El Salvador abandonó parte de su estrategia impulsada por el presidente Nayib Bukele para transformar al país en un referente de las criptomonedas, cinco años después de convertir al bitcoin en moneda de curso legal.
En enero de 2025, el gobierno reformó la ley para que su aceptación en el sector privado fuera voluntaria, en el contexto de un acuerdo de financiamiento de u$s1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, proyectos como Bitcoin City y los Bonos Volcán siguen sin concretarse.
En junio de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que convirtió a Bitcoin en moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense. La iniciativa buscaba impulsar la inclusión financiera, reducir los costos de las remesas y atraer inversiones extranjeras mediante el uso de criptomonedas.
Para poner en marcha el proyecto, el gobierno creó un fideicomiso de u$s150 millones y ofreció un incentivo de u$s30 a quienes descargaran Chivo Wallet, la billetera digital estatal. También destinó otros u$s50 millones a cajeros automáticos e infraestructura para facilitar las operaciones con bitcoin.
Sin embargo, la adopción quedó lejos de las expectativas oficiales. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), publicada en enero de 2025, reveló que el 91,8% de los salvadoreños no había utilizado bitcoin durante el año anterior. Entre ellos, el 76,2% indicó que nunca lo había usado.
Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, sostuvo que el proyecto no cumplió sus objetivos originales, ya que la estrategia oficial apuntaba a que la población incorporara la criptomoneda a sus operaciones cotidianas.
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El Salvador modificó su ley, limitó la participación estatal y todavía no concretó Bitcoin City ni los bonos volcán
Bitcoin City y los bonos volcán siguen sin concretarse
Bukele también anunció la creación de Bitcoin City, una ciudad cerca del volcán de Conchagua que usaría energía geotérmica para minar criptomonedas. El proyecto se financiaría, en parte, con los bonos volcán, que permitirían recaudar dinero para comprar bitcoin y construir la ciudad.
Sin embargo, hasta octubre de 2026, los bonos no se emitieron y la construcción no avanzó.
Por otro lado, en diciembre de 2024, El Salvador acordó un financiamiento de u$s1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional. Como parte del acuerdo, el Gobierno se comprometió a reducir los riesgos asociados a bitcoin.
En enero de 2025, el país reformó la Ley Bitcoin y eliminó la obligación de aceptar la criptomoneda. Desde entonces, su uso en el sector privado es voluntario y el Estado tiene una participación más limitada.
En 2026, el gobierno también transfirió la propiedad mayoritaria y el control de Chivo Wallet, la billetera digital estatal, a la empresa Linguard Labs. El plan contempla relanzar la plataforma con servicios como:
- remesas
- créditos
- pagos digitales
El FMI detalló que las últimas compras de bitcoin se financiaron con donaciones privadas y que no se prevé acumular más criptomonedas fuera de esos aportes. Sin embargo, se desconoce públicamente el origen y el monto de las donaciones.
Qué dejó el experimento de Bukele
Aunque el bitcoin no alcanzó la adopción esperada, la iniciativa posicionó a El Salvador dentro del ecosistema cripto internacional.
El investigador Frank Muci, de London School of Economics, consideró que el impacto económico fue limitado y atribuyó el crecimiento del turismo principalmente a la política de seguridad del gobierno.
Por su parte, Samson Mow, uno de los impulsores de los bonos volcán, destacó que el proyecto ayudó a desarrollar un marco regulatorio para los activos digitales.
Cinco años después, El Salvador conserva sus reservas de bitcoin, pero la mayoría de la población no incorporó la criptomoneda a sus operaciones habituales y los principales proyectos anunciados por Bukele siguen pendientes.
