El sistema financiero paraguayo enfrenta la crisis más severa de su historia reciente tras la caída de Ueno Bank, la entidad digital insignia del país vecino que concentraba la operatoria de casi 3 millones de usuarios.
Lo que comenzó como un proceso de regularización técnica por debilidad patrimonial escaló con una velocidad inusitada hasta convertirse en un terremoto político e institucional que desembocó en la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña, y en la apertura de expedientes penales contra toda la cúpula corporativa.
La entidad, que había desembarcado con fuerza en el negocio bancario en 2023 tras reconvertir su personería de financiera a banco comercial, sufrió la clausura inmediata de sus canales transaccionales físicos y digitales por orden del Banco Central del Paraguay (BCP).
El episodio no solo congeló las cuentas de miles de ahorristas particulares, sino que comprometió recursos de la seguridad social y desató una corrida de confianza que cruza las fronteras regionales.
La trayectoria comercial de Ueno Bank estuvo marcada por un crecimiento exponencial apoyado en soluciones de banca móvil, promociones masivas y programas de reintegros comerciales. Al obtener su licencia bancaria definitiva en 2023, la firma desplegó una red de más de 70 sucursales y sumó 2,9 millones de clientes, absorbiendo a más del 60% de la población económicamente activa de Paraguay. Este volumen masivo de captación provocó que el colapso de sus servidores y su posterior bloqueo operativo paralizaran la actividad comercial cotidiana en las principales ciudades.
El detonante técnico de la intervención estatal fue la pérdida del respaldo financiero propio para sostener las operaciones crediticias.
El Banco Central del Paraguay constató que, tras aplicar ajustes a los balances oficiales, el índice de solvencia de la entidad se ubicó por debajo del 50% del límite exigido por la ley bancaria.
Este indicador actúa como un resguardo de capital para absorber pérdidas por mora o devaluación; al perforar ese piso normativo, la entidad quedó técnicamente descapitalizada para responder ante el mercado.
Las inspecciones del organismo regulador detectaron un esquema sistemático de concentración crediticia destinado a firmas vinculadas al propio grupo controlante.
Las auditorías expusieron que Ueno Bank otorgaba líneas de financiamiento por encima de las restricciones legales vigentes y sin solicitar garantías reales de respaldo. Entre los movimientos bajo la lupa penal, reportes de la agencia Associated Press documentaron la transferencia de casi u$s39 millones hacia tres compañías de los mismos propietarios en una sola jornada de septiembre de 2025.
La inspección sobre los estados financieros dejó al descubierto una adulteración recurrente en los asientos del balance.
Diversas partidas correspondientes a gastos corrientes de administración y comercialización eran registradas de manera indebida como activos de la entidad.
Una vez que los inspectores del BCP corrigieron los libros contables y dedujeron esos desembolsos, el capital genuinamente disponible se esfumó, ratificando que el problema de la entidad no respondía a una falta transitoria de liquidez sino a una insolvencia terminal.
Frente al cuadro de descapitalización, el directorio del Banco Central del Paraguay resolvió por unanimidad el 2 de noviembre de 2026 iniciar el proceso de resolución de Ueno Bank, oficializado formalmente al día siguiente. La disposición significó el cese de la personería operativa de la compañía: se clausuraron las 70 sucursales y quedaron suspendidas la aplicación móvil, las tarjetas de débito y crédito, y el sistema de transferencias interbancarias, pasando la administración de los activos remanentes a manos de un equipo interventor.
El cierre intempestivo de la plataforma desató protestas en las puertas de las casas bancarias de Asunción ante la imposibilidad de los clientes de disponer de sus salarios, ahorros o pagos a proveedores.
Para mitigar el impacto en la cadena de pagos, la autoridad monetaria inició un plan de contingencia para abrir cuentas puente en otros bancos del sistema a favor de unos 280.000 clientes que operaban con Ueno como su única vía de bancarización, mientras se organiza el calendario de reintegro de fondos.
La legislación paraguaya contempla un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona y por entidad financiera. Al momento de decretarse la intervención, ese resguardo legal representaba unos 228,3 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente u$s38.600. Si bien ese techo asegura la recuperación de los ahorros para cerca del 97% de los depositantes minoristas, los clientes corporativos y personas con saldos superiores enfrentan un escenario incierto que dependerá de la liquidación final de los bienes del banco.
El daño patrimonial se extendió a los recursos previsionales del Estado paraguayo.
El Instituto de Previsión Social (IPS), organismo previsional y de salud estatal, mantenía colocaciones por alrededor de u$s355 millones en Ueno Bank mediante certificados de depósito y bonos financieros, suma que representaba cerca del 9% de toda su cartera de inversiones.
Al mismo tiempo, la entidad bancaria tenía a su cargo la acreditación mensual de haberes de unos 32.000 jubilados, obligando al Poder Ejecutivo a improvisar bocas de pago alternativas.
La investigación penal radicada en el Ministerio Público Fiscal derivó en la detención inmediata de ocho altos ejecutivos de Ueno Bank, entre los que figuran el fundador del conglomerado, Miguel Vázquez, y el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale. Asimismo, la Justicia imputó a 27 directivos y mandos medios por los presuntos delitos de lesión de confianza, apropiación e intento de estafa, al tiempo que ordenó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias y bienes inmuebles para cautelar activos de cara a futuras demandas.
La gravedad de la quiebra escaló hasta el Poder Ejecutivo debido a la directa vinculación patrimonial del presidente de Paraguay con el conglomerado intervenido. Santiago Peña había sido accionista de Grupo Vázquez -sociedad controlante del banco- hasta marzo de 2025, y tras asumir el gobierno designó como presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, ex titular de Financiera Ueno. Tras la salida de Carvallo, masivas movilizaciones ciudadanas y la inminencia de un juicio político en el Congreso impulsado por la oposición y sectores del oficialismo, Peña presentó este jueves 5 de noviembre su renuncia indeclinable a la Presidencia de la Nación.