Las leyes que está aprobando Estados Unidos para regular el mundo cripto promueven esperanzas de un fuerte espaldarazo a las monedas digitales, especialmente, a las stablecoins atadas al dólar.
Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que existe un lado oscuro de control algorítmico de la economía de los ciudadanos.
Gilberto y Milagros Santamaría, del Estudio Santamaría Abogados, afirman a iProUP que "Estados Unidos aprobó la Ley GENIUS. A primera vista, parece un paso firme hacia la regulación de las stablecoins respaldadas por dólares".
Pero advierten que "detrás del lenguaje técnico y las promesas de estabilidad, se esconde un modelo de control que ha encendido las alarmas en la comunidad cripto".
"La Ley GENIUS establece que toda stablecoin emitida en EE.UU. debe tener un respaldo real uno a uno en activos líquidos, como efectivo o bonos del Tesoro. Además, obliga a sus emisores a contar con sistemas para congelar fondos, revertir transacciones, identificar usuarios y reportar operaciones sospechosas", indican los expertos.
Por lo tanto, advierten que "en otras palabras, los emisores de estas monedas deben actuar como si fueran bancos: vigilando, registrando y reportando los movimientos de sus usuarios, incluso sin una orden judicial previa".
"Aunque esta ley se presenta como una solución para ordenar el mercado cripto, muchos expertos advierten que en realidad podría consolidar una estructura de vigilancia sin precedentes en el mundo digital. Estos son algunos de los puntos más críticos, según los especialistas del Estudio Santamaría:
Parecería ser que GENIUS convierte a los tokens en herramientas programadas para controlar.
La sanción ya no se impone desde afuera: está embebida en el propio diseño del dinero digital. La privacidad deja de ser un derecho y pasa a ser una excepción.
La ley no regula criptomonedas descentralizadas como Bitcoin o Ethereum. Su blanco son las stablecoins emitidas por empresas privadas —como USDC o USDT— que ahora deberán responder a las agencias de control estadounidenses.
Se crea así un nuevo tipo de token: controlado, reversible, censurable.
La estrategia es clara: EE.UU. no emite su propia moneda digital oficial (CBDC), pero usa a empresas privadas para extender la influencia del dólar a través de stablecoins. Hoy, más del 98% de estas monedas están ancladas al dólar y gran parte del comercio cripto global pasa por allí.
Así, sin necesidad de tratados internacionales, Washington amplía su control sobre la economía digital mundial, incluso en países que nunca aprobaron esta ley.
Organizaciones como la Human Rights Foundation advirtieron que esta legislación crea una infraestructura de vigilancia financiera que permite a un Estado "ver, congelar, incautar y controlar los fondos de las personas".
¿Qué pasa si alguien cae en una lista negra injustamente? ¿Y si un gobierno futuro decide usar estos mecanismos para silenciar voces críticas?
El director de estrategia de la Human Rights Foundation, Alex Gladstein, alertó que "la Ley GENIUS allana el camino para un aparato de vigilancia y control plenamente operativo, donde los gobiernos pueden ver, congelar, incautar y controlar los fondos de las personas"
En la misma línea, el activista y escritor Sterlin Lujan denunció que "no hay nada pro-cripto, pro-blockchain ni pro-innovación en la Ley GENIUS".
"Todos dentro del espacio deberían oponerse con firmeza a esta ley y denunciarla por lo que realmente es: un intento de apropiación estatal del dinero digital. Permitirá la circulación de tokens de contabilidad digital centralizados, no criptomonedas descentralizadas", completa.
"La Ley GENIUS no prohíbe otras criptomonedas, pero sí establece un estándar técnico y legal tan estricto que, en la práctica, deja fuera a cualquier proyecto verdaderamente descentralizado. Y si los únicos tokens permitidos son aquellos que el Estado puede auditar, entonces la libertad de elegir es solo eso: una ilusión", aseguran los expertos del Estudio Santamaría.
Las disposiciones normativas que instauran el control algorítmico son las siguientes, precisan:
La Ley GENIUS exige a los emisores de stablecoins el cumplimiento de la Bank Secrecy Act, que impone:
"Esto no solo consolida la función policial de los emisores, sino que ancla legalmente la trazabilidad absoluta y la pérdida del anonimato funcional. La wallet emisora se transforma, en términos prácticos, en una oficina virtual de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)", remarcan los expertos.
Esta cláusula obliga a los emisores a contar con capacidades tecnológicas específicas para congelar, incautar o revertir transacciones ante la emisión de una orden judicial o administrativa.
Como advierte Sterlin Lujan, "este artículo establece el correlato digital del sistema bancario tradicional, trasladando su lógica de intervención estatal al ámbito de los tokens digitales. La consecuencia es la consolidación de un dinero programable al servicio del aparato de enforcement".
"El legislador estadounidense, al imponer a los emisores la implementación de herramientas para el bloqueo programado, incautación, trazabilidad total y reversibilidad de transacciones, convierte al token en un brazo ejecutor de la política financiera estatal. Se diluyen las fronteras entre tecnología, regulación y penalidad", consideran los abogados del Estudio Santamaría.
"Organismos como el IRS (agencia de impuestos), la NSA (inteligencia del Departamento de Defensa) y la FinCEN (persecución de delitos financieros) podrían acceder a los datos transaccionales de los usuarios de criptoactivos, los cuales serían analizados mediante sistemas de inteligencia artificial avanzados", señalan.
En este sentido, subrayan que "esta capacidad tecnológica —cuya existencia ya ha sido documentada en relación con operaciones bancarias tradicionales— habilita un nuevo paradigma de vigilancia financiera algorítmica", subrayan.
"El ecosistema cripto nació con un propósito claro: construir redes sin intermediarios, sin censura y sin necesidad de confiar en bancos o gobiernos. GENIUS Act, en cambio, propone un modelo donde los contratos inteligentes obedecen órdenes judiciales, las wallets se transforman en oficinas de vigilancia y cada transacción puede ser revertida o bloqueada", enfatizan los especialistas del Estudio Santamaría.
Además, lamentan que "más que una simple regulación financiera, la Ley GENIUS puede entenderse como una pieza clave en la nueva arquitectura del poder digital. En vez de proteger a los usuarios, los convierte en sujetos monitoreados por algoritmos, en nombre del cumplimiento y la seguridad", aseveran.
"La pregunta que queda en el aire es simple, pero urgente: ¿estamos regulando para proteger o programando para vigilar?", concluyen.