El GAFI revisará a los países con mayor actividad cripto del mundo para comprobar si sus controles contra el lavado de dinero funcionan en la práctica y no solo en los papeles. Los primeros resultados se publicarán en junio de 2027 y habrá una segunda tanda en octubre de ese mismo año.
La decisión salió del plenario que el Grupo de Acción Financiera Internacional celebró en París entre el 28 y el 30 de octubre, el primero bajo la presidencia del británico Giles Thomson. Allí, los países miembros acordaron acelerar de forma significativa la aplicación efectiva de los estándares sobre activos virtuales en las jurisdicciones con actividad cripto relevante.
Las claves de la revisión:
El organismo todavía no informó qué jurisdicciones serán examinadas. El GAFI justificó la urgencia en que las redes criminales usan cada vez más las criptomonedas para fraudes, estafas, evasión de sanciones, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La revisión se apoya en la Recomendación 15, el estándar que obliga a los países a registrar, regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales: exchanges, custodios y billeteras que manejan fondos de terceros.
El último informe del organismo sobre el tema, publicado en julio, confirmó que la brecha sigue abierta. A abril de 2026 había 149 jurisdicciones evaluadas y el reparto quedó así:
El mismo reporte indicó que el 83% de los países encuestados ya aprobó leyes para aplicar la Travel Rule, frente al 73% de 2025, y que otras 11 jurisdicciones están en proceso. Esta regla obliga a las plataformas a transmitir los datos de quien envía y de quien recibe cada transferencia cripto, como ya ocurre con las transferencias bancarias.
Sin embargo, el GAFI remarcó que muchas autoridades todavía no logran una supervisión, un sistema de licencias y una aplicación de sanciones efectivos.
También advirtió sobre los riesgos que plantean las stablecoins, los PSAV que operan desde el exterior, las billeteras sin custodia y las finanzas descentralizadas.
Argentina, miembro pleno del GAFI, llega a esta instancia con buena parte de los deberes encaminados: en 2024 el organismo aprobó su Informe de Evaluación Mutua y el país evitó ingresar a la lista gris. En ese resultado pesó la Ley 27.739, que incorporó a los PSAV como sujetos obligados bajo la normativa antilavado y creó su registro.
A mediados de octubre, la CNV aprobó la Resolución General 1172/2026, que actualiza el régimen de los PSAV para alinearlo con los estándares del GAFI y reforzar la supervisión. Entre los cambios:
El GAFI no dicta leyes, pero su lista gris de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado funciona como un sello de riesgo que complica la relación de los países con la banca internacional.
En el plenario de octubre, el organismo retiró de ese listado a Mónaco, Bulgaria, la República Democrática del Congo y Costa de Marfil. Con esas salidas, la nómina quedó con 18 jurisdicciones. En la región siguen bajo vigilancia Bolivia y Venezuela.