Rusia está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su historia reciente en materia de activos digitales. A pocos días de la entrada en vigor del nuevo régimen regulatorio, el Banco de Rusia terminó de definir las normas que permitirán a los inversores minoristas operar criptomonedas a través de intermediarios autorizados a partir del próximo 17 de noviembre.
Si bien las autoridades rusas mantuvieron durante años una postura cautelosa hacia los activos digitales, el nuevo marco regulatorio abre la puerta a un mercado supervisado por el banco central y respaldado por instituciones financieras reguladas.
De acuerdo con las disposiciones finales publicadas por el regulador, los inversores particulares podrán comprar y vender Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Tether (USDT) mediante corredores, administradores de activos y proveedores de servicios autorizados.
La medida se apoya en la legislación promulgada por el presidente Vladímir Putin en agosto, que estableció la creación de un mercado regulado de criptomonedas bajo supervisión oficial.
Sin embargo, el acceso no será completamente libre. Los inversores considerados no calificados estarán sujetos a un límite anual de compra de 300.000 rublos por cada intermediario autorizado, equivalente a unos u$s3.700 al tipo de cambio.
En contraste, los inversores calificados no tendrán restricciones de compra. Todos los participantes deberán superar una evaluación obligatoria antes de poder operar, una exigencia diseñada para verificar conocimientos mínimos sobre riesgos y funcionamiento del mercado.
La selección inicial de activos también refleja el enfoque prudente adoptado por el regulador. El banco central eligió únicamente Bitcoin, Ether y USDT para esta primera etapa, tomando en consideración factores como:
La entrada en vigor de las nuevas reglas coincide con una creciente participación de instituciones tradicionales en el ecosistema digital ruso. En octubre, el Banco de Rusia autorizó a Sberbank, la mayor entidad financiera del país, a ofrecer servicios vinculados con criptomonedas.
Otro hito relevante llegará pocas semanas después. La Moscow Exchange, la principal bolsa de valores rusa, tiene previsto iniciar operaciones con criptomonedas a partir del 1 de diciembre mediante un programa piloto centrado inicialmente en Bitcoin, Ether y USDT.
El proyecto busca ofrecer un entorno de negociación institucional dentro de los estándares regulatorios establecidos por el banco central.
Pero mientras amplía el acceso a los activos digitales a través de canales regulados, Rusia también endurece las restricciones sobre otras formas de negociación.
Las autoridades ya prohibieron las transferencias desde cuentas digitales reguladas hacia billeteras de autocustodia y anunciaron que las operaciones directas entre particulares, conocidas como peer-to-peer o P2P, quedarán prohibidas a partir del 1 de julio de 2027.
Además, un proyecto reciente del Comité Investigador de Rusia propuso incorporar los criptoactivos a la infraestructura nacional de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La iniciativa busca formalizar el seguimiento de las transacciones digitales y facilitar la investigación de delitos financieros vinculados a Bitcoin, stablecoins y otros activos digitales.
La propuesta fue presentada por Anna Starzhinskaya, jefa de la Dirección General de Investigaciones del Comité Investigador, durante la vigésima reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, celebrada en Viena en el marco de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El organismo planteó que los criptoactivos pasen a integrar de manera explícita el sistema antilavado ruso. En la práctica, la medida podría obligar a plataformas, custodios, operadores financieros, mineros y otras entidades vinculadas a activos digitales a cumplir obligaciones como:
El Comité Investigador sostuvo que los investigadores ya pueden rastrear transacciones de criptomonedas mediante recursos especializados del Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia, conocido como Rosfinmonitoring. Esa capacidad permite obtener información relevante para probar actividades delictivas en casos de lavado de dinero, corrupción y otros delitos financieros.
La propuesta busca llevar ese seguimiento a un marco institucional más amplio y estable. Según el organismo, la incorporación de los criptoactivos a la infraestructura antilavado permitiría a las autoridades responder con mayor eficacia al crecimiento de las operaciones digitales y a su uso en esquemas ilícitos.
Por otro lado, sin embargo, el país mantiene vigente la prohibición de utilizar criptomonedas como medio de pago para adquirir bienes y servicios.