La regulación de las criptomonedas en Europa enfrenta un nuevo debate, ya que las autoridades monetarias buscan modificar las exigencias para las stablecoins ante posibles riesgos para los depósitos bancarios y la estabilidad financiera.
El planteo abre una discusión sobre cómo garantizar la liquidez de estos activos digitales sin trasladar riesgos al sistema financiero tradicional, mientras el Banco Central Europeo (BCE) mantiene su atención sobre los mercados y la evolución de la economía.
El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), integrado por el BCE y los 27 bancos centrales nacionales de la Unión Europea, presentó sus objeciones durante una consulta sobre MiCA, la ley vigente desde el año pasado.
El punto central es la obligación que exige a los grandes emisores de stablecoins mantener el 60% de sus reservas en depósitos bancarios, una condición que las autoridades consideran necesario revisar por sus posibles consecuencias financieras.
En reemplazo de ese requisito, los bancos centrales proponen establecer una cuota mínima de activos de alta liquidez que puedan convertirse en efectivo en un período de uno a cinco días hábiles, sin depender exclusivamente de depósitos bancarios.
La preocupación es que una crisis del mercado cripto provoque movimientos capaces de trasladar la volatilidad a las entidades financieras tradicionales y desestabilizar sus depósitos, con consecuencias para el conjunto del sistema financiero europeo.
La discusión sobre las reservas no es el único desafío regulatorio identificado por las autoridades monetarias, que también cuestionaron las dificultades para garantizar que las empresas de criptomonedas cumplan las normas europeas.
El SEBC advirtió que existen "retos importantes" para hacer cumplir la legislación, porque algunas compañías que incumplen las reglas todavía pueden prestar servicios a clientes de la Unión Europea.
Esta situación genera inquietudes sobre la protección de los inversores y la capacidad de los supervisores para impedir que operadores incumplidores continúen accediendo al mercado comunitario, pese a las obligaciones establecidas por MiCA.
En paralelo, el BCE elevó los tipos de interés al 2,5%, una decisión que estaba prevista por el mercado y que Christine Lagarde, presidenta de la institución, la defendió al señalar que "era una obviedad".
La funcionaria aclaró que las próximas decisiones dependerán de cada reunión: "Lo que tendremos que hacer en el futuro se determinará en cada reunión". También sostuvo: "Estamos decididos a cumplir con nuestro objetivo".
Ante una consulta sobre los elevados rendimientos de los bonos, Lagarde afirmó: "No es un problema exclusivo del euro. Está ocurriendo en todo el mundo y se debe a múltiples causas".
Sobre el seguimiento de los mercados y las previsiones económicas, la presidenta del BCE sostuvo: "Está incorporado en nuestras proyecciones, se tiene en cuenta y, obviamente, estamos siguiendo de cerca lo que sucede en los mercados, y en particular en el tramo largo de la curva".
Además, Lagarde ratificó que continuará al frente del BCE pese a los rumores de renuncia, mientras la institución mantiene el seguimiento de los mercados financieros y de los riesgos que pueden afectar la estabilidad económica.