La reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), a través del Decreto 315/2026, puede convertirse en uno de los cambios más relevantes para el mercado de trabajo argentino de los últimos años.
No porque resuelva de manera mágica los problemas estructurales del empleo, sino porque introduce algo que la Argentina buscaba consolidar luego de un período extenso: mayor previsibilidad para contratar.
Durante décadas, distintos especialistas señalaron que el aumento de los costos asociados a la contratación formal pudo haber contribuido a desalentar la generación de empleo registrado en algunos sectores.
El resultado está a la vista. Altos niveles de informalidad, baja creación de empleo privado y una creciente judicialización de las relaciones laborales.
El RIFL intenta atacar justamente ese núcleo del problema. El esquema reduce de manera significativa las contribuciones patronales para nuevas contrataciones durante un plazo de hasta 48 meses.
En términos prácticos, muchas empresas pasarán de afrontar cargas cercanas al 18% o 20% a tributar apenas un 5% sobre determinadas contribuciones laborales para trabajadores incorporados bajo el régimen.
Eso cambia la ecuación económica de contratar, una herramienta que podrán aprovechar tanto las empresas vinculadas al RIGI como las organizaciones que integran sus cadenas de valor.
Para una PyME, incorporar un trabajador en Argentina dejó de ser hace tiempo una decisión exclusivamente productiva. También se convirtió en una apuesta financiera y jurídica. El temor al costo laboral futuro, sumado a la litigiosidad, llevó a muchas empresas a postergar incorporaciones, optar por esquemas de tercerización o limitar sus procesos de expansión.
El régimen parte de la premisa de que la reducción de costos y riesgos asociados a la contratación puede favorecer la generación de empleo formal.
Por eso el decreto tiene una lógica distinta a otros programas del pasado. No se limita a subsidiar salarios de manera transitoria. Reglamenta de forma concreta la reducción del costo estructural de una incorporación al sistema formal.
Además, el régimen apunta específicamente a sectores históricamente expulsados del empleo registrado: personas desempleadas, trabajadores informales, monotributistas y ex empleados del sector público. El punto más interesante, sin embargo, no es solamente fiscal.
La Argentina necesita avanzar hacia un modelo laboral que combine protección de derechos con incentivos que favorezcan la generación de empleo formal.
En los últimos años, muchas empresas percibieron que el costo y la complejidad del cumplimiento laboral resultaban crecientemente difíciles de gestionar. Esa distorsión alimentó la informalidad y multiplicó la conflictividad.
Menor litigiosidad no implica necesariamente menos protección para los trabajadores, sino relaciones laborales más claras y mecanismos de cumplimiento más previsibles para ambas partes.
La experiencia internacional muestra que los mercados laborales más dinámicos no son necesariamente los que tienen menos derechos, sino los que logran equilibrar protección con capacidad real de contratación.
En ese sentido, más que una reducción temporal de aportes, el RIFL parece expresar un cambio de enfoque: la idea de que la generación de empleo formal requiere incentivos adecuados, previsibilidad regulatoria y condiciones que favorezcan la inversión y la contratación.
*Por Fernando Ciarmatori, Gerente de Desarrollo Comercial de Grupo Gestión
