tope de hasta el 50% del cupo anual disponible.
El decreto también establece que el plazo para realizar inversiones será de dos años, aunque ese período todavía no comenzó a correr debido a una falta de resoluciòn complementaria que debe definir los detalles operativos del régimen.
En ese sentido, el Gobierno dio un plazo de 30 días a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a otras áreas para completar la reglamentación.
Por ahora, las empresas deberán esperar. Aunque el RIMI ya fue reglamentado, todavía no se puede utilizar en la práctica.