El Gobierno de los Estados Unidos anunció oficialmente el retiro de dos propuestas regulatorias sobre billeteras frías y operaciones P2P con criptomonedas, reconociendo el valor de la privacidad de las transacciones financieras, con efecto desde el 6 de octubre.
Las iniciativas sobre billeteras de autocustodia (unhosted wallets) y sobre mezcladores de criptoactivos (CVC mixing) pertenecían al organismo antilavado de dinero de los EE.UU., la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
La propuesta original para billeteras frías es de diciembre de 2020 y estaba dirigida a las operaciones realizadas entre clientes de bancos o empresas de servicios monetarios y unhosted wallets, billeteras en las que el usuario mantiene el control directo de sus claves y activos.
Establecía obligaciones de registración para transacciones superiores a u$s3.000 y requisitos adicionales de reporte e identificación de las partes para operaciones superiores a u$s10.000, incluyendo transacciones acumuladas en un período de 24 horas).
La iniciativa sobre mezcladores de criptoactivos fue presentada en octubre de 2023 y buscaba calificar el "international CVC mixing" como una categoría de transacciones de "especial preocupación" en materia de lavado de dinero bajo la sección 311 de la ley USA Patriot Act.
Imponía deberes reforzados de registro y reporte con un alcance sumamente amplio, que abarcaba mecanismos de pooling, fragmentación de operaciones, uso de wallets de un solo uso, conversiones entre activos y otras técnicas de preservación de la privacidad. FinCEN retiró tanto la determinación de riesgo como la propuesta regulatoria.
Gilberto y Milagros Santamaría, del Estudio Santamaría, aseguran a iProUP que "la autoridad regulatoria reconoció que la privacidad financiera no es sinónimo de opacidad ilícita, así como la autocustodia no equivale a anonimato criminal".
Según los expertos, "se argumentó que una definición tan abarcativa generaría un efecto inhibitorio sobre actividades legítimas en blockchains públicas y una sobrecarga de reporte desproporcionada".
"FinCEN aclaró que continuará supervisando la utilización de mezcladores cuando existan indicadores concretos de lavado de activos o financiamiento ilícito", señalan.
"La decisión de Estados Unidos no implica un abandono de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ni de la Travel Rule", explican Gilberto y Milagros Santamaría.
La Travel Rule es un estándar regulatorio internacional emitido por el GAFI y orientado a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector de los criptoactivos, que tiene normativa concreta para transferencias desde una exchange. El marco regulatorio de EE.UU. distingue según la presencia de intermediarios:
"La medida estadounidense reinterpreta la aplicación práctica de las guías del GAFI. Mientras este organismo promueve un enfoque basado en riesgo, el retiro de las propuestas busca evitar que ese criterio se convierta en una presunción automática de sospecha sobre toda herramienta de privacidad, transacción P2P o mecanismo de autocustodia", sostienen los expertos.
Gilberto y Milagros Santamaría examinan cómo la jurisprudencia estadounidense ha abordado el acceso estatal a datos financieros y digitales:
Los expertos concluyen que "la combinación de la trazabilidad on-chain con la identidad que aportan los intermediarios permite construir una cartografía financiera completa de la persona. Dado que los tribunales no consagraron un derecho constitucional automático a la privacidad financiera, el debate debe centrarse en definir jurídicamente qué información es legítimo que el Estado recopile, relacione y conserve".
"La privacidad financiera no es sinónimo de opacidad delictiva, ni el uso de autocustodia implica anonimato criminal", subrayan Gilberto y Milagros Santamaría.
Sobre el compliance basado en riesgo frente a la vigilancia por defecto, los expertos afirman que "una cosa es solicitar información ante un riesgo jurídicamente relevante y otra es almacenar y cruzar sistemáticamente los datos de la población entera para identificar riesgos de manera retrospectiva".
Los letrados enfatizan que "una dirección de blockchain no identifica por sí sola a una persona, y una transferencia en cadena no explica el acto jurídico subyacente (si se trató de una compraventa, permuta, reestructuración entre billeteras del mismo titular o un préstamo). Un algoritmo detecta patrones, pero solo el marco legal determina las consecuencias tributarias o regulatorias válidas".
"La postura estadounidense resguarda que el 'enfoque basado en riesgo' del GAFI no se transforme en una presunción automática de sospecha sobre toda herramienta de privacidad o de autocustodia", concluyen.