El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, volvió a reclamar la aprobación de la Clarity Act, una regulación integral para las criptomonedas en Estados Unidos y sostuvo que Washington está cerca de convertir al país en referente mundial de activos digitales.
El planteo surgió después de conversaciones entre la Casa Blanca, reguladores y representantes tecnológicos, financieros y cripto, encuentros donde Garlinghouse participó y desde los cuales pidió al Congreso "terminemos el trabajo".
La Clarity Act busca definir qué activos y operaciones digitales serán supervisados por la SEC y cuáles quedarán bajo la CFTC, una delimitación pendiente que genera incertidumbre regulatoria desde hace años.
Para Ripple, esa frontera resulta especialmente sensible por su extensa disputa judicial con la SEC, vinculada con la aplicación de las leyes de valores a determinadas ventas de XRP.
La Cámara de Representantes ya aprobó una versión de la Digital Asset Market Clarity Act, pero el proyecto todavía necesita avanzar en el Senado antes de llegar al presidente para su firma.
Por eso, las próximas semanas serán decisivas para el Congreso, que deberá avanzar antes de que el calendario legislativo de 2026 se reduzca considerablemente y complique la aprobación de una norma definitiva.
Mientras los legisladores debaten, los reguladores desarrollan respuestas propias: la SEC presentó "Regulation Crypto Assets", propuesta que busca facilitar el acceso al financiamiento para proyectos cuyas redes todavía están desarrollándose.
La CFTC, en paralelo, adoptó una postura favorable a llevar una mayor proporción de las operaciones con criptoactivos hacia mercados regulados dentro de Estados Unidos, reforzando la institucionalización del sector.
Sin embargo, ambos organismos pueden interpretar y aplicar las leyes vigentes, aunque carecen de facultades para establecer mediante regulación una división de competencias que solamente el Congreso podría crear.
Esa limitación explica por qué la Clarity Act conserva importancia estructural, incluso mientras las agencias avanzan, ya que una nueva ley establecería el marco general para el mercado estadounidense de capital.
Ripple tiene intereses comerciales concretos detrás del reclamo, porque amplió sus actividades más allá de XRP e ingresó en stablecoins mediante RLUSD, además de desarrollar servicios de custodia, pagos y prime brokerage.
En esta última área opera Ripple Prime, una plataforma que amplía el alcance de la compañía y podría aprovechar reglas más claras para consolidar relaciones con bancos, gestores de activos e instituciones financieras estadounidenses.
Un marco previsible para criptomonedas, stablecoins y mercados secundarios facilitaría potencialmente esas vinculaciones, aunque una eventual aprobación de la Clarity Act no cambiaría automáticamente la clasificación jurídica ni el precio de XRP.
Los efectos dependerán del texto que finalmente apruebe el Congreso y de la manera en que posteriormente se implementen sus disposiciones, por lo que cualquier impacto sobre XRP requerirá esperar definiciones concretas.
El reclamo de Brad Garlinghouse evidencia un cambio en la relación entre Washington y la industria, cuyo debate pasó de discutir el crecimiento del sector a definir reglas concretas para su funcionamiento.
Ahora, la discusión abarca las condiciones que regularán la negociación, emisión y supervisión de activos digitales, mientras Estados Unidos intenta construir un marco capaz de atraer actividad empresarial y financiera.
Según el CEO de Ripple, el país está cerca de cumplir uno de los objetivos de la administración de Donald Trump: convertirse en un centro mundial para las criptomonedas.
La Clarity Act aparece así como la pieza pendiente de mayor alcance, porque precisará las reglas del mercado y determinará el marco bajo el cual deberá operar la industria de alcance global.