El sistema financiero está "en pie de guerra" por la reforma laboral que avanza en el Congreso, y en particular por uno de sus puntos más sensibles, vinculado a la habilitación del pago de sueldos a través de billeteras.
Bancos y fintechs no se tomaron descanso ni siquiera este fin de semana y, en las horas previas al debate en el Senado de este miércoles, protagonizaron un fuerte 'fuego cruzado'.
Mientras las principales cámaras del sector bancario enviaron una carta a figuras clave del oficialismo, como Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados, o Patricia Bullrich, hoy ocupando banca en el Senado, pidiendo que se quite ese punto del proyecto, desde la Cámara Argentina Fintech respondieron con 'munisión pesada' a través de un informe extenso y detallado en el que defienden la medida como una actualización necesaria para modernizar el sistema financiero.
El eje del conflicto es el artículo 35 de la iniciativa, que modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y que habilitaría, si se aprueba sin cambios en ambas cámaras (el proyecto debe pasar también por Diputados), el pago de salarios en cuentas virtuales (CVU).
Esto 'abriría el juego' a los Proveedores de Servicios de Pago, las conocidas billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá o Personal Pay, y pondría fin a la exclusividad histórica de las cuentas bancarias (CBU) para la acreditación de haberes.
La Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA) rechazaron esto de forma tajante y en conjunto.
Ambas entidades argumentan que la norma equipara los CVU y CBU "sin exigir a los primeros un régimen regulatorio, prudencial y de supervisión equivalente al que rige para las entidades financieras".
En esa línea, sostienen que el cobro de salarios vía billeteras expone a los trabajadores a una menor protección legal. De aprobarse la reforma con este punto incluido, existiría, indican, una "ausencia de garantías y mayor riesgo patrimonial para los usuarios".
Remarcan que las entidades bancarias cuentan con un sistema de "triple protección" integrado por el Seguro de Depósitos (SEDESA), que actualmente cubre hasta $25.000.000 por persona, por cuenta y por depósito, el estatus de pasivo privilegiado sobre la totalidad de los activos del banco y un régimen de resolución especial.
"Las cuentas de pago carecen por completo de estas protecciones. En caso de insolvencia de un PSP, los fondos de trabajadores ingresarían a la masa concursal sin prioridad alguna", subrayan.
En este sentido, apuntan a una "experiencia histórica local e internacional" que, según la visión de las cámaras, "demuestra que el riesgo no es marginal", con "quiebras y fraudes en fintech como WIRECARD, FTX o Wenance, Generación Zoe, Sur Finanzas, etcétera, que generaron pérdidas masivas para usuarios, sin que existieran mecanismos públicos de garantía o rescate".
En la carta también mencionan "asimetrías regulatorias y supervisión insuficiente" que, junto con "controles más laxos" bajo los que operan los PSP en el país (una situación que, afirman, no ocurre con los bancos, que están sujetos a una "regulación prudencial estricta por parte del BCRA") trasladaría "riesgos desde los intermediarios hacia los usuarios finales y, eventualmente, hacia el propio Estado".
A su vez, resaltan el rol de los depósitos salariales como "materia prima del crédito a mediano y largo plazo" y advierten que, si esos fondos se canalizan a través de PSP, existe el riesgo de "una contracción estructural de la capacidad crediticia del sistema bancario".
"Este fenómeno tendría claros e inmediatos efectos adversos y directos sobre la inversión, el empleo y el crecimiento económico, impactando de manera particularmente negativa en el financiamiento de las PyMEs, los productores regionales, el comercio, la vivienda, el consumo local y la actividad económica territorial en su conjunto", alertan.
Entre los últimos puntos destacados de la carta de cuatro páginas enviada a distintas figuras del Gobierno, concluyen que la habilitación a billeteras para actuar como agentes de cobro de salarios "no solo carece de justificación funcional, sino que introduce riesgos ciertos y evitables de naturaleza financiera, social y territorial".
Por eso, piden rechazar la aprobación del artículo 35 del proyecto de Ley de Modernización Laboral.
La Cámara Argentina Fintech no dejó pasar la oportunidad y respondió con un comunicado directo, con una premisa clara: el eje no es imponer billeteras, sino ampliar derechos y reconocer la realidad.
En el texto no solo plasmaron los argumentos para defender el artículo 35, la modificación del esquema vigente y la habilitación a PSP como medios de cobro de sueldos, sino que también apuntaron contra los bancos e intentaron desmontar, uno por uno, los cuestionamientos a la iniciativa.
Sostuvieron, en ese marco, que las entidades tradicionales tienen una mirada "desactualizada" del sistema financiero y que buscan limitar la libertad de elección de los usuarios y, con ello, resguardar un negocio históricamente ligado al sistema bancario, ante el temor de perder una porción más que significativa de clientes en el proceso.
En materia de seguridad, desde el sector fintech remarcan que los Proveedores de Servicios de Pago no operan en un vacío regulatorio, sino bajo un esquema específico diseñado por el Banco Central.
Para las billeteras, presentar a los PSP como un canal "menos seguro" desconoce que se trata de infraestructura financiera formal, integrada y supervisada, con estándares pensados justamente para resguardar fondos de terceros.
Respecto del destino de esos fondos, explican que la regulación vigente obliga a los PSP a mantener el 100% del dinero de los usuarios depositado en cuentas bancarias a la vista y separado del patrimonio de la empresa.
Esto implica que, en la práctica, los fondos no salen del sistema bancario ni pueden ser utilizados por la billetera para otorgar crédito o asumir riesgos sistémicos.
Como tercer punto, el más 'picante', señalan que, desde la visión del ecosistema, la resistencia bancaria no responde a una preocupación genuina por la seguridad de los usuarios, sino al temor de perder el fondeo estable y de bajo costo que representan los salarios acreditados en cuentas bancarias.
Esos saldos, argumentan, funcionan para los bancos como base para financiar crédito sin necesidad de competir plenamente por esos recursos.
Desde la mirada de la Cámara, el salario es hoy una de las últimas operaciones masivas donde no existe plena libertad de elección del canal de acreditación.
"Permitir que los salarios se acrediten en cuentas de pago habilitadas por el BCRA no implica asumir nuevos riesgos ni debilitar al sistema financiero. Implica actualizar el marco normativo laboral y administrativo a la realidad del sistema de pagos argentino", refuerza el comunicado.
Por eso, desde la Cámara Argentina Fintech instaron al Congreso de la Nación "a avanzar en una normativa que amplíe derechos, fomente la competencia y acelere la inclusión financiera", en un pedido indirecto para que se apruebe el punto correspondiente de la reforma laboral.
En diálogo con iProUP, Mariano Francisco Biocca, Director Ejecutivo de la CAF, refuerza: "Creemos que la discusión es simple: ¿quién debe decidir dónde cobra su sueldo un trabajador? Para nosotros, la respuesta es clara. El salario es del trabajador y debería poder elegir libremente. Hoy esa libertad no existe y no hay una justificación real para sostener esa excepción".
En su mirada, "este no es un debate entre bancos y fintech". "No se trata de imponer nada, sino de ampliar derechos y actualizar reglas a una realidad que ya funciona. La resistencia de algunos bancos no responde a cuestiones de seguridad ni técnicas, sino a la defensa de un esquema histórico de salarios cautivos", asevera.
Por eso, ratifica: "Desde la Cámara, apoyamos el Artículo 35 del Proyecto de Modernización Laboral: reconoce una práctica extendida y que la gente ya eligió a las billeteras para su día a día. Ahora, garantizar la libre elección es un paso clave hacia un sistema financiero más moderno, competitivo e inclusivo".
Las cuentas sueldo siguen siendo una de las principales vías de captación y fidelización de clientes para las entidades tradicionales. Al mismo tiempo, buena parte de la batalla por la "principalidad" se juega en el lugar en el que se acredita el salario cada mes.
Por eso este punto resulta clave. Ser el primer canal del usuario puede definir, junto con otros factores, con qué entidad mantendrá su "relación principal". Si además se habilita el ingreso de las billeteras, se abre la posibilidad de un corrimiento: que muchas personas se vayan directamente de los bancos o reduzcan su actividad, y los utilicen solo para operaciones puntuales.
En el medio conviven estas discusiones jurídicas, debates y comunicados, todo bajo este cruce de modelos, donde cada parte expone sus argumentos y defiende sus intereses y los de su sector.
Para el usuario final (el joven, el trabajador, el jubilado, la persona de a pie) e incluso ahora para los diputados y senadores del Congreso, queda una sola pregunta que gana peso: ¿Quién tiene razón? Una inquietud que parece simple, pero tiene la capacidad de incidir de forma directa en el futuro del sistema financiero argentino, nada más y nada menos.
Para Diego Kupferberg, analista de Banca & Fintech de Taquión, "la respuesta incómoda es que ninguno la tiene del todo" y que, "justamente por eso, el foco debería correrse". "El salario no es ideológico, es infraestructura crítica", indica a iProUP.
"Desde el lado fintech, los argumentos son potentes y difíciles de refutar. El salario ya no se usa como antes y forzar la acreditación inicial en un banco no protege al trabajador, protege un canal. Hasta acá, la razón parece clara: el salario es del trabajador, no del banco ni de la fintech", sostiene.
Sin embargo, advierte que "reducir la reacción bancaria a una defensa corporativa sería simplista", ya que "los bancos ponen sobre la mesa un punto atendible y es que no es lo mismo regular pagos que regular bancos".
"El salario no es una transacción más del ecosistema: es el principal flujo recurrente de millones de personas, el punto de entrada al crédito, al ahorro y a buena parte de la formalidad económica. El riesgo no está tanto en dónde ‘duerme’ el dinero, porque hoy duerme en bancos igual, sino en quién responde ante errores, fraudes, caídas operativas o conflictos", describe.
"Si la ley habilita nuevos actores sin definir estándares claros de responsabilidad, atención al usuario y continuidad operativa, el problema no lo paga el banco ni la fintech: lo paga el trabajador. En ese punto, la advertencia sobre asimetrías regulatorias no es del todo infundada", subraya.
"Entonces, ¿quién tiene razón? La Cámara Argentina Fintech tiene razón en el principio: la libertad de elección es coherente con el uso real del dinero hoy. Los bancos tienen razón en el método: el salario exige reglas claras porque es infraestructura crítica del sistema económico", enfatiza.
"Si la reforma logra combinar ambas cosas, el sistema gana. Si no, la discusión seguirá siendo la de siempre: actores defendiendo su negocio, mientras el trabajador queda, otra vez, en el medio", concluye.