El FBI confirmó que Corea del Norte estuvo detrás del ataque informático contra Binance, que dejó pérdidas estimadas en u$s6.300 millones en activos digitales, uno de los mayores golpes recientes al sector.
La investigación permitió avanzar sobre la atribución del ciberataque, mientras las autoridades estadounidenses buscan limitar la circulación de los fondos sustraídos e impedir que sean utilizados en nuevas operaciones.
Para ello, el organismo difundió un pedido de colaboración dirigido a empresas y operadores del ecosistema cripto, con el objetivo de identificar y bloquear direcciones vinculadas con el dinero robado.
El organismo atribuyó la operación a TraderTraitor, un grupo asociado con Corea del Norte que ya había sido señalado por otros ataques contra compañías y plataformas vinculadas con criptomonedas del sector financiero digital.
Según la información difundida, los investigadores relacionan a esta organización con Lazarus Group, una estructura de ciberdelincuencia norcoreana involucrada en distintas operaciones contra el sector internacional de los activos digitales.
El antecedente más relevante es el ataque contra Bybit, ocurrido el año pasado, cuando los responsables robaron aproximadamente u$s1.500 millones, una operación atribuida al mismo grupo criminal en el sector de criptomonedas.
El episodio refuerza la hipótesis de que el ataque a Binance no fue un hecho aislado, sino parte de una actividad sostenida contra plataformas que operan con activos digitales de alcance global.
El robo se habría concretado en pocos minutos durante el jueves, aunque la identificación de los responsables y el seguimiento posterior de los fondos demandan una investigación mucho más extensa.
Además de atribuir el ataque, el FBI difundió cientos de direcciones asociadas con los movimientos de los fondos y solicitó que sean bloqueadas por los participantes del mercado internacional de criptomonedas.
El listado incluye más de 600 direcciones de Ethereum, casi 20 de Bitcoin y una de Solana, por lo que el pedido alcanza a distintos sectores del ecosistema y sus operadores.
Entre los destinatarios figuran exchanges, operadores de nodos, plataformas descentralizadas, proveedores de análisis blockchain y otros servicios capaces de detectar o frenar transferencias vinculadas con las cuentas identificadas en las operaciones.
La intervención también involucra al Servicio Secreto estadounidense y al Servicio de Impuestos Internos, que acompañan el llamado de cooperación dirigido a empresas y operadores privados del sector de activos digitales.
Las autoridades buscan impedir que los activos continúen circulando mediante conversiones y transferencias entre redes, aunque identificar las direcciones no garantiza recuperar automáticamente el dinero sustraído durante el ataque en el mercado global.
Los investigadores determinaron que los atacantes convierten principalmente los fondos en Ethereum y podrían recurrir a puentes entre cadenas, intercambios instantáneos y servicios DeFi para dificultar el rastreo y ocultar su origen.
El uso de esos mecanismos permite fragmentar los movimientos y distribuir el dinero entre numerosas cuentas, una estrategia que complica reconstruir el recorrido completo de los activos digitales robados en diferentes jurisdicciones.
Especialistas de TRM Labs advirtieron que el blanqueo podría extenderse durante meses, con transferencias de montos menores destinadas a esquivar los controles y reducir las posibilidades de detección internacional en distintas redes.
Sin embargo, el registro público de blockchain también ofrece herramientas para seguir las operaciones en tiempo real, construir investigaciones e identificar oportunidades para interrumpir los movimientos y recuperar fondos por parte de los investigadores.
En paralelo, Binance aseguró que dispone de liquidez suficiente para responder al incidente y que conserva reservas equivalentes al 90% del monto total de activos sustraídos, sin afirmar que recuperó esos fondos.
La plataforma también prometió reembolsar íntegramente a los clientes afectados, una garantía que busca llevar tranquilidad mientras continúa el rastreo de los fondos y la investigación internacional sobre el caso.