Argentina no tiene todavía una ley única y específica que regule de manera integral a las criptomonedas. Lo que existe es un patchwork de normativas parciales emitidas por distintos organismos:
- La CNV regula a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
- La UIF supervisa el cumplimiento antilavado
- ARCA exige reportes fiscales
- El Banco Central, por el momento, prohíbe a las entidades ofrecer monedas digitales
En 2026 entró en plena vigencia el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo supervisión de la CNV, y desde mayo rige la Resolución General 5804/2025 que obliga a exchanges y billeteras virtuales a reportar mensualmente movimientos de sus usuarios a ARCA.
Es decir, hay regulación. Lo que no hay es claridad sobre quién manda sobre qué, qué activos son commodities y cuáles son valores negociables, y qué protecciones tienen exactamente los usuarios si un exchange colapsa. Exactamente el mismo problema que la Clarity Act intenta resolver en EE.UU.
Por qué el modelo de EEUU no se copia directamente a Argentina
La Clarity Act nació de un problema específico del ecosistema de EEUU y es la pelea entre las comisiones de valores (SEC) y la de futuros (CFTC) por la jurisdicción sobre los activos digitales.
Dos reguladores poderosos con visiones opuestas sobre si los activos virtuales son valores o commodities. Esa disputa bloqueó durante años la entrada de capital institucional porque nadie sabía exactamente bajo qué reglas operar. La Clarity Act clasifica como:
- Commodities: las monedas descentralizadas, como Bitcoin y Ethereum, luego de un plazo de análisis
- Valores: los activos centralizados, con un emisor visible, como XRP de Ripple
"Cada país priorizó su vía regulatoria según su caso de uso predominante", asegura a iProUP Carlos Peralta, director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina".
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Las ventajas de que Argentina tenga su propia Clarity Act
Según su visión, "mientras que en EEUU la adopción institucional empujó un enfoque de clasificación de activos, que es la lógica detrás de GENIUS y Clarity; en Argentina la adopción fue impulsada principalmente por el inversor y ahorrista particular".
"Eso, sumado a las exigencias del GAFI, orientó el enfoque local hacia la regulación del proveedor de servicios de activos virtuales, no del activo en sí", precisa.
Peralta agrega que la discusión sobre clasificación de activos llegará igual. "Ya hay algunas señales en el proyecto de desregulación que el Gobierno prepara. Toda regulación que traiga reglas claras sin frenar la innovación es bienvenida. No es un equilibrio fácil de encontrar y eso se ve en las demoras que viene teniendo el propio Clarity Act en EE.UU."
Qué cambiaría en Argentina con una ley de ese tipo
Si Argentina aprobara una ley de estructura de mercado cripto similar a la Clarity Act, los efectos concretos serían varios.
El primero y más inmediato sería la atracción de capital institucional que hoy se mantiene al margen. Argentina procesó u$s91.000 millones en transacciones cripto entre julio de 2023 y junio de 2024, siendo el mercado cripto más activo de América Latina en términos per cápita.
Aun así, los grandes fondos de pensión, aseguradoras y gestoras internacionales no pueden invertir en el ecosistema cripto local porque no existe un marco legal que defina los instrumentos bajo los cuales podrían hacerlo.
El segundo efecto abarca a exchanges y proveedores de servicios. Una ley de estructura de mercado implicaría definir qué regulador supervisa cada tipo de activo, con qué requisitos de capital, qué obligaciones de reporte y las protecciones mínimas para los usuarios. Para el sector, eso significa costos de cumplimiento más altos pero también acceso a mercados más grandes.
Nelson Aquino, trader y analista cripto con amplia trayectoria en el ecosistema local, apunta al impacto que tendría sobre los precios. "Una ley de este tipo en Argentina no miraría solo al peso sino también al dólar MEP y al dólar cripto".
Aquino cree que "si los exchanges quedan obligados a reportar todas las operaciones y los KYC se endurecen, parte del volumen que hoy circula informalmente migraría a canales formales o directamente desaparecería. Eso puede reducir la liquidez en algunas plataformas y afectar los spreads que pagan los usuarios."
Pero el debate más interesante no es entre quienes la apoyan con distintos matices. Es el de quienes la rechazan de raíz. Nicolás Rosso, el mítico, influencer cripto con base en Instagram, lo dice sin vueltas: "En el caso de Argentina, personalmente preferiría que no existiera una Clarity Act".
"Si bien una ley de este tipo podría brindar un marco regulatorio y mayor seguridad jurídica, también implicaría mayores exigencias para exchanges, como la obligatoriedad de aplicar procesos de KYC a sus usuarios y brindar información a organismos regulatorios o fiscales, como ARCA", argumenta.
Es decir, el mismo argumento depende de quién lo analiza para tener efectos positivos o muy malos. Para Rosso, el valor central del cripto en Argentina no es financiero sino filosófico. El experto cree que es una alternativa al sistema formal, no una extensión de él.
"Esto puede dificultar aún más el comercio informal o P2P de criptomonedas y establecer normas más estrictas que reduzcan algunos de los incentivos para utilizar estos activos como una alternativa al sistema financiero tradicional. Mi postura como libertario es simple: lo que está por fuera del sistema, prefiero que permanezca así", indica.
Esa posición tiene un anclaje en la realidad argentina que no puede ignorarse. Millones de personas usaron USDT y Bitcoin no como inversión sino como refugio frente a la inflación, el cepo y la devaluación. Para ese universo, más regulación no significa más protección, significa más exposición a ARCA y más restricciones al acceso.
El proyecto de Sturzenegger como primera aproximación
Argentina no está esperando una Clarity Act desde cero. El anteproyecto de Ley de Desregulación que Federico Sturzenegger prepara para enviar al Congreso ya incluye varios elementos que van en esa dirección:
- Reconocimiento legal de los contratos inteligentes
- Habilitación de criptomonedas como garantía de préstamos
- Autorización para que los fondos comunes de inversión inviertan en activos virtuales
- Creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías con tecnología blockchain
Es un avance parcial, no una ley de estructura de mercado integral. No define qué organismo supervisa qué tipo de activo digital ni establece las reglas de juego para que un token sea clasificado como commodity o como valor negociable. Pero sienta precedentes legales que una futura legislación más amplia pueda construir sobre ellos.
"El proyecto de Sturzenegger resuelve el problema de las garantías y los smart contracts, que son temas de infraestructura financiera. Lo que Argentina todavía no tiene es la discusión sobre clasificación de activos", sostiene Aquino.
Y ejemplifica: "Si Bitcoin es un commodity, si un token que da derechos sobre una empresa es un valor negociable, si las stablecoins son un instrumento de pago o una forma de depósito".
El analista cree que "mientras esa discusión no esté resuelta legalmente, los bancos no van a ofrecer productos cripto de forma masiva porque no saben con qué marco regulatorio se encuentran."
El timing importa. EE.UU. está a punto de definir una normativa que determinará cómo se mueven los grandes capitales en el ecosistema cripto global. Europa ya lo definió con MiCA. Los países que no tengan su propia regulación clara van a quedar corriendo detrás de las decisiones que se toman en Washington y Bruselas.
Argentina tiene una ventaja que pocos países de la región tienen: una base de usuarios cripto enorme, un ecosistema de exchanges y fintech activo y un Gobierno que ideológicamente no tiene resistencia a reconocer los activos digitales dentro del sistema financiero formal. Lo que le falta es la ley que ordene todo eso.
No requiere una copia de la Clarity Act porque, como señala Peralta, el enfoque tiene que adaptarse al caso de uso local. Pero sí una definición clara sobre reguladores, derechos y condiciones para las entidades.
Sin esa ley, Argentina va a seguir siendo el mercado cripto más activo de la región, pero sin la estructura que permita que ese volumen se convierta en inversión productiva, crédito accesible o nuevos instrumentos financieros. El dinero cripto va a circular. La pregunta es si lo hará dentro del sistema o fuera de él.
