El tablero político se reconfigura este miércoles en el Senado. Tras intensas negociaciones, el oficialismo busca la media sanción para la reforma laboral, un proyecto que promete modernizar el mercado de trabajo pero que ha encendido las alarmas en los sindicatos.

La gran duda que sobrevolaba la City y las oficinas de Recursos Humanos finalmente tiene una respuesta oficial: la reforma no será solo para los nuevos empleos.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue tajante al respecto: "La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos". Esta definición marca un quiebre, ya que implica que los trabajadores que hoy están bajo la Ley de Contrato de Trabajo verán modificadas sus condiciones de salida en caso de un despido futuro.

Cómo impactará la reforma en los contratos vigentes

Aunque el Código Civil y Comercial establece que las leyes no pueden ser retroactivas, en materia laboral rige el principio de la norma vigente al momento de la extinción del vínculo. Esto significa que, si un trabajador que inició su relación hace diez años es despedido luego de que la reforma sea ley, el cálculo de su liquidación se regirá por las nuevas reglas.

Entre los cambios más polémicos que impactarán de forma transversal se encuentran:

Qué flexibilidades introduce el proyecto en vacaciones y jornadas

Al igual que los ahorristas que analizan las tasas de las nuevas ON de YPF para ganar previsibilidad, las empresas buscan reglas claras para reducir la litigiosidad. El proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones de común acuerdo y la creación de "bancos de horas" para compensar jornadas largas con días de descanso, sin necesidad de pagar horas extras en determinados supuestos.

Para los perfiles más jóvenes, la reforma amplía el período de prueba de 3 a 6 meses, pudiendo llegar a un año en el caso de las microempresas. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso, el clima es de paridad total. De obtener la media sanción, el texto pasará de inmediato a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, en un trámite que el Ejecutivo espera cerrar antes de que termine febrero.

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